¿Licencia para matar?

«El propósito de esta estrategia es ayudar a que el mundo no sea solamente más seguro, sino también mejor» –
Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, septiembre 2002

Es conveniente comenzar llamando la atención sobre el hecho de que en la actualidad es casi habitual identificar las Relaciones Internacionales (RR.II.), y en particular, las Relaciones Políticas Internacionales (RPI) del gobierno de EE.UU., con la gestión personal del Presidente George W. Bush y sus consejeros más allegados. Nada más alejado de la realidad, pues otras instancias de ese Gobierno como el Congreso, los Departamentos y Agencias, y el llamado sector no gubernamental de los «tanques pensantes» son los verdaderos hacedores de esas RPI, particularmente los Departamentos de Estado y Defensa los que siempre han mantenido una lucha encarnizada entre sí, dadas sus pretensiones protagónicas en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense.

Es incuestionable que debido a sus incapacidades políticas, Bush ha buscado asesoría en funcionarios bien reconocidos de anteriores Administraciones como la de Reagan y de su propio padre (Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa; Colin Powell, Secretario de Estado y Dick Cheney, Vicepresidente). No obstante, los acontecimientos del 11 de septiembre hicieron que, aparentemente, Bush tomara en sus manos la política exterior. Sin embargo, tras el telón, otros continúan moviendo las cuerdas de esta Política, en particular el Consejo de Seguridad Nacional, máximo organismo del Ejecutivo como coordinador de la política exterior y de defensa. Se puede afirmar que Bush es más un «decision taker» que un «decision maker». Independientemente de ello, «son tales las facultades y prerrogativas de un Presidente (Bush) y tan intensa la red de poder militar, económico y tecnológico de ese Estado (EE.UU.), que de hecho, en virtud de circunstancias ajenas por completo a la voluntad del pueblo estadounidense, el mundo está comenzando a ser regido por métodos y concepciones nazis»1.

En el documento «Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos»2 planteado el 20 de diciembre de 2002 por Bush ante el Congreso, se otorga a EE.UU. un papel casi mesiánico en su búsqueda del dominio global. Se establece que EE.UU. se abroga el derecho a lanzar ataques preventivos3 contra otras naciones y a actuar al margen de las organizaciones internacionales cuando así lo aconsejen sus propios intereses, a no permitir que se reduzca su «inmensa ventaja militar» frente a los demás países y que trabajará activamente para extender su modelo de capitalismo al resto del planeta.

El contenido de tal documento es una espiral en torno a la lucha antiterrorista y ejemplifica la agresividad exterior de la Administración Bush, mientras que a la vez detalla los principios que guiarán a EE.UU. durante el siglo XXI. No caben dudas de que Bush y los que participaron en su redacción, estaban conscientes de que ese documento preocuparía a la mayor parte del mundo, aunque según Washington, fueron suprimidos los pasajes «demasiado arrogantes».

Se plantea que el borrador fue redactado por Condoleezza Rice, Asesora de Seguridad Nacional y que originalmente era mucho más duro aún, así como que su publicación y envío al Congreso fueron aplazadas, para que no coincidieran con el discurso del Presidente en la ONU y con las posteriores negociaciones acerca de Iraq.4

El documento en cuestión es una clara manipulación y negación de los principios del Derecho Internacional Público (DIP) en lo que respecta a la autodeterminación, no ingerencia, solución pacífica de los conflictos, igualdad soberana de los Estados y, prohibición del uso y la amenaza del uso de la fuerza.

A su vez, una bien clara imposición de conceptos violatorios del DIP tales como: soberanía limitada, intervención humanitaria, derecho de ingerencia, imposición de la paz y la guerra preventiva.

En síntesis, esta «Carta Magna» contempla tres conceptos básicos:

· No permitir competencia alguna en el terreno militar.

· Justificar la intervención militar haciendo creer que atenta a sus intereses y valores y por tanto, es válida la defensa de los mismos.

· Realización de acciones preventivas en cualquier punto del planeta.

La Estrategia de Seguridad, según Bush, «se basará en un internacionalismo típicamente americano que refleja la unión de los valores e intereses nacionales». El texto establece, de forma oficial, que EE.UU. está por encima de instituciones internacionales como la ONU. Trabajará con ellas, pero sin sentirse obligado a seguir sus instrucciones ni a respetar sus acuerdos, que sí rigen para el resto de los países.

