Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Un conocido y altamente respetado activista yemení contra los drones [vehículos aéreos sin tripulación (VAST)] fue detenido ayer por funcionarios del Reino Unido en el aeropuerto de Gatwick bajo la ley de «contraterrorismo» de ese país, al que había viajado para hablar en un evento. Baraa Shiban, coordinador de proyectos para la obra benéfica legal Reprieve basada en Londres, fue retenido durante una hora y media e interrogado repetidamente sobre su trabajo contra los drones y sus puntos de vista políticos respecto a los abusos de los derechos humanos en Yemen.
Cuando objetó que sus puntos de vista políticos no eran relevantes para problemas de seguridad, funcionarios británicos del mantenimiento del orden amenazaron con detenerlo durante las nueve horas permitidas por la Ley de Terrorismo del año 2000, el mismo estatuto del que abusaron los funcionarios del Reino Unido el mes pasado para detener a mi compañero, David Miranda, durante nueve horas.
Shiban cuenta su historia hoy en el Guardian, y relata que el funcionario británico le dijo que «me había detenido no solo porque era de Yemen, sino también debido a mi trabajo para Reprieve investigando y criticando la eficacia de ataques de drones estadounidenses en mi país».
La noción de que Shiban planteara algún tipo de amenaza para la seguridad era totalmente absurda. Como el Guardian informó el martes, «visitó el Reino Unido sin incidente alguno durante este verano y testificó en mayo ante una audiencia en el Congreso de EE.UU. sobre el impacto del programa encubierto de drones en Yemen».
Ver el activismo contra los drones como indicador de una amenaza de terrorismo es pernicioso. Como dijo ayer Cory Crider de Reprieve, «si hubiera alguna duda de que el Reino Unido abusa sus poderes de contraterrorismo para silenciar críticos, esto la termina».
Pero percibir a oponentes a los drones como «amenazas» o incluso «adversarios» no es nada nuevo. Documentos de máximo secreto del gobierno de EE.UU. obtenidos por el Guardian del informante de NSA Edward Snowden caracterizan incluso la oposición política y legal más básica a los ataques de drones como parte de «campañas de propaganda» de «adversarios» de EE.UU.
Esa admisión forma parte de una red interna en la web de máximo secreto del gobierno de EE.UU., similar en apariencia, al sitio en línea de Wikipedia. Según una entrevista con Snowden en junio en Hong Kong, los únicos individuos empoderados para escribir esas notas son los que tienen «máxima aprobación secreta y certificados públicos de infraestructura clave», tarjetas especiales de acceso que permiten acceso único a ciertas partes de los sistemas de la NSA. Agregó que esas notas son «revisadas por pares» y que cada modificación hecha es registrada por el usuario.
Una nota específica se refiere a «amenazas a vehículos aéreos sin tripulación». Enumera diversos peligros para los drones estadounidenses, incluyendo «amenazas de defensa aérea», «interferencias con sistemas de sensores de VAST», «tiempo terrestre» y «guerra electrónica empleada contra el sistema de comando y control».
Pero junto a esas amenazas más obvias, convencionales, existe lo que la nota describe como «campañas de propaganda que apuntan al uso de VAST».
Bajo el título «temas de propaganda de adversarios», el documento enumera lo que califica de «ejemplos de temas de propaganda potencial que podrían ser empleados contra operaciones de VAST».
Un ejemplo semejante se titula «Nacionalidad de Objetivo vs. Proceso Debido». Señala:
«Ataques contra personas estadounidenses y europeos que se han convertido en extremistas violentos son frecuentemente criticados por propagandistas argumentando que la acción letal contra esos individuos los priva de debido proceso».
A los ojos del gobierno de EE.UU., «debido proceso» -la idea de que el gobierno de EE.UU. no debería matar a personas lejos de un campo de batalla sin presentar evidencia de su culpa- ya no es un elemento básico del sistema político estadounidense, sino más bien un arma maliciosa de «propagandistas». La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (en inglés American Civil Liberties Union o ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales, entre muchos otros grupos, han planteado exactamente ese argumento contra el programa de ataques con drones de EE.UU. («el asesinato por el gobierno de EE.UU. de los ciudadanos estadounidenses Anwar Al-Awlaki, Samir Khan, y de Abdulrahman Al-Awlaki de 16 años en Yemen en 2011 violaron la garantía fundamental de la Constitución contra la privación de libertad sin debido progreso legal»).
Otro párrafo de la nota de la NSA se queja de que la frase «ataque de drone» es un «término degradante», ya que «implica autómatas irreflexivos sin capacidad de pensamiento independiente» y por lo tanto «puede invocar una reacción emocional». Esto, afirma el documento «es lo que se propone hacer la propaganda».
Aunque en un punto el documento sugiere que alguna oposición a los drones puede provenir de «ciudadanos con legítimas agendas sociales», la sección sobre «temas propagandísticos del adversario» incluye virtualmente cada uno de los argumentos planteados con más frecuencia en EE.UU. contra la política de drones de EE.UU., incluyendo que la amenaza de terrorismo es pequeña en comparación con otras amenazas, que los ataques de drones intensifican en lugar de limitar el riesgo de terrorismo al nutrir el ánimo antiestadounidense, y que los drones matan demasiados civiles.
