Las instituciones financieras internacionales (IFI)1 acudieron a África en los 80 para ayudar a salir a los países de una tremenda crisis económica (fracaso de experiencias de modernización y crisis de deuda) mediante una «terapia de choque» o cambios estructurales brutales. El objetivo era acabar con las malas prácticas acumuladas décadas anteriores y atraer inversores […]
Las instituciones financieras internacionales (IFI)1 acudieron a África en los 80 para ayudar a salir a los países de una tremenda crisis económica (fracaso de experiencias de modernización y crisis de deuda) mediante una «terapia de choque» o cambios estructurales brutales. El objetivo era acabar con las malas prácticas acumuladas décadas anteriores y atraer inversores con reformas destinadas a fortalecer los mecanismos de mercado. Una transición brutal a la economía de mercado, convertida en «alfa y omega de las sociedades humanas».
Consideraron que los programas de ajuste estructural (PAE) eran la solución idónea para las moribundas economías del continente: la creación de las bases de la economía liberal a través de la disciplina fiscal, la reducción de gastos públicos y sociales, la privatización de empresas públicas, la flexibilidad del mercado del trabajo, la liberalización de todos los sectores y, en los últimos años, la dedicación de los gastos públicos a la lucha contra la pobreza. África, junto a Latinoamérica, se convirtió en un laboratorio para la experimentación del Consenso de Washington, al que los PAE sirvieron de antesala.
Las «instituciones gemelas de Washington» (BM y FMI) y otros acreedores de fondos del Norte experimentaron en los países africanos aquellas políticas para, supuestamente, crear las riquezas, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo, dando prioridad a la protección de las inversiones extranjeras. Ante las consecuencias sociales de estas medidas, más tarde se añadieron los documentos estratégicos para la reducción de la pobreza (DSRP), que desde 1996 estas instituciones exigen a los países pobres altamente endeudados (PPTE), en su mayoría africanos, como previa condición para la reducción de la deuda, junto al fortalecimiento de las capacidades institucionales.
La teoría de la «ventaja comparativa», que afirma que cada país sacará importantes beneficios del comercio mundial si se especializa en el sector en el que tiene clara ventaja [1], constituye la piedra angular del planteamiento de ambas organizaciones. Olvida que no todos los países son iguales frente a la apertura o a la competencia, algo que depende de factores como la estructura de la economía, la situación geográfica, las infraestructuras, el marco macroeconómico o la situación política. Insiste en la productividad, la competitividad y la selectividad, omitiendo también que la ventaja comparativa en la que se fundamentan las economías africanas rentistas es estática, mientras que la de los países industrializados es dinámica, creando un intercambio desigual.
IFI en África: más somb ras que luces
Globalmente, la liberalización ha permitido el aumento de las riquezas en proporciones nunca conocidas antes en el mundo, junto a la mejora de la capacidad de elección de los consumidores como consecuencia de la revolución en comunicación y transportes. Sin embargo, al mismo tiempo ha profundizado las desigualdades entre el Norte y el Sur, tanto desde el punto de vista tecnológico como de los ingresos, así como dentro de cada país.
En África se fue debilitando el Estado e incrementándose la corrupción, con el principio de «mínimo Estado decidido por el propio Estado». El Estado en construcción, que había conseguido mantener un cierto equilibro con el modelo económico clientelista en la sociedad multiétnica, perdió la legitimidad sociológica y filosófica por ser colocado bajo tutela externa y no responder a la satisfacción de las necesidades de la población. El resultado fue la inestabilidad política y la generalización de las guerras civiles en los 90 y 2000, guerras que se explican precisamente por la destrucción del Estado y las luchas por la supervivencia y el control de los recursos.
Las políticas impuestas por las IFI han servido más al reembolso de la deuda externa y a la estabilización de la economía que al fomento del desarrollo. En opinión de Demba Moussa Dembélé, líder del Foro Social Africano (FSA), el enfoque ultraliberal de los PAE está en el centro de una tremenda contradicción: ha debilitado considerablemente al Estado africano, desprovisto de capacidades financieras y humanas, pero le exige cumplir con sus tareas, en particular ser gendarme del mercado. Los deberes externos a los que se someten los gobiernos africanos, incluso democráticamente elegidos, son incompatibles con el desarrollo económico y social interno.
