Fueron muy breves las vacaciones latinoamericanas de George W. Bush, quien a su regreso a Washington encontró a dos de sus amigos más íntimos enfrentando un jaque político que podría costarles el puesto. Por un lado, se amplió el coro -incluye ya a varios republicanos- que pide la renuncia del procurador general, Alberto Gonzales, por […]
Fueron muy breves las vacaciones latinoamericanas de George W. Bush, quien a su regreso a Washington encontró a dos de sus amigos más íntimos enfrentando un jaque político que podría costarles el puesto.
Por un lado, se amplió el coro -incluye ya a varios republicanos- que pide la renuncia del procurador general, Alberto Gonzales, por la forma en que se ordenó el cese de varios fiscales federales, y no pocos analistas de ambos partidos señalan abiertamente que la carrera de dicho funcionario «está acabada».
Por otro lado, la figura central del escándalo por la filtración del nombre de una agente clandestina de la CIA a los medios por altos funcionarios en la Casa Blanca -caso que ya ha resultado en la condena judicial a Lewis Libby, el ex brazo derecho del vicepresidente, Dick Cheney, y que podría cobrar más víctimas políticas- testificó este viernes ante el Congreso en público. La agente, Valerie Plame, afirmó que el gobierno de Bush destruyó su carrera al destaparla por «puros motivos políticos».
Gonzales ha sido íntimo colaborador de Bush desde los tiempos en que el presidente era gobernador de Texas y fue quien formuló las justificaciones para legalizar la tortura e implementar varias medidas de seguridad pública en los últimos años. Pero una figura central más en ambos casos -el de Gonzales y el de Plame- es otro íntimo del presidente, su asesor y estratega político Karl Rove. O sea, los escándalos están llegando cada vez más cerca del propio presidente.
La sensación en Washington es de un gobierno hasta hace poco invulnerable que empieza a desmoronarse poco a poco. Estallan escándalos y revelaciones por todas partes cobrando víctimas cercanas al gobierno de Bush. Sólo en las últimas semanas han renunciado o han sido despedidos varios altos funcionarios en el Departamento de Justicia (incluyendo el jefe de equipo del procurador) y en el Pentágono (el secretario del ejército, el cirujano general del mismo y el director del centro médico Walter Reed por el escándalo del trato a heridos de guerra), además de la renuncia y el subsiguiente juicio de Libby, una de las figuras más influyentes dentro de la Casa Blanca.
A lo anterior se agrega el final de la carrera del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld hace unos meses, la renuncia por escándalo del número tres de la CIA, el encarcelamiento o la investigación judicial de legisladores aliados de la Casa Blanca o funcionarios inmiscuidos en el escándalo de corrupción del cabildero Jack Abramoff, entre otros.
El clima de impunidad que surgió del control tanto de la Casa Blanca como de las dos cámaras del Congreso por el Partido Republicano y la estrategia radical de los estrategas de Bush de acumular enorme poder bajo la justificación de una «guerra contra el terror» se está despejando, dejando cada vez más vulnerable a un gobierno que ha perdido el apoyo popular y que está cada vez más empantanado en escándalos en casa y una guerra sin salida en Medio Oriente.
Los casos de Gonzales y Plame son sólo parte de todo esto, pero son particularmente peligrosos políticamente para Bush ya que están involucrados sus más cercanos colaboradores, como Rove y el vicepresidente Dick Cheney.
Desde el comienzo de su gira por América Latina hasta la fecha, el mandatario estadunidense se ha encontrado a la defensiva por la revelación de que el despido de por lo menos ocho fiscales federales (los 93 en el país son nombrados por el presidente) fue motivado aparentemente por razones políticas y no, como se había argumentado inicialmente, por fallas en sus actividades profesionales.
Ahora, como en casi todo escándalo, lo que está al centro del debate no es el hecho mismo, sino los intentos para encubrir o engañar sobre los hechos.
Por tanto, varios legisladores se sienten ofendidos porque Gonzales y sus altos funcionarios no presentaron versiones verídicas de lo sucedido, y por esto se han sumado ya tres legisladores republicanos al coro que demanda su renuncia y que sea cesado por el presidente.
El New York Times publicó el sábado en su primera plana que Rove está ligado desde el principio al caso de la decisión de deshacerse de ocho fiscales federales, nutriendo la especulación de que los despidos fueron políticamente motivados.
Al parecer varios de los fiscales no estaban cumpliendo con los deseos del gobierno republicano y sus aliados de apuntar sus investigaciones contra los líderes demócratas y otros opositores.
Evidente motivación política
Un estudio de las investigaciones sobre corrupción y otros motivos en el periodo entre 2001 y 2006 realizadas por los fiscales federales indica que había motivación política, ya que se investigaron a 298 demócratas y sólo a unos 67 republicanos.
Un estratega republicano cercano a la Casa Blanca dijo a CBS News que Gonzales «está terminado», y otros legisladores republicanos, que esperarán algunos días antes de pronunciarse sobre el asunto, han advertido a la Casa Blanca que el procurador general tiene muy poco apoyo.
Mientras tanto, en sus primeros comentarios en público sobre el escándalo que sacudió a la Casa Blanca en torno a su identidad y que podría encarcelar a por lo menos un alto funcionario del gobierno republicano (Libby será sentenciado en un par de meses), Plame pudo finalmente ofrecer su historia.
Recordó ante un comité de la Cámara cómo, al filtrarse su nombre a los medios de comunicación, su carrera se anuló «en un instante» cuando altos funcionarios destruyeron su identidad clandestina por «motivos puramente políticos».
Esto fue en alusión a que altos funcionarios, entre ellos Rove y Libby, aparentemente filtaron su nombre a los medios como parte de un intento para desacreditar a su esposo, el embajador Joseph Wilson, quien decidió denunciar públicamente la manipulación de inteligencia para justificar la invasión de Irak, en 2003.
Valerie Plame denunció «la politización de las operaciones de inteligencia», y afirmó que «la política y la ideología tienen que ser separadas de todos nuestros servicios de inteligencia».
Y hay apuestas aquí sobre quién, cómo y cuándo caerán las próximas víctimas de un gobierno que cada vez se encuentra más sitiado por las consecuencias de su funesto manejo del poder.