Acabo de regresar de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), donde he pasado una semana. Es una experiencia que recomiendo a mis conciudadanos, en especial a nuestros representantes, porque no tenemos tan a mano palpar de cerca la miseria del refugiado político. En mitad de un desierto pedregoso, al abrigo precario de jaimas […]
Acabo de regresar de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), donde he pasado una semana. Es una experiencia que recomiendo a mis conciudadanos, en especial a nuestros representantes, porque no tenemos tan a mano palpar de cerca la miseria del refugiado político. En mitad de un desierto pedregoso, al abrigo precario de jaimas y escuetas construcciones de adobe, sin agua corriente ni apenas cobertura telefónica y en compañía de unas pocas cabras más nutridas de papeles y plásticos que de otra cosa, malviven bastantes miles de personas de cuya historia reciente formamos parte. Allí están, siempre a la espera, en una provisionalidad permanente que ya dura treinta años, al albur de la caridad pública internacional y con la humillación de estar condenados a recibir sin que vislumbren la menor esperanza de producir por sí mismos y devolver algún día. ¿Prisioneros del desierto, como tituló hace poco un celebrado escritor español? Más bien, me temo, prisioneros de una red inconfesable de intereses de la que España también participa.
Minas de fosfato, bancos de pesca y pozos de petróleo representan al parecer mercancías más valiosas que cualesquiera principios y acuerdos internacionales. Por ahí empieza el desastre de esta población sobrante y de tantas vidas desperdiciadas, el lento vagar de esos residuos humanos salidos de un infame proceso político que nadie desea reabrir. No estamos ante un gobierno derrotado o una minoría de sus fieles en el exilio, sino ante el desplazamiento de buena parte de un pueblo; hablamos de una sociedad cuyos menores de treinta años han nacido en los campamentos y no parecen tener otro lugar de destino que ese mismo no-lugar ausente de los mapas. ¿Qué será de estos perpetuos forasteros? Quienes entre ellos lleguen a obtener en el extranjero un título superior se enfrentan al dilema de sacrificar a los suyos y marcharse o sacrificarse por ellos y encerrarse tras los muros de adobe. Con el férreo control argelino al fondo y bajo el peso de la interminable sucesión de días vacíos, el visitante no acierta a imaginar expectativas para estos nómadas detenidos. A ese visitante le tienta concluir con Zygmunt Bauman que «se es refugiado para siempre. Los caminos de regreso al paraíso doméstico perdido (o, más bien, ya no existente) han quedado casi cortados y todas las salidas del purgatorio del campamento conducen al infierno».
Es cierto que ahora mismo se detectan muchas otras bolsas de refugiados en el mundo (que contienen a unos 22 millones de personas), pero ésta resulta la más próxima y la más nuestra. Quiero decir que de la desolación en la que los saharauis están sumidos somos en buena medida responsables: lo han sido el último Gobierno del franquismo y los gobiernos pasados de la era democrática, así como lo es el Gobierno presente. Y también lo somos nosotros, los ciudadanos, por haberlo consentido. No en balde, y a propósito de la culpa política de la sociedad alemana por los horrores nazis, proclamaba Jaspers que «cada ciudadano es responsable de la acción de su Gobierno y administración, a menos que hable o actúe abiertamente contra ellos».
Esa responsabilidad arranca de nuestra pasada condición de potencia colonial, algo que la ex colonia recuerda todavía. Aún recurren con frecuencia a nuestra lengua y la enseñan junto a la suya en sus escuelas. Pero la responsabilidad crece hasta tornarse pura vergüenza si se considera que les dejamos abandonados en el instante en que a nosotros más que a nadie nos tocaba devolverles su libertad política. Les abandonamos a la rapacería del vecino más fuerte, con olvido de la palabra repetidamente dada y de los compromisos adquiridos, con absoluto desprecio de las resoluciones de las Naciones Unidas. No hay término más exacto para resumirlo que traición. Y así el Sáhara dejó de ser español dejando al mismo tiempo de ser saharaui y superó una moderada colonización para sufrir el despojo total de su territorio.
