Los ministros de Asuntos Exteriores del G5 Sahel –Mauritania, Chad, Malí, Burkina Faso y Níger– señalaron al SARS-CoV-2 como “enemigo número uno” durante una videoconferencia el pasado 15 de abril. Sin embargo, no han dejado de lado la lucha contra los grupos terroristas que multiplican sus atentados mortales. En cuanto al auge de las milicias privadas, este provoca un aumento de la inseguridad, principalmente en Burkina Faso.
En la penumbra de su oficina, con las contraventanas cerradas para mantenerla fresca, Ali Konaté disfruta de un momento de descanso después del almuerzo. Recostado en su sofá, busca las palabras, vacilando aparentemente entre el desánimo y la desesperación. Desde hace algún tiempo, los días se han ido haciendo más largos y las noches se han tornado algo inquietas para este hombre con una doble carga sobre sus hombros: dirige una empresa de obras públicas en Bobo-Dioulasso, la capital económica de Burkina Faso, y también preside la Unión Nacional de Dozos, una de las asociaciones de cazadores tradicionales más importantes del país. “Siempre tengo que calmar a mis hombres –nos explica–. Algunos quieren llegar a las manos con los fulanis, a los que acusan de ser cómplices de los yihadistas”.
Los dozos (o donsos) viven en varios países de África Occidental, particularmente en Burkina Faso, Costa de Marfil y Malí. Forman una hermandad a la que se le suponen poderes mágicos y a la que sólo se puede acceder después de una larga iniciación. Durante siglos, han protegido a los habitantes de las aldeas, regulado la caza para preservar la fauna y practicado la medicina tradicional. Ataviados con sus ropas de tela de color tierra, luciendo grisgrís y amuletos, portan viejos fusiles fácilmente reconocibles por sus largos cañones. Sin embargo, en los últimos años, los dozos han estado implicados en los conflictos armados que han ensangrentado la subregión. Durante la guerra civil que desgarró a Costa de Marfil en la década de 2000, tomaron partido por Alassane Ouattara, que al igual que ellos, proviene del norte del país. Según la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI, por sus siglas en francés), entre marzo de 2009 y mayo de 2013 los dozos habrían matado a 228 personas. Más recientemente, algunos de ellos, con la complicidad de líderes políticos y militares, han formado parte de milicias que han masacrado en Malí a fulanis, a quienes acusan de ser cómplices de los yihadistas (1).
En Burkina Faso no se ha producido nada similar… por el momento. Sin embargo, Konaté nos confiesa que está gastando mucha energía en tratar de contener las ambiciones guerreras de algunos de los 17.000 dozos de todas las comunidades del oeste de Burkina Faso. Durante mucho tiempo, los fulanis y los dozos convivieron “como dos dedos de una misma mano”. Pero la desconfianza se ha instalado en un país elogiado durante mucho tiempo por su tranquilidad. Grupos comunitarios y religiones han coexistido de forma pacífica: mossi, bobo, yulá, fulani, gurma, senufo, bissa, tuareg, etc. Según el censo de 2006, el 60,5% de su población es musulmana, el 19% es católica, el 15,3% es animista y el 4,2% es protestante. Los matrimonios mixtos y las familias multiconfesionales son numerosos. Y es habitual que una persona cambie de religión sin que ello escandalice a su entorno (2).
Pero en el transcurso de cuatro años, bajo los embates de los grupos yihadistas, el país, al igual que la vecina Malí (3), se ha sumido en la violencia. Esta situación se aceleró tras el derrocamiento, en octubre de 2014, de Blaise Compaoré, que había ocupado el poder durante 27 años. La fortaleza del Estado no era tal, y este terminó por colapsar rápidamente. Los partidarios del expresidente, que está exiliado en Costa de Marfil, propagan la fantasía de que estas tragedias se habrían podido evitar si su líder hubiera permanecido al mando del país. Pero el poder público se había convertido desde hacía mucho tiempo en un castillo de naipes, y los grupos vinculados con la Organización del Estado Islámico (OEI) o con Al Qaeda, que controlan el norte y el este del país, se han aprovechado, como lo hicieron en Malí, de la debilidad de la Administración, de las injusticias y de la miseria. Más del 40% de los burkineses viven por debajo del umbral de pobreza, muchos de ellos en zonas rurales. Las milicias yihadistas también están ganando terreno en el oeste y actualmente amenazan con extenderse por el sur. Desde octubre de 2015 (primer atentado que reivindicaron), se han registrado aproximadamente seiscientos ataques en el país, dirigidos principalmente contra funcionarios públicos (especialmente contra los militares), pero también contra civiles.
