Al menos 147 personas murieron y 510 resultaron heridas durante las protestas que condujeron al derrocamiento del ex presidente tunecino Zine al Abidine Ben Alí, según informó este martes el jefe del equipo de la ONU encargado de investigar los Derechos Humanos en Túnez, Bacre Waly Ndiaye. Asimismo, el investigador ha pedido que se acometan […]
Al menos 147 personas murieron y 510 resultaron heridas durante las protestas que condujeron al derrocamiento del ex presidente tunecino Zine al Abidine Ben Alí, según informó este martes el jefe del equipo de la ONU encargado de investigar los Derechos Humanos en Túnez, Bacre Waly Ndiaye.
Asimismo, el investigador ha pedido que se acometan reformas importantes en las fuerzas de seguridad para que éstas «trabajen para el pueblo y no contra el pueblo», y ha reclamado que se acabe «con las desigualdades sociales y económicas».
Durante una rueda de prensa celebrada en la capital tunecina, Bacre Waly Ndiaye informó de que 72 personas murieron únicamente en los disturbios registrados en las cárceles del país durante las protestas, que comenzaron el 17 de diciembre del año pasado.
Bacre Waly Ndiaye encabeza un equipo de la ONU formado por ocho personas y que empezó a trabajar en Túnez la semana pasada a fin de colaborar en la investigación de los abusos cometidos durante las protestas y de asesorar al Gobierno en materia de Derechos Humanos.
A juicio del investigador, «el principal sector necesitado de reformas es el de las fuerzas de seguridad, que deben empezar a trabajar para el pueblo y no contra el pueblo». «El sistema de seguridad es crucial en el proceso de reformas», prosiguió. «Se debería limitar el número de policías del Estado», añadió.
En todo caso, advirtió, «acabar con las desigualdades sociales y económicas debería constituir el principal capítulo de las reformas». «Los grupos de Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales fueron reprimidos durante años y ahora deberían participar en el proceso político», concluyó.
Ben Alí abandonó el poder y huyó del país el pasado 14 de enero. El Gobierno interino se ha comprometido a investigar los abusos cometidos duante las protestas y a compensar a las familias de los muertos y heridos. La última cifra oficial del Gobierno era de 78 muertos.
Durante las protestas, el Ejército se negó a actuar contra los manifestantes, pero la gran mayoría de los abusos fueron cometidos por las fuerzas policiales y de seguridad.