Verdades y contraverdades
El BM, el FMI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G8 [2], pilares de la globalización neoliberal, manifiestan que todos los continentes han mejorado sustancialmente sus economías con efectos positivos sobre la creación de empleo. La excepción es África, hundida por los conflictos étnicos, la pobreza y el SIDA. Repiten que los países africanos que han aplicado correctamente estas medidas han mejorado de manera considerable su situación económica. Citan países del África Subsahariana donde la tasa promedio de crecimiento anual ha pasado del 1 por ciento (1992-1994) al 4 (1998-1999) y 6 por ciento (2003-2008). Uganda y Mozambique, por ejemplo, han mejorado su Producto Interior Bruto (PIB) real per cápita en un 40 y 30 por ciento, respectivamente.
El punto flaco de esta argumentación es referirse exclusivamente a los aspectos economicistas y monetaristas, sin realizar un análisis global. En los países en los que se aplicaron estas recetas, a menudo asesinas en los aspectos de desarrollo humano (Costa de Marfil, Senegal, Camerún, Kenia y Sudáfrica), el aumento de las tasas de crecimiento contrasta con el deterioro social. Senegal, por ejemplo, pasó de ser país de ingreso medio a país menos avanzado (PMA).
Como consecuencia del fomento de las exportaciones y la reducción de las importaciones, así como de las guerras o de la inestabilidad política, se produjo la desindustrialización de muchos países y el desmantelamiento de las pocas industrias manufactureras. Los progresos en la agricultura resultaron insignificantes por las pocas inversiones locales y por los excedentes de productos agrícolas en los mercados internacionales, con la consiguiente caída de precios. Por el contrario, los PAE han beneficiado a los altos funcionarios y elites políticas, que ahora tienen la oportunidad de invertir en el sector privado los capitales conseguidos a través de la corrupción y explotación de sus pueblos.
Desde el punto de vista medioambiental, la exigencia de reembolsar la deuda externa y cumplir con los deberes ha fomentado la sobreexplotación de recursos naturales exportables. De los doce países del Sur que han destruido sus selvas tropicales para hacer frente a estas exigencias, cuatro son africanos: Costa de Marfil, Gabón, Ghana y Uganda. Son considerados los «mejores alumnos». La privatización del agua y de la electricidad en muchos países ha tenido como consecuencia la exclusión de amplias capas de la población del acceso a estos bienes públicos, la generalización de enfermedades y la reducción de la duración de vida.
En el aspecto cultural, la globalización neoliberal está produciendo un verdadero lingüicidio. De las 1.500 lenguas del continente, 600 se encuentran en peligro de desaparición como consecuencia del proceso uniformizador de valores y de comportamientos del etnocentrismo neoliberal. Por otro lado, en todas partes aparecen grupos integristas o de repliegue identitario, con carácter étnico o confesional, que reivindican la mejora de sus condiciones sociales y económicas.
Los PAE han tenido, pues, un impacto negativo en la creación de empleo, en los servicios sociales, en la profundización y agravación de la miseria y en la descomposición política y económica de los Estados africanos, con la consiguiente pauperización de amplias capas de la población. Se ha condenado a la juventud, la población más perjudicada, a optar por el exilio o convertirse en carne de cañón (Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona o República Democrática del Congo).
Por todo ello, los PAE fueron sustituidos por los documentos estratégicos para la reducción de la pobreza (DSRP), supuestamente concertados por los gobiernos con los agentes económicos y de la sociedad civil, aunque se inspiran en la filosofía de las IFI. Son «PAE bis». Las torpes políticas de las IFI fomentan las tensiones locales y el sistema de depredación al crear una situación en la que hay pocos ganadores y muchos perdedores, así como al debilitar la capacidad del Estado en la gestión de conflictos. El ejemplo de la región de los Grandes Lagos es ilustrativo al respecto: el BM y el FMI impusieron privatizaciones, el fomento de los cultivos de exportación y la reducción del gasto público, con lo que se descompuso política y económicamente a los Estados de la zona.