Hay que lamentar la muerte de miles de personas –hombres, mujeres y niños–, así como los centenares de miles de desplazados (4). En nombre de la lucha antiterrorista, las fuerzas de seguridad también han cometido abusos. La proliferación de grupos de autodefensa no hace más que aumentar la inseguridad. Desde 2019, se han producido dos matanzas que han conmocionado a los burkineses de forma especial. La primera tuvo lugar en Yirgou el 1 de enero de 2019, y se cobró la vida, oficialmente, de 49 personas, la mayoría fulanis, aunque las organizaciones de la sociedad civil elevan esta cifra hasta las 210 víctimas. Esta masacre se produjo después del asesinato de seis personas, incluyendo el jefe de una aldea mossi, a manos de los yihadistas. La segunda masacre, en la que perdieron la vida al menos 43 personas, se produjo en las aldeas de Barga, Dinguila-Peulh y Ramdolla-Peulh, el pasado 8 de marzo. En esta ocasión, un grupo local armado de “autodefensa” abrió fuego indiscriminadamente contra los habitantes de estas aldeas y prendió fuego a sus casas (5).
Estas masacres se atribuyen a los “koglweogo”, expresión en lengua mossi que significa “los guardianes de la sabana”. Compuestas por voluntarios, estas milicias, autónomas entre sí, surgieron en la década de 1990 para combatir la inseguridad cotidiana en los pueblos: pequeños hurtos en los mercados, robos de ganado, atracos. Con el derrocamiento de Compaoré, su número se multiplicó. “En pocos meses, estos grupos han proliferado a un ritmo vertiginoso”, afirma Chrysogone Zougmoré, presidente del Movimiento Burkinés por los Derechos Humanos y de los Pueblos (MBDHP). En el centro, este y sur, cientos de milicias locales han surgido de manera espontánea.
Se dice que esta oleada securitaria es una reacción al abandono que ha sufrido el campo en las últimas décadas. “La insurrección [de octubre de 2014] ha provocado frustraciones respecto al Estado”, constata la organización no gubernamental International Crisis Group, que señala que el 71% de los burkineses vive en zonas rurales (6). Los “koglweogo” de Sapouy, un pequeño municipio del sur próximo a la frontera con Ghana, aparecieron en marzo de 2016 en las portadas de la prensa nacional: un hombre acusado de robar un buey no logró sobrevivir a un interrogatorio de tres días llevado a cabo por esta milicia. Su líder, Saïdou Zongo, nos recibió rodeado de sus “pequeños”, todos hombres, muchos de ellos jóvenes, armados con un viejo rifle del calibre 12 y con un carné “oficial” de miembro del grupo. Elegantemente vestido con un boubou azul, Zongo se nos presentó como un granjero al que le habían robado todo su ganado en menos de dos años: 36 ovejas, 28 bueyes y 50 cabras. “Si tomé las armas fue para garantizar nuestra seguridad”, afirma, así como para paliar la “pasividad” de las autoridades. En su opinión, hay demasiados robos y demasiada impunidad. Y añadió, echando pestes, que los policías no hacen nada, la Justicia suelta a los criminales y a las víctimas nunca se les indemniza. “Los ladrones deben saber que pagarán por su crimen”, recalcó de nuevo, mientras sacaba de su bolsillo una fotocopia doblada en cuatro, en la que estaban inscritas las penas por los diversos delitos (multa, castigo corporal) previstas por la milicia. “Solo nos estamos defendiendo, eso es todo. El día que no haya más ladrones, desapareceremos”, concluyó.
Ante la multiplicación de estos grupos que desafían su autoridad, el Estado no hace otra cosa más que improvisar. “Hay 8.900 municipios en el país. Las fuerzas del orden no pueden abarcarlo todo. Por eso necesitamos la ayuda de las milicias”, admitió en privado Simon Compaoré, el ministro de Seguridad Interior del nuevo régimen en 2016. Carentes de medios humanos y materiales y desorganizadas, las Fuerzas Armadas están completamente ausentes en el 30% del territorio nacional. En 2016 se aprobó un decreto destinado a integrar los “koglweogo” en una nueva policía de proximidad, aunque nunca se ha llegado a implementar. Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos saben a qué atenerse. “Tenemos que entender por qué hemos llegado a este punto –nos comentó Chrysogone Zougmoré en su momento–. Es el resultado de tres fenómenos: el aumento de la inseguridad en los últimos veinte años; la renuncia total del Estado en este ámbito; y, por último, la falta de confianza en las instituciones de la República. Mientras no hayamos resuelto estos problemas, sería absurdo tratar de prohibir estas milicias”. A día de hoy, se calcula que en Burkina Faso existen aproximadamente 4.500 grupos de “koglweogo” que contarían con entre 20.000 y 45.000 miembros en total. Si bien suscitan recelos, los habitantes de algunas regiones les atribuyen el mérito de haber reducido la inseguridad (7). Pero esto no ocurre en todas partes: aunque reclutan en todas las comunidades, la mayoría de los integrantes de los “koglweogo” son mossi. En el este, el norte o el oeste, donde no se les considera como “autóctonos”, su llegada ha suscitado tensiones. Incluso denuncian su “expansionismo”.
