Concluye la mesa de reflexión política antinuclear mientras en Cofrentes tiene lugar el cuarto accidente nuclear más importante de España
En el Día del Medioambiente, 5 de junio, la Plataforma Tanquem Cofrents convocó a representantes políticos a reflexionar y debatir sobre los riesgos inherentes al incumplimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares y sobre la necesidad de afianzar una transición energética justa y verde que asegure la descarbonización. Se trata de una decisión política crucial, en palabras de la Plataforma.
El acto contó con la participación de Alberto Ibáñez de Compromís, Teresa Jordà de Esquerra Republicana de Catalunya y Miquel Otero de EH Bildu, miembros del Congreso de los Diputados, Nuria Pina del Partido Socialista, diputada en Les Corts Valencianes, Kique Larios de Esquerra Unida y Julià Alvaro d’Horitzó Verd-Podem. La mesa, celebrada en la Universitat Politècnica de València, arrancó con la presentación de Francesc J. Hernández, profesor de la UV, quien explicó que no se trata de un cierre sino de una desconexión: las centrales nucleares dejarán de producir energía y generar residuos, pero continuarán consumiendo energía durante los años que dure su desmantelamiento y la gestión de los residuos.
Francesc contó además que esta misma semana se ha producido un accidente INES2 en la central nuclear de Cofrents, que se sitúa entre los cuatro más importantes de la historia nuclear civil española. Quiso transmitir tranquilidad a las zonas de cierre nuclear respecto de la falta de trabajo al cierre, puesto que un cierre supone muchos años de desmantelamiento, la custodia temporal hasta el siglo que viene de los residuos radioactivos generados y la implantación de nueva generación renovable para el aprovechamiento de las instalaciones de transporte ya existentes para la central nuclear y que las empresas eléctricas no querrán desaprovechar.
Elena Polo, de la cooperativa AeioLuz, que moderó la mesa, explicó que también se invitó al evento al Partido Popular y tras varios contactos, no se obtuvo respuesta alguna por su parte.
La totalidad de grupos políticos presentes mostraron unanimidad en el abandono de la energía nuclear por motivos de seguridad, medioambientales, sociales y económicos. Algunos de estos motivos, sostuvieron, se vienen argumentando desde el inicio del movimiento antinuclear: la necesaria democratización del sistema energético, el pacifismo, la responsabilidad intergeneracional de no dejar una herencia radioactiva y la seguridad frente a accidentes devastadores. A estos motivos, continuaron apuntando, cabe sumar en la actualidad la soberanía energética (el uranio y su enriquecimiento depende de importaciones de otros países), el tapón que supone para el desarrollo de las renovables y el factor económico, ya que la producción de energía nuclear es de un elevado coste. Son inviables económicamente, sostuvieron varios de los ponentes.
La clave, manifestaron, está en el compromiso político de cumplir los acuerdos alcanzados en 2019, el calendario de cierre, y dotar de recursos económicos la transición energética. En este punto se señalaron dos cuestiones fundamentales: la primera es que no se están haciendo los deberes marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) y la segunda, que frente a las presiones actuales de prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares por parte de empresas eléctricas y algunos gobiernos autonómicos, cabría aplicar ‘la carga de la prueba’, esto es, que quienes lo defienden demuestren que el coste, los riesgos y los residuos hacen ‘que valga la pena’ el mantenimiento de esta producción de energía. En caso contrario, permitiría conocer las intenciones reales de mantener su funcionamiento.
Las narrativas y la comunicación centraron buena parte del debate, ya que lo que se está librando es una batalla ideológica. La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz que desmonte los mitos que se han construido en torno a la energía nuclear, apuntaron varios de los ponentes, mitos que se acentuaron a partir del apagón del 2025. En ese sentido se reconoció que desde los partidos de izquierdas, frente al negacionismo conservador, no se ha sabido explicar bien la transición energética. Además, las poblaciones afectadas por dicha transición, en este caso el Valle de Ayora, requieren de planes que permitan la correspondiente transición laboral, y esto debería cubrirse con los fondos previstos en el PNIEC. También deberían poder utilizarse las tasas que se han dejado de cobrar a la empresa eléctrica titular de la central nuclear. Esos 14 millones de euros anuales, serían de gran valor invertidos para esa reindustrialización necesaria en la zona.
Entre las personas asistentes se propuso que a nivel político se bloquease cualquier iniciativa que incorpore capital público a la extensión propuesta por la derecha y ultraderecha. Que se blinde por ley que cualquier extensión de la vida útil de las centrales nucleares y sea asumida por los titulares de las mismas. ‘Ni un euro de dinero público para una energía obsoleta e innecesaria’ se pronunció en la sala. Se constató que desde febrero de este año 2026 no se está produciendo con la totalidad de la potencia nuclear disponible y que a la vez se está limitando la producción renovable, por lo que es evidente que ya se puede aplicar el cierre progresivo de las centrales nucleares siguiendo el acuerdo existente, empezando por Almaraz.
La jornada concluyó con el compromiso de los partidos políticos presentes de incidir en las decisiones que puedan tomarse al respecto, en el sentido señalado de cumplir el calendario de cierre aun las dificultades derivadas de una mayoría parlamentaria difícil.