Primero fue El Cairo. La semana pasada fue Madison, Wisconsin. Primero fue Hosni Mubarak. La semana pasada fue Scott Walker. Durante dos días sucesivos la semana pasada, más de 15 000 personas se reunieron frente al edificio del Capitolio Estatal de Wisconsin en Madison. La muchedumbre en las calles de Madison no era tan grande […]
Primero fue El Cairo. La semana pasada fue Madison, Wisconsin.
Primero fue Hosni Mubarak. La semana pasada fue Scott Walker.
Durante dos días sucesivos la semana pasada, más de 15 000 personas se reunieron frente al edificio del Capitolio Estatal de Wisconsin en Madison. La muchedumbre en las calles de Madison no era tan grande como la de la Plaza Tahrir, pero salieron por la misma razón: a luchar por su libertad y a luchar contra un dictador. En este caso, la libertad de los empleados públicos para ejercer sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a pertenecer a un sindicato y a realizar negociaciones colectivas -derechos constitucionales que el recién electo gobernador Scott Walker quiere quitarles.
Bajo el pretexto de solucionar los problemas presupuestarios de Wisconsin, Walker ha declarado la guerra a los sindicatos del sector público. Promovió una legislación que reduciría los salarios de los empleados locales y estatales, recortarís sus beneficios, les prohibiría negociar cualquier cosa que no sea salarios, impondría un voto anual a los sindicalizados y permitiría a la patronal despedir a trabajadores que deseen formar un sindicato. También ha amenazado con utilizar a la Guardia Nacional para que ocupen los puestos de cualesquier empleados que se nieguen a aceptar sus nuevas reglas.
Solo hay un problema con los argumentos de Walker: Wisconsin, en realidad, está en una situación financiera bastante buena. Según el Madison Capital Times, tiene un desempleo menor que la mayoría de los estados, su economía va en ascenso, los negocios están contratando a trabajadores y terminará el año con un superávit de $121,4 millones de dólares. No solo eso, su plan de pensiones públicas, a diferencia de los de otros estados, está totalmente financiado. El único problema fiscal al que se enfrenta Wisconsin es cómo pagar los $140 millones en reducciones de impuestos para las corporaciones que el propio Walker promovió en enero en la legislatura controlada por los republicanos.
Walker no está tratando de solucionar una crisis fiscal; en otras palabras, la crisis no existe. En su lugar, está haciendo una declaración política. Está tratando de destruir a los sindicatos, especialmente a los sindicatos del sector público. Y él no es el único. Los gobernadores Chris Christie, de Nueva Jersey; Mitch Daniels, de Indiana; John Kasih, de Ohio¸ Susana Martínez, de Nuevo México; y Rick Scott, de la Florida, están tratando de hacer lo mismo, utilizando el mismo argumento falso.
La única manera en que podemos solucionar nuestros problemas fiscales, insiste en ello, es reducir los salarios y beneficios de los empleados públicos. ¡Tonterías!!
Ante todo, ¿de quién estamos hablando? Los amigos de ustedes, los vecinos y el pueblo, todos dependemos de los servicios comunales. Policías y bomberos, maestros y enfermeras, trabajadores sanitarios, suministradores de cuidados domésticos de salud, guardabosques, conductores de autobuses, operadores de barredoras de nieve y equipos de reparación en carreteras. Los pilares de la sociedad civil. Ninguno se está haciendo rico a expensas del contribuyente.
Es más. El miembro promedio de AFSCME, nuestro mayor sindicato del sector público, gana menos de $45 000 al año y se jubila después de una carrera en el sector público con la astronómica pensión de $19 000 anuales. Sí, hay algunas personas en la actualidad que ganan salarios obscenos y regalías, y no pagan su cuota justa de los impuestos, pero no son empleados públicos. Y recortar los salarios y beneficios de los empleados públicos y negarles el derecho de organización no va a solucionar los problemas fiscales reales o inventados de un estado.
No es sorprendente que la guerra contra los trabajadores ya se esté librando, no solo a nivel estatal, sino también en el Congreso, liderada por el presidente de la Cámara de Representantes John Boehmer. Después de las elecciones parciales, cuando Boehmer alardeó de que los «empleos» iban a ser la prioridad número uno de los republicanos, no nos dimos cuenta que quería decir destruirlos, no crearlos.
Sin embargo, eso es exactamente lo que Boehmer está haciendo. Su plan para reducir $61 mil millones del presupuesto de este año tendrá como resultado la pérdida de decenas de miles de empleos, desde controladores de tráfico aéreo a inspectores de la carne y guardias fronterizos. Y cuando le preguntaron acerca de la pérdida de empleos, Boehner simplemente se encogió de hombros: «Durante los últimos dos años, desde que el presidente Obama tomó posesión de su cargo, el gobierno federal ha agregado 200 000 nuevos empleos federales. Y si algunos de esos empleos se pierden, que así sea».
Se equivoca Boehmer en cuanto a los hechos. Según PolitiFact, el número real de nuevos empleos federales creados en 2009 y 2010 es de 58 000. Pero su cínico «que así sea» resume la actitud del Partido Republicano acerca de los trabajadores norteamericanos.
Como resultado de sus políticas, millones de norteamericanos perderán su empleo, perderán su servicio de salud, e incluso puede que pierdan su casa. Y si lo único que los republicanos pueden decir es «qué lástima», van a suceder cosas. Que así sea. ¿Será demasiado tarde para que se arrepienten los electores de sus votos?