El lunes 28 de enero cerca de un centenar de personas procedentes del campo de refugiados libios de Chucha, en el sur de Túnez y a siete kilómetros de la frontera libia, se desplazaron a la capital para expresar su incomprensión ante la negativa a concederles el estatuto de refugiado. Más de 200 personas siguen […]
El lunes 28 de enero cerca de un centenar de personas procedentes del campo de refugiados libios de Chucha, en el sur de Túnez y a siete kilómetros de la frontera libia, se desplazaron a la capital para expresar su incomprensión ante la negativa a concederles el estatuto de refugiado. Más de 200 personas siguen en el campo sin estatuto jurídico, a la espera de que se reexaminen sus peticiones de asilo y de reasentamiento por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR).
A su llegada a Túnez, los manifestantes se dirigieron a la plaza de los Derechos Humanos y desplegaron pancartas en las que se podía leer: «Même guerre, même réfugiés, même statut» o «We are all from Libyan crisis». La policía intervino e hizo evacuar el lugar, pero un gran número de personas decidieron concentrarse ante la sede de ACNUR en la capital tunecina.
El campo de refugiados de Chucha fue creado el 24 de febrero de 2011 y por él pasaron varios centenares de miles de refugiados durante la guerra de Libia. Poco después de su construcción sufrió una grave crisis asistencial ante la cual la sociedad civil se movilizó aportando todo tipo de ayuda, esencialmente ropa y comida. Las asociaciones Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch denunciaron en junio del 2011 las condiciones de acogida de los refugiados en el campo así como los incidentes entre el ejército tunecino, la guardia nacional, los refugiados y los habitantes de la ciudad vecina de Ben Guerdane, que habían dejado seis muertos en mayo de ese mismo año.
A finales del 2012, y según cifras de ACNUR, 1475 personas seguían viviendo en tiendas alineadas en la arena, tórridas en verano y gélidas en invierno. Se estimaba que entre 300 y 400 de ellas no podrían ser reasentadas en terceros países. Según declaraciones de Ursula Schulze , representante de la Agencia de las Naciones Unidas en Túnez «solo la protección internacional es un derecho, pero no el reasentamiento». Cada país candidato es soberano para fijar el número de refugiados a los que acepta dar asilo y qué nacionalidades acepta. Cabe añadir que el programa de reasentamiento finalizó el 1 de diciembre del 2011, por lo que todos aquellos que llegaron al campo con posterioridad a la fecha límite no pudieron ni siquiera acogerse a ese derecho. Esta medida parece estar relacionada con el efecto llamada al que Schulze aludió al referirse a supuestos falsos refugiados que llegaron a Chucha con el objetivo de partir hacia Europa.
Sin embargo, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) reclama el reexamen de todas las peticiones de asilo que han sido rechazadas, ya que se han detectado innombrables errores en los procedimientos. Además de pedir el reasentamiento de todas las personas que lo han solicitado, insta a los Gobiernos europeos a tomar todas las medidas necesarias para la acogida de los refugiados en Europa. Asimismo el FTDES se ha mostrado enérgicamente en contra de que el ACNUR utilice el efecto llamada para limitar derechos. Nicanor Haon , miembro del Foro y encargado de las cuestiones migratorias, considera absurdo su uso puesto que «aquellas personas que llegaron en barco no pretendían llegar a Túnez. Intentaban alcanzar Lampedusa desde Libia». Además numerosos refugiados llegaron antes de la fecha de finalización del programa de reasentamiento pero no fueron registrados. Otros en cambio se encontraban bloqueados en Libia por el conflicto antes de poder llegar a Túnez. Es más, Haon recuerda los medios que emplearon tanto los países europeos como Estados Unidos en la guerra de Libia y les interroga sobre el coste que supondría «acoger a un puñado de gente que ha sufrido sus consecuencias». Cabe destacar que Francia, que tuvo un rol importante en el conflicto libio, tan solo aceptó acoger a un refugiado. Entre julio y diciembre del 2011 únicamente Bélgica y Noruega aceptaron el reasentamiento de refugiados en sus Estados.
Sin que se haya dado una solución a los habitantes del campo de Chucha que se encuentran sin estatuto jurídico en Túnez o que no pudieron acogerse al programa de reasentamiento, se ha anunciado el cierre definitivo del campo para el mes de junio del 2013. La cocina fue desmantelada a finales del mes de octubre de 2012, y ahora es el turno de las tiendas y de las instalaciones sanitarias. Las personas a las que no se les ha concedido el estatuto de refugiado no tienen acceso a la comida ni a los kits de higiene; aunque por ahora siguen teniendo acceso al agua y al abrigo, la situación es dramática.
La FTDES advirtió de la intención de algunas personas de embarcarse de forma irregular en barcos hacia Europa, con el riesgo que todo el mundo conoce. Ursula Schuze, al ser interrogada sobre el deber humanitario de ayudar a las más de 200 personas que malviven en el campo en pleno desierto, concluyó su respuesta con una lacónica afirmación : «Aquellos que no quieran volver a su país intentarán llegar a Lampedusa con barco. Si tienen suerte, llegaran a Europa. Si no, morirán en el mar». ACNUR insistió en el deber de Túnez de responsabilizarse de los últimos habitantes del campo de Chucha, aquellos cuyas demandas de asilo fueron desestimadas y, los que aún teniendo el estatuto jurídico de refugiado, no han podido ser reasentados en países terceros.
Por su parte, el Gobierno tunecino no pareció acoger esta decisión con entusiasmo. Muhammad Monzer Belghith, representante del Ministerio de Asuntos Sociales, declaró en noviembre del 2011 después de su visita a Chucha y en el marco de una reunión interministerial: «Su presencia [la de las personas sin estatuto jurídico] sobre el territorio tunecino es considerada como irregular y las animamos a aprovechar el programa de apoyo al retorno puesto en práctica por la OIM [Organización Internacional para las Migraciones]». La realidad es que la mayoría de los migrantes no quieren volver a su país y piden que sus dosieres sean reexaminados por ACNUR. Mientras Túnez no disponga de una ley reguladora del derecho de asilo, la agencia de la ONU para los refugiados es la institución encargada del tratamiento de las demandas de los migrantes.
No obstante, cabe destacar algunas iniciativas asociativas que han resultado positivas para un gran número de refugiados. En diciembre del 2012 se iniciaron en las ciudades de Ben Guerdane y Gabes cursos de formación profesional dirigidos a los refugiados residentes en el campo de Chucha y en las zonas urbanas de Medenine y Ben Guerdane. Los cursos financiados por Alemania, forman parte de un proyecto piloto organizado por el ACNUR , el Consejo Danés para los Refugiados y la Agencia Tunecina de Capacitación Profesional. Otro proyecto piloto que ha emanado de la colaboración entre la Media Luna Roja y la Organización Internacional Islamic Relief, combina la formación profesional con el empleo, y se diferencia del anterior por estar dirigido a tunecinos y a migrantes, independientemente de su estatuto jurídico.