Desde entonces hasta hoy no ha faltado la ayuda humanitaria prestada por España, es verdad, lo que expresa sin duda un encomiable sentimiento de solidaridad en la sociedad española. Pero todo ello no pasará de ser un falso consuelo, a menos que nuestro Parlamento y Gobierno se pongan a traducir tanto gesto piadoso en una verdadera acción de justicia para el Sáhara. Estos refugiados molestan como testigos de esa gran ignominia cometida con ellos, pero nunca es demasiado tarde (quedan bastantes supervivientes de entonces) para repararla. El sentimiento de humanidad no debe arrinconar a la justicia, ni la moral privada puede sustituir la acción pública. En suma: además de la presencia humanitaria, hace tiempo que allí se requiere la intervención política. Cuál y cómo deba ser ésta lo sabrán mejor los diplomáticos y conocedores de la coyuntura internacional, pero el impulso inicial lo debemos dar los ciudadanos españoles y la meta no puede ser otra que el cumplimiento de las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas. Es decir, la celebración de una pertinente consulta popular en ejercicio del derecho de autodeterminación.
Pues ése es un derecho que en su actual situación les asiste a cada uno de los saharauis y así debe ser reconocido. No se trata de dejarles decidir por capricho lo que políticamente quieren ser, ni declarar una arbitraria voluntad de secesión respecto de Marruecos. No tienen que inventar una historia remota en apoyo de sus pretensiones ni exhibir originarios e improbables derechos colectivos. El Tribunal Internacional de La Haya (y a consulta del propio monarca marroquí) dejó ya sentado el 16 de octubre de 1975 que no detectaba «ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos o el complejo mauritano. Así pues, el Tribunal no ha encontrado lazos jurídicos (…) que modificaran la descolonización del Sáhara Occidental y en particular el principio de autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio».
El derecho de autodeterminación con miras a la independencia política, según los mejores estudiosos actuales (que nuestros nacionalistas, claro está, se honran en desconocer), tiene un fundamento «terapéutico». Consiste en ser el último remedio al alcance de una comunidad política particular para poner fin a la discriminación o atropello duraderos por parte de su Gobierno central, al desprecio de los derechos humanos en ese territorio o, en fin, a su anexión por la fuerza a un Estado invasor. De ahí que el campo preferente para el ejercicio de tal derecho hayan sido las anti-guas colonias. Juntos y por separado, aquéllos son requisitos que allí y desde hace al menos treinta años se cumplen con creces.
Miren por dónde, de ello se seguirían otros beneficios adicionales. Y es que así se depara a nuestro Gobierno una excelente ocasión, al adoptar esa iniciativa hacia fuera, de hacer pedagogía política de puertas adentro. La ciudadanía española tendría entonces la oportunidad de entender por qué un derecho incuestionable en el caso del Sáhara frente a Marruecos carece de fundamento legítimo en el de Euskadi dentro de nuestras fronteras. Todo cuanto se aduzca a favor de aquél tendrá que argumentarse en contra de éste. De modo que, por si faltaran razones, ya sólo la presunción de este persuasivo efecto lateral debiera animarnos a favorecer el proceso de autodeterminación saharaui.
No sólo eso. Los riesgos políticos serán muchos, sin ninguna duda, pero España recuperaría en la escena mundial el reconocimiento que empezó a ganar con la primera providencia de política internacional dictada por el actual Gobierno. Es hora de que nuestro Rey, en lugar de melifluas carantoñas hacia el régimen alauita, haga memoria de la palabra que empeñó de príncipe el 1 de noviembre de 1975 ante las gentes de El Aaiún. Es también el momento de pedir al presidente Zapatero que ese coraje del que hizo gala retirando las tropas españolas de Irak lo muestre ahora sosteniendo la causa saharaui. Porque se trata de una deuda cuyo pago ya no pueden aguardar más estos sufridos acreedores.