Recordemos que la diplomacia estadounidense actual tiene sus raíces en dos hechos históricos: la conclusión de la Guerra Fría y el 11 de septiembre, lo cual pone fin a los principios multilaterales que guiaron a Bill Clinton y a George Bush padre, y se vincula en cierta forma, con la idea del «imperio benigno» establecida por Ronald Reagan.

Al no existir la Unión Soviética, la supremacía militar estadounidense será mantenida a toda costa: «Nuestras fuerzas serán lo bastante poderosas como para disuadir a potenciales adversarios de que acumulen armas con la esperanza de superar, o igualar, a Estados Unidos».

A priori, es necesario acabar con la doctrina de la «no proliferación de armamentos», vigente desde la Segunda Guerra Mundial y basada en tratados, y pasar a la «contraproliferación'», doctrina que combina elementos pasivos y activos, desde la creación de defensas como Sistema Nacional Anti Misiles (National Missile Defense -NMD-), hasta el desmantelamiento, por la fuerza, de presuntos arsenales adversarios como el que justificó la invasión a Iraq.

Desaparece también otro viejo principio: la disuasión. Ya EE.UU. no se encuentra amenazado por otra superpotencia, por lo que ahora el objetivo, frente a organizaciones terroristas y países adversarios consistirá en «identificar y destruir la amenaza antes de que se acerque…incluso si hay dudas sobre el lugar y momento del ataque adversario».

«No dudaremos en actuar solos, si es necesario, para ejercer nuestro derecho a la autodefensa con una operación preventiva», asegura Bush, quien proporciona al resto del mundo la sola garantía de su palabra: «Las razones de nuestras acciones serán claras; la fuerza, medida, y la causa, justa». Advierte, por si alguien quisiera utilizar a su favor los precedentes sentados por Washington que «las naciones no deben utilizar la prevención como pretexto para la agresión».

En los aspectos relacionados con la economía y el medio ambiente, Bush eleva sus preferencias personales al rango de doctrina mundial y anuncia que utilizará su poder para promover en todo el planeta medidas que «generen crecimiento económico», entre ellas, la reducción de los impuestos directos y la desregulación de la actividad empresarial. Con respecto al Acuerdo de Kyoto, justificando su no aprobación al mismo, afirma que la reducción de la emisión de gases que provocan el «efecto invernadero» debe ser un acto voluntario de empresas y gobiernos, sin que les obligue ningún tratado.

En la nueva Estrategia tiene un gran peso, de forma «sui generis», el Complejo Militar Industrial (CMI)5 que permite a esta superpotencia mundial y hegemónica en el ámbito militar, mantener su dominio político, económico y militar, negando que otros puedan superarla o igualarla sobre todo en el contexto militar. El CMI no sólo ha tenido una gran influencia en el ámbito doméstico de EE.UU., sino también en sus RR.II, pues la decisión de la Administración de reactivar la economía con el incremento de los Gastos Militares, hace que éste se consolide y le brinde la posibilidad de manejar la política exterior estadounidense.

En este aspecto, el lobby de la industria del armamento tiene un considerable peso en las decisiones del Gobierno por sus conexiones con el Departamento de Defensa y el Congreso, pues EE.UU. se abastece desde el punto de vista militar casi exclusivamente de corporaciones privadas que, como es lógico, tiene repercusión en los votos y compromisos de los congresistas. No se deben pasar por alto otros lobbies, étnicos incluso, y otros actores más, como los tanques pensantes, los medios de prensa y la propia opinión pública, que inciden en las estrategias de defensa y por consiguiente en la política exterior. Es por ello que el Departamento de Defensa desarrolló el concepto de «tecnología de uso dual» para reforzar su superioridad militar y económica, y para compartir parte de los gastos que requiere su sistema de defensa.

En la política de guerra preventiva de Bush, uno de los conceptos más peligrosos, es una «guerra sin causa justa», calificativo varias veces mencionado en el documento. Desde el marco del Derecho Internacional y tras siglos de derecho consuetudinario, una guerra preventiva puede justificarse como un acto de autodefensa sólo cuando existe una amenaza inminente y genuina de ataque físico. Hoy en día estamos antes hechos ilegales, pero algunos pretenden sustituir la legalidad actual refrendada en el Derecho Internacional Público, de modo tal, que puedan ser admitidas estas ilegalidades como hechos completamente legales.

La Administración Bush transforma a su favor la lógica, enmascarando la realidad con el fin de crear un pretexto virtual en sus guerras de agresión, contemplando como requisito necesario de una amenaza inminente de ataque, el hecho de que no haya evidencias de un ataque inminente, y por ello, la amenaza es aún más siniestra porque es oculta y ese ocultamiento deriva finalmente en pretexto para la guerra.

En cuanto a las agresiones en el contexto de esta nueva Estrategia con respecto a la Constitución estadounidense, la Carta de la ONU y del Derecho Internacional: sencillamente no hay justificación alguna. En Iraq, como caso más reciente, se violan la legislación interna de EE.UU. y también el Derecho Internacional, por tanto constituyen crímenes contra la paz. El Artículo VI de la Constitución de EE.UU. establece que los tratados (internacionales) ratificados, como el de la Carta de NN.UU., son «la ley suprema de la tierra». El artículo 1 de la Carta de NN.UU. establece que «los propósitos de NN.UU. son («… mantener la paz internacional y la soberanía, y para tal fin, tomar medidas colectivas efectivas para la prevención y desaparición de las amenazas a la paz, y para la supresión de los actos de agresión u otras perturbaciones de la paz, y para promover por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, resoluciones o arreglos de las disputas internacionales o de situaciones que pudieran conducir a perturbar la paz».

El Artículo II declara que todos los Estados Miembros «deberán actuar de acuerdo con los siguientes principios»6: «Todos los miembros deben arreglar sus disputas internacionales por medios pacíficos de tal modo que la paz internacional, la seguridad y la justicia no se pongan en peligro».

«Todos los miembros deberán abstenerse en sus relaciones internacionales de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otro modo inconsecuente con los propósitos de las NN.UU.».

En este contexto, los actos de agresión, como las amenazas de ataque de Bush, deben ser suprimidos y la fuerza debe usarse sólo como recurso último e inevitable. Bush ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que apoye la ejecución de la política de su Administración de guerra de prevención potencialmente nuclear, como si dicho Consejo pudiese respaldar una guerra de agresión. Este Consejo carece de autoridad legal para otorgar tal permiso. El Consejo mediante un voto afirmativo o dando su consentimiento a la política de Bush, no puede abrogar su propio mandato. Ninguna acción colectiva de los 15 miembros permanentes y temporales del Consejo puede legalmente violar la Carta que es la única fuente de su autoridad colectiva.

Ello queda claro en la propia Carta que establece en al artículo 24: «En cumplimiento de estas obligaciones, el Consejo de Seguridad debe actuar de acuerdo con los Propósitos y Principios de Naciones Unidas». En tanto que existen procedimientos por medio de los cuales el uso de la fuerza colectiva puede ser autorizado por este Consejo para mantener o restaurar la paz internacional (Artículos 41 y 42), los mismos no deben ser utilizados para respaldar agresiones que violan el propósito primero de la Carta. El Artículo 51 de la Carta reconoce el derecho a la autodefensa «si un ataque armado tiene lugar contra uno de los miembros de NN.UU. hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales».

La propia publicación de la doctrina de guerra preventiva de Bush e incluso, cuando amenazó de lanzar una guerra contra Iraq es, por sí misma, una violación del DIP, y constituye un crimen contra la paz, definido por la Carta de NÜREMBERG como «Planear, preparar, iniciar o lanzar una guerra de agresión o una guerra en violación de los tratados, acuerdos o garantías internacionales». Está claro que ni el Congreso ni el Presidente, tienen derecho a comprometer a EE.UU. en una guerra de agresión y cualquier voto de respaldo, lejos de legalizar o legitimar los planes de guerra global, sirven únicamente como ratificación de los Crímenes de Guerra.

Bajo los principios de responsabilidad universal establecidos en NÜREMBERG,7 «el hecho de que una persona que haya cometido un acto que constituye un crimen, desde el punto de vista del Derecho Internacional, actúe como jefe de Estado o responsable de gobierno, no le exime de responsabilidad según la legislación internacional».

La ejecución de sanciones económicas por las administraciones de Bush padre, Clinton y Bush hijo, que han causado la muerte de más de un millón de personas, fundamentalmente menores y ancianos, es igualmente sancionable como crimen contra la humanidad según la Carta de Nüremberg y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional y se define como …»el castigo intencionado sobre las condiciones de vida,»…»la privación de acceso a los alimentos y a las medicinas calculado para producir la destrucción de parte de la población». Es por ello que la nueva Estrategia refrenda con claridad el rechazo al Tribunal Penal Internacional.

La nueva Estrategia establece que EE.UU. «…tomará las acciones necesarias para garantizar que nuestros esfuerzos para alcanzar nuestros compromisos de seguridad global y de proteger a los estadounidenses, no sean deteriorados por potenciales investigaciones, enjuiciamientos o procedimientos judiciales ejercidos por el Tribunal Penal Internacional, cuya jurisdicción no alcanza a los estadounidenses y no aceptamos».

La nueva Estrategia ha permitido amparar las acciones de los halcones de la Administración y podría ser igualmente adoptada internacionalmente por otras naciones e individuos, como justificación para el uso preventivo de la violencia contra centros de población en cualquier parte del mundo. La legitimación de las «guerras preventivas» de agresión será utilizada para justificar ataques contra centros de población de EE.UU. y ocasionará mayor violencia en las ciudades y en la población estadounidense por las acciones que el gobierno ejerce en su nombre y sin su debido consentimiento.

La guerra preventiva no se detendrá en Iraq. Las intervenciones militares constantes son necesarias para aplicar la estrategia de dominación global política, económica y militar defendida por Bush. Sólo cuatro días después de los ataques del 11 de septiembre, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) presentó su «Lista de ataques internacionales» en el que se identificaban a numerosos países sobre los que la CIA quería permiso para atacar. Bush aprobó dicha lista y autorizó la cobertura inmediata para ejecutar operaciones letales en más de 60 países.

El énfasis puesto en el armamento convencional (no menos peligroso que el nuclear), hace que de acuerdo con la nueva Estrategia, se pueda incrementar la capacidad de desarrollar guerras convencionales con superioridad estadounidense (ahora con el calificativo de asimétricas) en un marco regional, lo cual caracteriza el mantenimiento de alianzas como la OTAN, capaz de mantener la presencia militar en cualquier lugar mundial de conflicto con un enfoque regional, mas que con un enfoque global.

Para potencias militares como la RPCH y Rusia, la nueva Estrategia podría constituir una seria preocupación, al plasmarse las nuevas vías de actuación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en particular, el empleo de la prevención militar (preemption) para «defender los intereses de seguridad nacional estadounidense y de sus aliados y amigos», lo cual alentará la imprudente iniciación de acciones por EE.UU. en regiones donde tanto la RPCH como Rusia tienen intereses diversos. En definitiva, ambas naciones podrían también, a la luz de la nueva Estrategia, abrogarse el derecho de hacer lo mismo.

Esta nueva Estrategia una vez más conducirá a la guerra en cualquier lugar del planeta. Muchos estadounidenses están claros de ello. Baste citar al Decano del Congreso, Senador Robert C. Byrd8 el 24 de junio de 2003 en su intervención ante dicho órgano legislativo, denominada «El camino del encubrimiento es el camino a la ruina» («The Road to Coverup Is the Road to Ruin»), que refiriéndose a la inteligencia estadounidense en el caso de Iraq mencionaba:9

«(… es la clase de bombeo de inteligencia y de la retórica indignante que fueron dadas al pueblo americano para justificar la guerra contra Iraq. Ésta es la misma clase de exageración de evidencia que fue dada al Congreso para persuadirle en su voto por la guerra el 11 de octubre de 2002…)

(…montones y montones de juegos de palabras…)

(… primera vez en nuestra historia, que Estados Unidos ha ido a la guerra debido a los informes de la inteligencia que demandaban que un país representó una amenaza a nuestra nación…)

(…el Presidente Reagan fenomenalmente dijo, «confíe, pero verifique.» A pesar de mi oposición, el Senado votó confiando ciegamente en el Presidente con una potestad sin precedente para declarar la guerra…)

El Congreso tiene la obligación de investigar abiertamente el empleo de la información de inteligencia por la Administración, de modo que el pueblo americano pueda ver que aquellos que ejercen el poder, especialmente el aterrador poder de la guerra preventiva, deben ser responsables de algo. No debemos ir por el camino del encubrimiento. Ése es el camino a la ruina».