La cuestión de la tierra está alimentando los conflictos, puesto que el crecimiento demográfico y una ley que promueve la transferencia individual de tierras aprobada en 2009 han provocado una carrera frenética por la propiedad. Las llamadas comunidades “autóctonas” se indignan al ver que los mossi reclaman parcelas de tierra que les habían sido asignadas provisionalmente en virtud del derecho consuetudinario. En el oeste, los dozos, que durante siglos han proporcionado seguridad en las zonas rurales, ven con malos ojos la competencia de los “koglweogo”. En Karangasso-Vigué, en septiembre de 2018, un enfrentamiento se saldó con tres muertos después de que algunos dozos exigieran el desmantelamiento de una milicia. “¿Por qué querer crear un nuevo grupo armado cuando nosotros aceptamos a todo el mundo en los dozos?”, se pregunta uno de los líderes de la hermandad en la zona.
En el este y el norte, donde los fulani son numerosos y los conflictos entre agricultores y pastores son recurrentes, la aparición de los “koglweogo” y las acciones que esto llevan a cabo, principalmente contra los pastores fulani, ha empujado a que estos últimos también se armen. Algunos fulani se han integrado en grupos yihadistas. Y otros han creado sus propios grupos de “autodefensa”.
No contentos con perseguir a los ladrones, los “koglweogo” también se han involucrado en la lucha contra los terroristas, sin provocar la oposición del Estado. Pero a menudo sus intervenciones tienen más que ver con un ajuste de cuentas que termina en masacre, como las de Yirgou y Barga, que con la defensa del conjunto de la ciudadanía. En la región Centro-Norte, la actividad de los “koglweogo” ha desempeñado un papel fundamental en la exacerbación de la violencia y en la alteración de los equilibrios comunitarios. “La lucha antiterrorista y el ajuste de cuentas personales y, por extensión, comunitarios, se convierten así en algo indisociable”, señalan desde el International Crisis Group (8).
El Estado, en lugar de librar una guerra contra los “koglweogo”, algo para lo que no tiene capacidad, pretende tutelar a estos grupos de “autodefensa” que cuentan cada vez con una mayor influencia. El pasado mes de noviembre, tras un nuevo y sangriento atentado yihadista contra un convoy minero en el este del país (39 muertos), el presidente Roch Marc Christian Kaboré sorprendió a la población llamando a la movilización de los buenos ciudadanos para luchar contra los “terroristas”. Dos meses más tarde, la aprobación de una ley creaba la figura de los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), unos auxiliares de las fuerzas de defensa y seguridad que, tras solo catorce días de formación, tienen la tarea de “contribuir, si es necesario con el uso de las armas, a la protección de las personas y los bienes de [su] pueblo”.
Pero, ¿cómo pueden unos ciudadanos que apenas han recibido formación militar combatir contra las milicias que, de manera regular, derrotan a las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cómo se pueden evitar los abusos contra los civiles? ¿En base a qué criterios se realiza el reclutamiento? ¿Cómo se puede garantizar que serán leales al Estado? Aunque el proceso aún no ha comenzado, los “voluntarios” ya han actuado en el norte del país después de solo unos pocos días de entrenamiento. Según una fuente de las fuerzas de seguridad, “las autoridades ya han entregado un arma [un fusil Kaláshnikov] a algunos de ellos”. La mayoría de estos “voluntarios” son “koglweogo”. Así pues, para numerosos observadores, la ley tendría como objetivo legalizar esta milicia y permitirle continuar con sus operaciones con total impunidad. De hecho, en el oeste, a los dozos no se les ha invitado a sumarse.
Los miembros de las minorías étnicas acusadas de apoyar a grupos islamistas armados corren el riesgo de ser excluidos de formar parte de los “voluntarios”. Esta ley podría así acelerar la etnicidad de las milicias, lo que preocupa a Jonathan Pedneault, investigador de Human Rights Watch, quien teme que “podrían producirse los mismos resultados que en la vecina Malí, donde los grupos étnicos bambara y dogón han matado a centenares de civiles fulanis en decenas de masacres perpetradas en el centro del país” (9).
Notas:
(1) “‘We Used to Be Brothers’. Self-Defense Group Abuses in Central Mali”, Human Rights Watch, 7 de diciembre de 2018.
(2) “Burkina Faso: Preserving the Religious Balance”, Informe África n.º 240, International Crisis Group, Nueva York, septiembre de 2016.
(3) Véase “La guerra en Malí no ha solucionado nada”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2018.
(4) Armed Conflict Location Event Database, base de datos digital sobre el desarrollo de los conflictos armados.
(5) “Burkina Faso: Witness testimony confirms armed group perpetrated mass killings”, Amnistía Internacional, Londres, marzo de 2020.
(6) “Burkina Faso: Stopping the Spiral of Violence”, Informe África n.º 287, International Crisis Group, Londres, febrero de 2020.
(7) Cf. Romane Da Cunha Dupuy y Tanguy Quidelleur, “Mouvement d’autodéfense au Burkina Faso: Diffusion et structuration des groupes Koglweogo”, Noria, noviembre de 2018, www.noria-research.com
(8) “Burkina Faso: Stopping the Spiral of Violence”, op. cit.
(9) Le Monde Afrique, 17 de marzo de 2020, www.lemonde.fr
Fuente: https://mondiplo.com/las-milicias-proliferan-en-burkina-faso