Costa de Marfil se recupera gradualmente de los sangrientos acontecimientos de la crisis postelectoral de 2010-2011, pero las masacres en el occidente del país y el frecuente tronar de las armas en Abiyán, la capital económica, dan cuenta del largo camino que falta recorrer.
Más de un año después de que Alassane Ouattara asumiese como presidente, es común ver hombres fuertemente armados en las calles de esta sureña ciudad y en otras partes de las regiones occidental, central y oriental del país.
En Abobo, Adjamé y Yopougon, tres grandes distritos de Abiyán, soldados de uniformes variados -presentados por las autoridades como combatientes desmovilizados o efectivos del ejército regular- controlan el tráfico y llevan a cabo chequeos de rutina.
Pero estos soldados también perturban a los residentes de esas zonas, con su uso incontrolado de las armas. Por ejemplo, el 24 de julio hubo una confrontación entre la policía militar y miembros de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI), el ejército regular, que dejó tres muertos.
Y en marzo anterior, un joven fue asesinado en la calle en las mismas áreas, por soldados que le reclamaban 600 francos CFA (1,20 dólares).
El 27 de julio, durante un control de tráfico en Yopougon, efectivos de las FRCI dispararon contra un taxi cuyo conductor se había negado a cumplir sus órdenes. Tres pasajeros resultaron con heridas de gravedad, según testigos.
Dos días después, en Abengourou, en el oriente del país, hombres armados dispararon contra otro taxi. Hubo cinco víctimas, indicaron fuentes hospitalarias.
Estos combatientes llevan a cabo redadas sistemáticas, realizan arrestos y detienen a personas durante extensos períodos, según la Liga Marfileña de Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede en Abiyán.
«Lo preocupante es que estos soldados no parecen responder a una cadena de mando. Sus acciones ya no pueden considerarse incidentes aislados, dado que han ocurrido reiteradamente», dijo René Hokou Legré, presidente de la Liga.
Desde diciembre de 2011, muchos culpan a las FRCI y a los «dozos» -cazadores tradicionales que apoyan al ejército regular- de asesinar a personas inocentes.
En diciembre pasado, las FRCI mataron a seis personas tras un altercado entre un soldado y un civil en Vavoua, en la región centrooccidental del país. Una semana después, los soldados asesinaron a cuatro más en la sureña localidad de Sikensi, en circunstancias casi idénticas.
A mediados de febrero de este año, las confrontaciones entre las FRCI y los habitantes del oriental condado de Arrah dejaron una decena de muertos, principalmente civiles. Miembros de la comunidad reclaman ahora que los soldados abandonen el área.
«Todos deben entender que la justicia por mano propia es inaceptable en un estado de derecho. Recurrir a las autoridades legales sigue siendo la manera legítima de resolver todas las diferencias, sin importar su naturaleza», dijo Yacouba Doumbia, presidente interino del Movimiento Marfileño por los Derechos Humanos, con sede en Abiyán.
El incidente más preocupante tal vez sea el que tuvo lugar el 20 de julio en la occidental localidad de Duékoué.
En una aparente represalia por el asesinato de cuatro personas durante un robo en un barrio de la etnia malinké, un grupo lanzó un ataque contra un campamento de desplazados habitado mayoritariamente por miembros de la comunidad guéré. Según datos oficiales, murieron 11 personas, varias de ellas baleadas.
Las organizaciones de derechos humanos culparon a los cazadores tradicionales dozo, a los soldados de las FRCI y a la falta de respuesta de los cascos azules apostados en el lugar.
El ministro de Defensa, Paul Koffi Koffi, dijo el 22 de julio en la televisión nacional que exintegrantes de una milicia que apoyaba al expresidente Laurent Gbagbo vivían en el campamento, y que salían de allí con regularidad para cometer abusos.
El politólogo Marcellin Tanon, radicado en Abiyán, dijo que percibe una especie de «falta de atención» de parte de las autoridades.
«Cada vez, el gobierno intenta justificar actos abusivos y les quita culpa a las Fuerzas Armadas. Así que los soldados actúan con total impunidad, y los hechos ocurridos en Duékoué deben considerarse la culminación de una serie de impunidades», sostuvo.
Tanon cree que esta situación se debe al fracaso de un proceso de desarme de combatientes en varios conflictos, que se remontan a la rebelión de 2002 que dividió al país durante casi una década.
También piensa así Maurice Zagol, otro cientista político radicado en Abiyán. «El problema que presentan estos soldados, que ayudaron al presidente Ouattara a llegar al poder, es complejo. Emplear la fuerza para combatirlos abrirá el camino para otra rebelión», dijo a IPS.
«Todavía debemos llevar a cabo un completo desarme de excombatientes, porque a largo plazo tenemos que temer que la población se harte y empiece a dudar de la legitimidad del nuevo régimen», dijo Zagol.
Entrevistado por teléfono, Léon Allah, portavoz del Ministerio de Defensa, insistió en que el alto comando del ejército estaba tomando todas las medidas necesarias para resolver el problema de la circulación de armas y la fuerte presencia de soldados en las calles.