A nuestro juicio, lo más peligroso de esta Estrategia reside en lo inherente al ataque preventivo que, establece con claridad: «Para apoyar las opciones preventivas – pre-emptive- coordinaremos estrechamente con nuestro aliados para hacer una evaluación común de las amenazas más peligrosas»

La falsedad de lo anterior quedó demostrada en la decisión tomada por la Administración estadounidense de atacar a Iraq, donde el apoyo, como pretendían, no se concretó y sin embargo la guerra se desató.

La realidad es que la Nueva Estrategia de Bush refleja muy claramente la postura agresiva de la administración, aunque muchos de sus lineamientos formaban parte del pensamiento y del discurso pre electoral de Bush y no han dependido totalmente de los trágicos sucesos del 11 de septiembre del 2001.

Sin embargo, si se trata de legitimar algo tan comprometedor y peligroso como la guerra preventiva, es conveniente que exista una ley, una estrategia oficial: he ahí la nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, que constituye, en la práctica, una licencia para matar.



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1 RUZ, Fidel Castro. Referencia a la alocución de Bush en el 200 Aniversario de la Academia de West Point, en acto de graduación de 950 cadetes el 3 de junio del 2002.

2 «Estrategia Nacional de Estados Unidos. Una nueva era». Agenda de la Política exterior de los Estados Unidos de América, Volumen 7, Periódico electrónico del Departamento de Estado, No.4, diciembre de 2002.

3 «Preemptive» o «preemption» se traducen como «preventivo» o «prevención». Desde el punto de vista militar el «ataque preventivo» sería en caso de existir una amenaza factible contra un Estado por parte de otro Estado o una coalición; ello implicaría entonces la realización de un ataque preventivo (preventive). Si la amenaza es inminente la acción se lleva a cabo en defensa propia. Ahí la amenaza es posible pero no se ha concretado aún, un ataque tendría el carácter de «anticipado» (preemptive). En este sentido, tanto el ataque preventivo como el anticipado configuran actos de agresión en el derecho internacional clásico. La Doctrina Pre-Emption da preferencia a las coaliciones temporales permitiendo sin restricción a EE.UU., golpear las supuestas amenazas y a las supuestas amenazas potenciales. La Junta de Jefes de Estado Mayor estadounidense en un documento del 27.3.46 referente al período posbélico ya planteaba la «guerra preventiva». Se desarrolla un debate entre especialistas sobre la diferencia entre actuar «anticipadamente» (preemptive) o actuar «preventivamente» (preventive). De hecho, lo que Washington pretende es convertir en aceptables los «ataques preventivos» sin amenaza inminente.

4 GONZÁLEZ, Eric. «La Doctrina de Bush. Bush convierte el ataque preventivo en la doctrina estratégica de EE.UU.», Washington, 21 septiembre 2002

5 El Complejo Militar Industrial no es una institución en el sentido exacto de la palabra. Más bien se trata de un fenómeno contemporáneo, que vincula estrechamente a la industria dedicada a la producción de armas con sus destinatarios principales, que son las Fuerzas Armadas. Esta unión, que opera con cifras millonarias de fondos, es característica de aquellos países en los que la producción de armas representa un importante volumen en el producto interno bruto. No es posible, por tanto, encontrar en la mayoría de los países del Tercer Mundo manifestaciones del Complejo Militar Industrial.

6 Carta de las Naciones Unidas. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

7 Principios de las leyes internacionales reconocidos en la Carta al Tribunal de Nuremberg y la Sentencia del Tribunal, adoptado por la Comisión de Leyes Internacionales de NN.UU, 1950

8 Byrd, Robert C. Miembro del Senado de EE.UU., Demócrata por Virginia Occidental. Es el decano de los senadores demócratas, ha mantenido su escaño por Virginia Occidental desde 1959. Un constitucionalista estricto, se opuso a los previos intentos por evitar el juicio político al Presidente Clinton, aunque dijo que apoyaría una moción para censurar la conducta del mandatario en lugar de buscar su destitución. 9 BYRD, Robert C. «The road to coverup is the road to ruin», Intervención del Senador Robert C. Byrd ante el Congreso, 24 de junio 2003

Horacio Soto Placer es investigador del Centro de Estudios de Información de la Defensa (CEID) – Agosto 24 del 2004