Cayó el precio del café y del té, lo que generó el deterioro de los términos de intercambio de Ruanda y Burundi en un 50 por ciento, se generalizaron la miseria y las hambrunas, se suprimieron prestaciones sociales, se despidió funcionariado y se agravó el desempleo. Desapareció el Estado en Zaire (RDC). Crecieron los integrismos étnicos entre las masas empobrecidas y la juventud desocupada. Las tensiones sociales se dispararon y culminaron con el genocidio de Ruanda de 1994 y su onda expansiva en toda la región.
africana, multidimensional, ni la marginación de África de la economía global ni los problemas estructurales de las economías africanas. Todo lo contrario, han mantenido el carácter rentista o dependiente de las economías africanas, con estructuras coloniales (marginación de sectores productivos modernos y fortalecimiento del sector minero), descuidando las necesidades sociales y el dinamismo interno ineludible para el desarrollo sostenible. Estos problemas no pueden resolverse sin que el Estado recupere su capacidad para resolver los conflictos políticos, étnicos y confesionales que nacen de las desigualdades de desarrollo y de la crisis de la integración nacional. Según la Comisión de las Naciones Unidas para África, no existe diferencia significativa en cuanto a desarrollo o mejora del bienestar social entre los países que han adoptado los PAE y los que no. El único aspecto positivo, si puede existir, es que han permitido a los gobiernos africanos acumular cierta experiencia en las gestiones macroeconómicas, así como en la elaboración de políticas presupuestarias, monetarias y comerciales (por ejemplo, el control de la inflación).
Conclusiones y alternativas
Al ignorar la racionalidad de los pueblos africanos, en la que lo social prima sobre lo económico, para fundamentarse en la occidental, donde se procede al revés, el neoliberalismo ha añadido la austeridad a las existentes pobreza y miseria. En algunos países se han conseguido incrementar las tasas del PIB, sí, pero a costa del infarto ecológico y de un deterioro social grave. Los PAE han dado, es cierto, cierto protagonismo a la sociedad civil y a los actores no estatales, pero el Estado ha visto sus capacidades administrativas, sociales y económicas dañadas a la vez que se ha fortalecido en muchos países su poderío militar o de represión.
Lo que necesita África es un modelo centrado en el ser humano, capaz de dar respuesta a las necesidades básicas de los pueblos. «Más se habla de tasa de crecimiento, más la pobreza se extiende», puntualiza Moustapha Kassé. Necesita educación, seguridad alimentaria, federalismo (descentralización a partir de los Estados actuales) y unidad africana. Se debe recuperar y promover la economía popular (mal llamada sector informal) y diversificar las estructuras económicas y de las exportaciones, a la vez que se crean espacios africanos de desarrollo endógeno y se recupera la cultura africana del desarrollo, con lo económico al servicio de lo social
Ante las alternativas que ofrecen países como China, que no imponen condicionalidades o lecciones morales de gestión y que invierten en infraestructuras, se está jugando el futuro de las IFI en África. Su supervivencia dependerá de la prioridad dada al desarrollo humano, a la agricultura y al fortalecimiento del capital humano. La creación de bases sólidas de cooperación Sur-Sur entre países emergentes y África ha terminado con la época de la arrogancia.
Se ha de permitir a los países africanos tomar las riendas a medio y largo plazo de sus políticas de desarrollo, limitándose las IFI a eliminar los obstáculos estructurales y a suministrar a los pueblos medios concretos para la mejora de sus condiciones de vida. Los países podrían así encargase de sus políticas económicas, pasando de objetos a sujetos de las relaciones internacionales. El desarrollo es ante todo endógeno y pasa por poner fin a la dependencia de la ayuda.
Mbuyi Kabunda, colaborador de Pueblos-Revista de Información y Debate, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Basilea y profesor visitante en distintas universidades españolas.
Este artículo ha sido publicado en el nº 51 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Segundo Trimestre de 2012
Notas
[1] David Ricardo, comienzos del siglo XIX.
[2] Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.