Una perspectiva global sobre la realidad de los CIE se aporta en el informe anual realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
La Campaña CIE NO difundió el 14 de junio, en las redes sociales, el caso de Abdelhak, persona migrante afectada de “ceguera profunda”, que se halla más de una semana recluso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. “No se está respetando su dignidad, autonomía y libertad para tomar sus decisiones”, denuncia la Campaña.
A las circunstancias de Abdelhak, se añaden -según las ONG- las “complicaciones propias de un medio carcelario”, como la falta de medios adaptados o la prohibición de utilizar el bastón; asimismo, “el interno no ha recibido ningún tipo de apoyo y precisa de la ayuda del resto de internos para desplazarse”; los activistas reivindican la “liberación inmediata” de este ciudadano.
Un día antes, la Campaña CIE NO de Valencia hizo pública una notificación de expulsión -emitida por la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) el 12 de junio- a un ciudadano interno en el centro de Zapadores; la nota detalla que la deportación al país de origen, desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, estaba prevista para el 13 de junio.
Sobre el escaso margen temporal, denunciaron las ONG, “ésta es una práctica habitual en los CIE que incumple la ley e impide que los internos puedan ejercer oposición legal ante su expulsión”.
Una perspectiva global sobre la realidad de los CIE se aporta en el informe anual realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); el documento de 2022, titulado Diferencias que generan desigualdad, fue presentado el 15 de junio por el SJM y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), en la sede del colegio. El documento informa del resultado de las visitas realizado por los grupos del SJM en los centros de Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras.
En el Anexo al Informe figura la siguiente conclusión: “Casi la mitad de las personas internadas en CIE acaba puesta en libertad, más de dos tercios en el caso de las mujeres; el internamiento criminaliza a las personas migrantes privadas de libertad de modo que tiene mucho de arbitrario y desproporcionado (…)”.
El reporte señala ejemplos como el de Esther, quien ingresó en el estado español en 2019, con una niña a su cargo -menor de dos años- cuando se produjo su detención; pese a ello, y “estar reconocida judicialmente como víctima de la violencia de género”, fue recluida en un CIE. Esther contó con el respaldo de la ONG Mundo en Movimiento, para la solicitud de protección internacional; la demanda se admitió a trámite, por lo que fue puesta en libertad.
En 2022 fueron encerradas 2.276 personas en los CIE del estado español. Diferencias que generan desigualdad apunta las “escasas referencias mediáticas” sobre los CIE, lo que ha generado la impresión de “calma” y “normalidad”; sin embargo, un interno en el centro de Algeciras se declaró en huelga de hambre; se produjeron “tensiones frecuentes” en el CIE de Las Palmas por las repatriaciones a Marruecos o Senegal; o también el suicidio de un ciudadano recluso en el CIE de Aluche.
El equipo de visita del SJM al centro de reclusión de Zona Franca, en Barcelona, está integrado por miembros de Migra Studium; el testimonio de Hicham, ciudadano marroquí, corresponde a su estancia en el CIE barcelonés: “Llevo cinco días en huelga de hambre, yo y otros seis compañeros (…); los policías están muy violentos con nosotros. Nos golpearon cuando ayudábamos a un chico con epilepsia (…); y al día siguiente volvieron a nuestra celda y nos golpearon de nuevo, también al que tiene asma (…)”.
A partir de los datos del Ministerio del Interior, el Informe destaca que se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad a adolescentes, a 11 de los cuales se les reconoció como menores; la consecuencia de ello fue la puesta en libertad (la Ley de Extranjería de 2000 establece en el Artículo 62 que no podrá acordarse el ingreso de menores de edad en los CIE).
Otra cifra relevante es la de personas internas que solicitaron protección internacional desde un CIE, 932; además, a 185 ciudadanos migrantes se les condujo a habitaciones de separación preventiva en 2022 (85 de ellas en el centro de reclusión en Barcelona; se dio la circunstancia que los 15 días de promedio en Zapadores fueron muy superiores al resto de los centros).
De las 2.276 personas encerradas, las dos causas principales -según la Dirección General de la Policía- fueron las órdenes de expulsión (51,7%) y los expedientes de devolución (48,2%); en 2022 “hubo 945 personas internadas con acuerdos de devolución por entrada ilegal a bordo de patera (…); (y) 930 personas internas con una orden de expulsión por estancia irregular”, detalla el servicio jesuita.
Por otra parte, durante 2022 se ejecutaron 3.642 repatriaciones forzosas (1.015 devoluciones y 2.627 expulsiones, desde un CIE o no); el SJM destaca, a partir de las estadísticas de Interior, el “valor menguante” del internamiento como medida cautelar para llevar a término tanto los acuerdos de devolución como las órdenes de expulsión.
Pero también se pone en cuestión que continúe la citada tendencia, debido a actuaciones como la construcción del CIE de Botafuegos, en Algeciras, con capacidad para 500 personas (el coste previsto para la construcción de esta nueva infraestructura en el periodo 2019-2024 es de 26,2 millones de euros).
Otro de los testimonios recogidos por el servicio jesuita es el de un ciudadano marroquí (Ayoub), a quien visitó en el CIE de Zapadores; la persona migrante se había quedado en la cama -debido a una indisposición-, cuando dos policías lo sacaron de la celda para que bajara al comedor “propinándole patadas y puñetazos en el abdomen y la espalda”.
Diferencias que generan desigualdad dedica un apartado al servicio médico y las problemáticas de salud (física y mental) en los CIE; ya en 2021, la investigación del SJM señaló la descoordinación entre las administraciones para conocer los historiales clínicos; la atención médica con presencia de agentes policiales y, en otros casos, sin el apoyo de intérpretes.
A estas situaciones se agregaban los regímenes de aislamiento para personas afectadas por la COVID-19; la desatención hacia los problemas de salud mental o la no emisión (y envío) de los partes de lesiones a la autoridad judicial; “algunos de aquellos casos permanecen abiertos en 2022”, subraya la red de entidades.
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