Sería un estudiante cuando, sin haber acabado sus estudios reglados y para la consecución de la titulación de los mismos, realiza unas prácticas tuteladas por un profesor, el centro de formación y la propia empresa, en un tiempo parcial académico, por lo que forman parte del curriculum escolar. Por el contrario, un titulado de cualquier […]
Sería un estudiante cuando, sin haber acabado sus estudios reglados y para la consecución de la titulación de los mismos, realiza unas prácticas tuteladas por un profesor, el centro de formación y la propia empresa, en un tiempo parcial académico, por lo que forman parte del curriculum escolar. Por el contrario, un titulado de cualquier grado estaría trabajando, haciendo unas determinadas funciones e incluso adquiriendo nuevos conocimientos y prácticas profesionales. De hecho, existen los contratos en prácticas y formación para jóvenes titulados o no, que se incorporan al mercado laboral.
Intentar denominar ‘becarios’ a las personas que realizan unas determinadas actividades profesionales porque son jóvenes, no tienen experiencia, etc., para ningunearles la categoría de trabajador, forma parte de la picaresca de ciertas empresas expertas en la explotación y el fraude de cotizaciones sociales.
Un colectivo, emergente, con cierta relevancia mediática, dentro de los becarios y que están luchando organizadamente para su equiparación laboral, es el de los becarios investigadores. Éstos, ya son licenciados universitarios -posibilidad de ejercer en su especialidad- y si bien cuentan con cierta empatia social -todo el mundo, políticos, medios de comunciación, etc hacen loas a la investigación o a su acrónimo, investigación + desarrollo + innovación-, no hay una percepción de que esos jóvenes (y no tan jóvenes) carecen de relaciones laborales y seguridad social (desempleo, jubilación, vacaciones, representación, …). Después de varios años, su situación ha mejorado pero sin haber alcanzado plenamente el objetivo de su reconocimiento laboral.
Durante el periodo de Gobierno del PP se elevaron el importe de las becas, pero manteniendo una selva, por lo que dos investigadores en el mismo departamento, haciendo labores similares tendrían diferentes rentas, derechos y obligaciones; se formalizó un Estatuto del Becario, voluntario en su inscripción, exclusivo para las entidades públicas y con posibilidad de tener seguridad social a partir del tercer año, sin prestaciones de desempleo o jubilación y cotizando por el valor mínimo absoluto de la escala . Tras las protestas de los afectados, para congraciarse con ellos, cometió el Gobierno del PP otra aberración, eximir del IRPF las becas, agujereando nuevamente la equidad a este impuesto.
El PSOE ha seguido esta estela. Mantiene la no relación laboral y extiende la seguridad social (sin desempleo, ni jubilación), con cotización mínima de titulado, en los dos primeros años. En el tercer y cuarto año sí se harían contratos laborales acordes a la legislación vigente. Sería el denominado 2+2 (dos años de beca, dos de contrato laboral).
Esta visión cortoplacista de ‘ahorrar’ en capital humano y ser cicatero en los derechos sociales y laborales de nuestros jóvenes científicos es un error. Un error que ya ha señalado la Comisión Europea en su Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, donde reclama que desde el principio de la actividad científica haya un reconocimiento laboral. Pero es que, además, las administraciones son contradictorias. Hay relación laboral en personal en formación como en los casos de los médicos internos residentes, los pilotos e incluso los soldados o los presos.
Si ya la Cumbre de Lisboa ponía como objetivo europeo que en el año 2010 se invirtiera el 3 por ciento del PIB, nuestro país supera a duras penas el 1 por ciento; de esa cantidad están contabilizados como investigación gastos de prototipos militares y participación en proyectos multilaterales de armamento.
Si bien, se intenta que prestigiosos científicos españoles vuelvan a nuestro país para montar laboratorios de prestigio, se mantienen en el limbo laboral a cerca de 20.000 becarios de investigación. Diversas Comunidades Autónomas, en muchos casos responsables de este apartado dado el nivel de transferencias realizadas, durante el Gobierno del PP instaban al Gobierno Central para que resolviese esta precaria situación y confeccionase concursos laborales y no de becas. Una vez que ellas son los responsables de los recursos humanos han tomado la vía facil del 2+2, aunque el panorama es variopinto, desde una convocatoria de 1+3 (1 año de beca y 3 de contrato laboral) de Cataluña, al 4+0 de las más retrógradas. En estas circunstancias, el sector privado ha logrado una y otra vez deducciones fiscales sin que se les exigiese una normalidad laboral. Por el contrario, una vez que la propia administración promueve el trabajo precario, eventual, temporal y el que se realiza bajo la alegal fórmula de la ‘beca’, no sólo en la actividad científica, sino en los departamentos administrativos, operarios, etc., ciertas empresas privadas han ampliado las fórmulas de explotación, porque son ellas, salvo contadas denuncias, las que califican como ‘becario’ al trabajador que hace actividades en su seno.
¿Y qué hacen los sindicatos?. Con respecto al grupo mejor organizado, los jóvenes investigadores, se han dado muestra de solidaridad y han participado en diferentes protestas. Ha habido denuncias por casos individuales -dada las dificultades procesales- o se han llevado a la Inspección de Trabajo diferentes convocatorias aparecidas en el Boletín Oficial para que se actuase de oficio ante lo que se vislumbraba fraude laboral y social. En Aragón, USO ha tomado parte activa en la denuncia y seguimiento de un accidente, con resultado de un investigador fallecido, y la Inspección Laboral ha declarado la existencia de relación laboral y las consiguinetes obligaciones de cotización y multas al organismo implicado.
Por último, en las actividades de Negociación Colectiva se ha hecho incapié en el derecho que tienen los representantes de los trabajadores para visar todos los contratos laborales y estudiar su naturaleza como el de conocer la relación jurídica que une a la empresa con todo el personal que accede a la empresa. Esa sería una fórmula de destapar y visualizar la existencia de los becarios para reclasificarles en trabajadores normales.
En resumen, debemos deslindar las prácticas regladas de estudiantes, del trabajo que desarrollan los titulados, aunque sea bajo la adscripción de contratos en prácticas o de formación. Entendemos que es justo, lógico y necesario que los investigadores que realizan unas tareas laborales, y la investigación lo es, cuenten con una relación laboral plena y con todos sus derechos. Que los trabajadores tengan derechos y obligaciones y que se deben de erradicar fórmulas alegales y fraudulentas, donde es el empresario es el que tiene la potestad de establecer quien es trabajador o a quien se le resta derechos, haciéndole pasar por ‘becario’.
* Santiago González Vallejo es economista.