Traducido por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni
Tal vez no pase mucho tiempo antes de que lo que ocurre en Estados Unidos deje de tener importancia para el mundo. La semana pasada se dijo en Brasil que la presidenta Dilma Rousseff estaría más preocupada con lo que pasaría en el XVIII Congreso del Partido Comunista Chino que con el resultado de las elecciones estadounidenses. Sea como sea, el poder político-militar y financiero de Estados Unidos hace que, por ahora, lo que sucede en este país deba ser objeto de reflexión.
La primera lección de las recientes elecciones es que la concentración de la riqueza y la desregulación de la financiación de las campañas electorales están poniendo en riesgo la democracia. Estas fueron las elecciones más caras de la historia de Estados Unidos y la falta de transparencia en las contribuciones financieras a los diferentes candidatos nunca fue tan indignante. Quien no tiene riqueza personal o capacidad para movilizar la riqueza de los otros no tiene ninguna posibilidad de convertirse en miembro de la clase política por más preparado o dotado que esté. Una decisión infame de la Corte Suprema de Estados Unidos determinó recientemente que las empresas son personas y que, como tales, pueden contribuir libremente a la financiación de las elecciones sin tener que rendir cuentas (la decisión del caso Citizens United).
Esta decisión puede ser fatal para la democracia estadounidense. El estado de Montana acaba de decidir que las empresas no son «gente», abriendo así el camino para una enmienda constitucional que anule la decisión de la Corte Suprema. Este grito de rebelión contra el secuestro de la democracia no tendrá por ahora eficacia y las primeras decepciones de los partidarios de Obama probablemente se producirán en el ámbito de la seguridad social. El capital financiero de Wall Street que apoyó a Obama quiere privatizar la seguridad social y podría conseguirlo.
El poder del dinero está destruyendo la democracia estadounidense de muchas otras maneras. Recientemente fue denunciada una organización privada, no registrada como lobby , cuyo trabajo consiste en preparar legislación favorable a las empresas (impedir la sindicalización, eliminar los requisitos ambientales, etc.) a todos las escalas de gobierno (local, estatal y federal). Tras identificar políticos manipulables, les ponen en las manos proyectos de ley y les recompensan si consiguen su aprobación. Esta organización se llama American Legislative Exchange Council y ha sido financiada por las mayores empresas de Estados Unidos.
Por otro lado, grupos conservadores recurren a la «supresión del voto», un conjunto de estratagemas para impedir que los grupos sociales inclinados hacia candidatos de izquierda ejerzan su derecho de voto: exigencia de formas de identificación caras o difíciles de obtener; mensajes a los subordinados previniéndoles de un posible despido si votan «equivocadamente»; carteles a la entrada de las ciudades favorables a Obama, advirtiendo engañosamente que quien cometa alguna irregularidad en el voto (por ejemplo, votar fuera de su sección electoral) puede ser castigado con penas graves; sospechas discutidas en las redes sociales de que si la diferencia de votos entre los candidatos fuese mínima, las máquinas de voto electrónico podrían estar programadas para alterar los resultados contra Obama. La experiencia estadounidense muestra que es urgente reformar el sistema político y el financiamiento de las campañas para impedir que el poder económico robe el sueño democrático sin ni siquiera necesidad de recurrir a la dictadura.
La segunda lección que los ciudadanos no aceptan es que la educación y la salud dejen de ser un derecho para convertirse en una mercadería a la que tienen acceso solamente quienes pueden comprarla. Dentro de los límites impuestos por un Congreso hostil y por un poder económico bien organizado, Obama avanzó con algunas políticas públicas que garantizaron más derechos a los grupos sociales vulnerables. Esos grupos coinciden en parte con lo que se denomina minorías (negros, latinos e inmigrantes). Junto a otros grupos sociales hostilizados por los conservadores (mujeres y homosexuales), fueron la mayoría de Obama.
La lección es simple: en el inicio del siglo XXI, los gobiernos que atenten contra los derechos a la educación y la salud serán abandonados por los electores.
Artículo original del 15 de noviembre de 2012.
Fuente:http://visao.sapo.pt/as-
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal).