La única sorpresa que trajo el fracaso del Comité Unido Selecto para la Reducción del Déficit o el «súper-comité», para acordar cualquier plan con vistas a reducir en $1.2 trillones la deuda nacional, es que nadie quedó sorprendido. Seamos honestos. El súper-comité estaba condenado desde el inicio, y fue, en primer lugar, un error crearlo. […]
La única sorpresa que trajo el fracaso del Comité Unido Selecto para la Reducción del Déficit o el «súper-comité», para acordar cualquier plan con vistas a reducir en $1.2 trillones la deuda nacional, es que nadie quedó sorprendido.
Seamos honestos. El súper-comité estaba condenado desde el inicio, y fue, en primer lugar, un error crearlo. Tal como observara correctamente Newt Gingrich, en una de esas raras veces que ha tenido la razón en algo «Es la idea más tonta que se le ha ocurrido al Congreso en los años que tengo».
Están aquellos, y soy uno de ellos, que cuestionan su constitucionalidad misma. ¿En qué parte de la constitución se le concede al Congreso la autoridad para darle a solo 12 de sus miembros poderes plenipotenciarios para reunirse en secreto y diseñar un plan para recortar $1.2 trillones del presupuesto, que luego todos los congresistas deben aprobar, o no, sin posibilidad de modificar? ¿Dónde? En ninguna parte.
Pero aun si fuera constitucional, sus probabilidades de éxito eran nulas. La misma resistencia entre los republicanos a cualquier aumento en las rentas públicas existía ya antes de que se formara el comité, y no iban a cambiar de idea porque alguien rociara su polvo mágico sobre el súper-comité.
En la víspera de su disolución, escuchamos tres teorías acerca del comité. Todas falsas. Primera, las cosas habrían sido distintas si sólo el presidente Obama hubiera tomado parte en las negociaciones. Habladurías. Este era un comité del congreso, creado mediante legislación especial con 12 miembros, seis representantes y seis senadores, con una misión específica y una fecha límite. No había silla disponible para Obama o cualquier otro miembro del gobierno. Por ley, decidir una fórmula para recortar $1.2 trillones de la deuda nacional era tarea del Congreso y este no pudo completarla.
Segunda teoría: los republicanos, guiados por el senador de Pennsylvania Pat Toomey, abandonaron su tozuda oposición a nuevos impuestos y ofrecieron un plan de «buena fe» para mejorar las rentas públicas. Más habladurías aun. El plan de Toomey no era más que una artimaña. De seguro, durante la próxima década, recaudaría $290 millones en nuevos ingresos al erario limitando deducciones sobre el interés hipotecario, donaciones caritativas e impuestos estatales y locales. Pero, por vez primera, también requeriría de los trabajadores norteamericanos que pagaran impuestos por los servicios médicos que proporcionan sus empleadores. Y, en vez de eliminar esas reducciones de impuestos a los más ricos, que fueron obra de Bush, reducirían más aun sus tasas de impuestos, cancelando cualquier ingreso a la renta pública.
Tercera ronda de habladurías: ambos partidos comparten la culpa por el fracaso del súper-comité. Este es el globo más grande de los tres. Un solo partido es responsable del fracaso, y no es el Demócrata. A diferencia de los republicanos, los demócratas llegaron al súper-comité dispuestos a negociar. Pusieron en la mesa casi $1 trillón en reducciones de gastos, algunos a programas ha tiempo sacrosantos a ese partido. Todo lo que pidieron a cambio fue que los republicanos aceptaran eliminar los recortes de impuestos de Bush. Lo cual, una vez más, se negaron a hacer -aunque muchos de ellos los aprobaron, en el 2001, sólo como medida temporal, a fin de enfrentar lo que en aquel entonces era (gracias a Clinton) un pronunciado excedente.
No hay dudas de que las suspensiones de impuestos a los más ricos han contribuido a nuestra elevada deuda. Según el Instituto de Política Económica, los recortes de Bush añadieron $2.6 trillones a la deuda nacional entre 2001 y 2010, 50 por ciento del total de la deuda acumulada durante ese período.
Así que, ¿por qué se resisten los republicanos a lo que debería ser parte de cualquier solución equilibrada para equilibrar el presupuesto? Porque 279 miembros del Congreso -238 representantes y 41 senadores- han firmado un compromiso con el lobista Grover Norquist, jefe de Americans for Tax Reform (Norteamericanos por la Reforma de Impuestos), que nunca votarán por lo que pudiera ser considerado un aumento de impuestos en cualquier forma. De ningún modo o manera. Ni siquiera para financiar una guerra en el extranjero.
Es hora de que alguien cuestione las prioridades de esos 279 miembros del congreso. ¿A quién sirven -al pueblo norteamericano o a Grover Norquist? Dada su resistencia a comprometerse con el erario público, su lealtad a un poderoso lobista de Washington es superior a su compromiso por trabajar por lo que es mejor para la nación, lo cual viola el espíritu, si no la letra, del juramento que tomaron de sostener y proteger la Constitución de los Estados Unidos. El pueblo norteamericano merece algo mucho mejor.