La nota de la NSA afirma además que «la manipulación de estadísticas» sobre muertes de civiles es un frecuente instrumento de propaganda de «adversarios», citando un estudio que concluyó que aproximadamente 9 de cada 10 víctimas de ataques de drones son civiles. En contraste con semejantes estudios propagandísticos, la nota de la NSA cita un estudio de la New America Foundation que concluye que «los civiles representan cerca de un tercio de los muertos».
También se incluye en la sección más amplia sobre «amenazas» a los drones varias demandas legales presentadas por la ACLU y el Centro por Derechos Constitucionales, informes de grupos de derechos humanos como ser Amnistía Internacional y Human Rights Watch, e investigaciones de las Naciones Unidas sobre la legalidad de los ataques de drones.
EE.UU. ha denunciado previamente a oponentes a los drones como adversarios de EE.UU. e incluso simpatizantes de los terroristas. En 2011, el Buró de Periodistas Investigadores publicó un estudio documentando numerosas muertes de civiles en Pakistán durante el mismo período para el cual John Brennan, entonces principal consejero de contraterrorismo de la Casa Blanca y ahora director de la CIA, había afirmado falsamente que no hubo semejantes muertes. Informes subsiguientes probaron además la evidente falsedad de las declaraciones de Brennan.
No obstante, un artículo del New York Times sobre ese informe del Buró concedió anonimato a un «alto funcionario del contraterrorismo estadounidense» para decir: «Hay que preguntarse por qué un esfuerzo que ha perseguido con tanto cuidado a terroristas que conspiran para matar civiles se ha sometido a tanta desinformación». El funcionario anónimo agregó: «No nos hagamos ilusiones, hay una serie de elementos a los que nada les gustaría más que difamar esos esfuerzos y contribuir al éxito de al Qaida».
Ante esas acusaciones anónimas exteriorizadas por el New York Times, el experiodista del Washington Post, John Hanrahan, criticó al NYT por otorgar anonimato a semejantes insinuaciones venenosas y escribió que los periodistas del Buró que documentaron muertes de civiles por drones de EE.UU. estaban «siendo calumniados por funcionarios anónimos del gobierno de EE.UU., que incluso los han acusados de simpatizar con al Qaida».
Estos últimos documentos sugieren que temas semejantes son dominantes en agencias de seguridad nacional del gobierno de EE.UU., donde por lo menos algunos funcionarios ven a oponentes de los drones como propagandistas y adversarios de EE.UU. El hecho de que alguien como Baraa Shiban sea detenido bajo una ley sobre el «terrorismo» por funcionarios del Reino Unido y amenazado con una detención prolongada si se niega a ser interrogado sobre sus puntos de vista políticos y su activismo contra los drones refleja la misma patología.
También ayer, el gobierno de Obama volvió a negar la visa a un abogado paquistaní que trabaja con Reprieve, Shahzad Akbar, quien representa a familiares de víctimas muertas por drones estadounidenses y está demandando al gobierno de EE.UU. afirmando que los asesinatos por drones son ilegales.
Como dice Reprieve, al negar una vida a Akbar, el gobierno de Obama logró «impedir que hablara en el Congreso sobre de drones de la CIA la próxima semana», a lo que había sido invitado por miembros de la Cámara para que testificara. Reprieve agregó: «Antes de 2010, el señor Akbar viajaba regularmente a EE.UU. No fue hasta 2011, cuando comenzó a representar a víctimas de los ataques con drones de la CIA, que el señor Akbar comenzó a tener significativas dificultades para obtener una visa de EE.UU.»
El gobierno de EE.UU. tiene una larga historia de trato de oponentes a los drones como amenazas para la seguridad nacional. En 2012, negó una visa al cineasta Muhammad Danish Qasim, estudiante paquistaní en Ciencias Mediáticas en la Universidad Iqra. Había realizado un corto filme titulado «El otro lado», una narrativa de 20 minutos de duración que «se desarrolla alrededor de la idea de la evaluación de los efectos sociales, psicológicos y económicos de los drones sobre la gente en áreas tribales de Pakistán». La película destaca el dolor y los estragos infligidos a niños sobrevivientes y otros parientes de víctimas de drones. La negación de visa significó que se le impidió recibir el Premio del Público al Mejor Filme Internacional en el Festival Nacional de Cine para Jóvenes de Talento de 2012, realizado anualmente en Seattle, Washington.
Para la mayor parte del mundo, la oposición a los drones es la norma. Un sondeo Pew de 2012 mostró una abrumadora oposición en casi todos los países encuestados. Pero para EE.UU. y sus leales sirvientes llamados «funcionarios del Reino Unido», semejantes puntos de vista reflejan evidentemente amenazas a la seguridad nacional o incluso, en Londres ahora, sugieren «terrorismo».
Publicado originalmente en: The Guardian
Glenn Greenwald es un ex abogado constitucionalista estadounidense, columnista, bloguero y escritor. Greenwald trabajó como abogado especializado en derechos civiles y constitucionales antes de convertirse en un colaborador de Salon.com , donde se centró en el análisis de temas políticos y jurídicos. Ha colaborado también con otros periódicos y revistas de información política como The New York Times, Los Angeles Times, The American Conservative, The National Interest, In These Times. En agosto de 2012, dejó Salon.com para colaborar con The Guardian.
rCR