Este jueves 3 de septiembre será un día histórico para las víctimas de la dictadura y la Transición. El que fuera ministro de Interior en el primer gobierno posterior a la muerte de Francisco Franco, Rodolfo Martín Villa, declarará ante la jueza argentina María Servini en el marco de la querella argentina que investiga los crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. La cita que será telemática pondrá fin a los sucesivos intentos frustrados por las autoridades españolas durante seis años para que preste su declaración el único de los imputados de esa causa dispuesto a hablar ante la jueza.
A Martín Villa se le acusa de delitos de homicidio agravado cuando ejercía como ministro durante la Transición. Se investiga su responsabilidad en 12 asesinatos, algunos de ellos perpetrados por las fuerzas y cuerpos del Estado. En concreto: la matanza de Vitoria de marzo de 1976 siendo ministro de Relaciones Sindicales, las muertes de la Semana Proamnistía de 1977 y de otros homicidios de ese mismo año como el de Arturo Ruiz cuando era ministro de Interior. También la jueza indaga en el papel que tuvo en los sucesos de la Fiesta de San Fermín de 1978 en Pamplona.
El exministro de la Transición empezó su carrera política durante la dictadura, en los años 60, cuando se le nombró jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) y secretario de la Organización Sindical Española, los sindicatos verticales. También se desempeñó como gobernador civil en Barcelona y procurador de las Cortes Franquistas. Por su época como ministro de Relaciones Sindicales y de Interior se le conoce como “la porra de la Transición”, debido a la mano dura que empleó en la represión de las protestas obreras y estudiantiles.
En la querella argentina, la única causa abierta en el mundo contra los crímenes de la dictadura en España, se imputa a Martín Villa y a otros 18 cargos franquistas. Los sucesivos gobiernos y la judicatura española han impedido sistemáticamente tanto la extradición del exministro como del resto de acusados, incumpliendo así las obligaciones y tratados internacionales. Se cumplen 10 años desde que comenzó la tramitación de la querella y todavía ninguno ha tenido que enfrentarse a la jueza argentina. Las víctimas de la querella encuentran por tanto en esta próxima declaración indagatoria el esperado “primer paso para poner fin a la impunidad”. La ONU ha instado en varias ocasiones a España a juzgar -o al menos dejar que se juzgue- a los responsables franquistas de los presuntos delitos de lesa humanidad.
Los sucesos de Vitoria
Ocurrieron el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, unos meses después de la muerte del dictador. Unos 4.000 trabajadores en huelga se habían reunido en una asamblea en la iglesia del barrio obrero de Zaramaga. Los efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada irrumpieron en el lugar para desalojarlo. A quienes salían del recinto, les lanzaron gases lacrimógenos, pelotas de goma y munición real.
Resultaron heridas más de 150 personas y murieron cinco jóvenes: Pedro María Martínez, un trabajador de 27 años; Francisco Aznar, un estudiante y panadero de 17 años; Romualdo Barroso, un joven de 19 años; José Castillo García, un trabajador de 32 años; y Bienvenido Pereda Moral, un trabajador de 30 años.
La jueza Servini considera que Martín Villa es “responsable de la represión” y que el delito sería sancionado con penas de prisión por el delito de homicidio con el agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.
Semana proamnistía de mayo de 1977
Otras tres muertes se sucedieron esta semana. El 12 de mayo de 1977 se produjo en Rentería una manifestación en el marco de las protestas de esa semana en Euskadi y Navarra para pedir la amnistía total. La Guardia Civil disparó con munición real e hirió a cinco personas. Una de ellas era Ramón Gómez Jáuregui, de 78 años, que falleció en el hospital unas horas después. El Gobierno de Guipúzcua trató de explicar que fue la reacción a un ataque a la casa cuartel. Al día siguiente, la protesta se había transformado en huelga general y en Pamplona, donde miles de trabajadores la secundaron, la Policía Armada atrapó a José Luis Cano tirando una piedra. Los agentes lo metieron en un bar y le dispararon en la cabeza. Tenía 28 años.
La tercera víctima es Francisco Javier Fernández Núñez, de Bilbao. Según su familia, fue golpeado por la Policía Armada el día 15 y cuando acudió dos días después a presentar una denuncia fue agredido por unos individuos que le golpearon y le obligaron a beber coñac y aceite de ricino. Falleció en el hospital al poco después, ya que padecía cirrosis.
Otros tres crímenes en los años 1976 y 1977
Jesús María Zabala fue asesinado por un guardia civil en 1976, durante la represión de una manifestación en Hondarribia. Se abrió un procedimiento penal contra el guardia civil que fue sobreseído por la ley de amnistía. También en 1976 murió María Norma Menchaca Gonzalo, que según su hijo fue asesinada por el grupo parapolicial los “guerrilleros de Cristo Rey” en una manifestación para solicitar la amnistía de los presos políticos. En ninguno de estos casos se tomaron medidas para deslindar las responsabilidades de Martín Villa como ministro de Gobernación.
El 23 de enero de 1977 un comando ultraderechista le quitó la vida a tiros a Arturo Ruiz en una esquina de la madrileña Plaza de la Luna. Había acudido a una manifestación que pedía la amnistía de los presos políticos. La familia vio como la Audiencia Nacional dictaba en el año 2000 la prescripción del caso. Su hermano Manuel, a quien la jueza Servini ha tomado declaración, considera que Martín Villa es “el responsable político” del asesinato, ya que en ese momento era ministro de Interior y por tanto tenía a su cargo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
San Fermines de 1978
El 8 de julio de 1978 unas cincuenta personas bajaron al ruedo y desplegaron una pancarta: “Amnistía total. Presoak kalera. San Fermín sin presos”. Irrumpieron en la plaza 40 miembros de la Policía armada que dispararon pelotas y gomas de humo y los presentes contestaron lanzando botellas y almohadillas. La Policía usó sus armas de fuego y siete personas resultaron heridas. La rabia se desató por la ciudad y la policía, con refuerzos que vinieron desde Logroño, recibió la orden de depejar Pamplona sin que “os importe matar” (según consta en las cintas grabadas de la frecuencia de la policía). Una ráfaga de ametralladoras alcanzó a Germán Rodríguez, que murió prácticamente en el acto de un tiro en la cabeza.
Martín Villa continuó con normalidad su carrera como político con el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en 1980. Tras la desaparición de la UCD, se unió a las filas del PP para después ocupar cargos tanto en la empresa pública como la privada como presidente de Endesa y después de Sogecable.