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Un contexto en que la impunidad de los crímenes cometidos desde 1959 contra los Tutsi en Ruanda es considerada una de las causas del genocidio

Los tribunales «gacaca»

Fuentes: Viento Sur

«¿Cómo administrar esta memoria del genocidio considerando, primero, los horrores, y segundo, que estos horrores no habían sido dichos?» José Kagabo Por la mañana de un jueves de octubre de 20071, en la oficina del Sector de Kanyinya, se prepara la sesión semanal de la gacaca. Los jueces revisan los dossiers, el Servicio nacional de […]

«¿Cómo administrar esta memoria del genocidio considerando, primero, los horrores, y segundo, que estos horrores no habían sido dichos?» José Kagabo

Por la mañana de un jueves de octubre de 20071, en la oficina del Sector de Kanyinya, se prepara la sesión semanal de la gacaca. Los jueces revisan los dossiers, el Servicio nacional de prisiones ha trasladado su lote de presos, en uniforme rosa, convocados para los procesos del día como acusados o como testigos. También están ahí los demás actores: los antiguos milicianos Interahamwe hoy arrepentidos y libres2; mujeres, muchas mujeres, llamadas en su mayor parte para testimoniar sobre las actividades de los acusados durante el genocidio; y los supervivientes. Su número se reduce, según los procesos, a dos o tres viudas. Los asistentes afluyen con cuentagotas, se forman grupos, sentados en la hierba, protegidos por los coloreados paraguas de las mujeres o por la sombra frágil de un viejo árbol. En este pequeño gentío, abigarrado pero silencioso, nada deja presagiar la gravedad de los hechos que van a ser examinados cuando haga su entrada el tribunal. Los turistas que pasan de excursión de camino al parque natural de los Virunta -donde viven una parte de los últimos gorilas de montaña- se llevan, de esta visión fugaz al borde de la carretera, una foto pintoresca, una imagen bucólica, una instantánea simpática del encuentro africano.

Sin embargo, hoy se prepara el proceso a trece hombres, todos acusados de participación en el genocidio. Una de las dos únicas supervivientes del grupo de Nyarumama espera conocer las circunstancias de la muerte de su marido. Está sentada en el banco de los demandantes, a la izquierda de la mesa central donde se reúnen los siete jueces del tribunal. Enfrente los acusados, todos libres, tan numerosos hoy que apenas caben en el banquillo. Los jueces hacen su aparición, con un pañuelo con los colores de la bandera nacional alrededor del pecho. Los asistentes se levantan, la sesión se abre con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio. Ese día los procesos se encadenan durante siete horas, descubriendo la intimidad de la masacre, la complejidad de las relaciones sociales y familiares engendrada por las estrategias de defensa o de acusación de unos y otros, la dificultad de establecer los hechos, el ejercicio peligroso del derecho aplicado por ciudadanos no juristas.

Estos miles de tribunales a cielo abierto encarnan las múltiples facetas de la política de reconciliación nacional en Ruanda, donde la exigencia de justicia y el imperativo de coexistencia social no parecen de entrada contradictorias. Más allá de su vocación judicial y reconciliadora, los tribunales gacaca resultan ser también una empresa historiográfica del genocidio. Los decenas de miles de procesos que han tenido lugar entre marzo de 2005 y diciembre de 2007 han sacado a la luz la realidad del crimen a escala local. Por primera vez desde 1994, la población está siendo invitada a reconstruir con todo detalle las escenas de las masacres y saqueos, llevados a cabo con unas formas particulares, presentadas como el resurgimiento de un modelo tradicional. La originalidad de la política de justicia en Ruanda tiene su origen en la singularidad del propio genocidio: planificado dentro de la jerarquía militar y política, su ejecución requirió la participación de la población en proporciones considerables3. Esta característica engendra por consiguiente un contencioso judicial sin precedentes. ¿Cómo juzgar al conjunto de responsables y ejecutores del genocidio? ¿Y cómo asegurar las condiciones de una coexistencia no violenta entre víctimas y verdugos? ¿Y todavía más, cómo establecer, por medio del descubrimiento de la verdad conseguida en los procesos, un relato histórico común de la catástrofe que sea una revisión completa del relato nacional? A estas cuestiones se enfrenta la sociedad ruandesa tras el genocidio. Las vías elaboradas para responderlas ponen por delante el imperativo judicial frente a cualquier forma de amnistía, que sería percibida como una prolongación de la impunidad4, analizada por su parte como uno de los factores decisivos que condujeron al genocidio de abril de 1994.

La atención concedida al aspecto judicial de la reconciliación encuentra expresión normativa en la primera Ley Orgánica del 26 de enero de 2001, que supuso la creación y organización de los tribunales gacaca. Otras dos Leyes posteriores, de junio de 2004 y marzo de 2007, disponen la organización de estos tribunales. Priorizan los procedimientos de confesión y los alegatos de culpabilidad y fomentan la aplicación de penas alternativas a la cárcel5. Hay que analizar por tanto la institución de los tribunales gacaca como un elemento central de la política nacional de reconciliación. Forman parte además de un dispositivo más amplio, en el que la vuelta al pasado constituye una referencia fundamental. A la escala más reducida de los procesos propiamente dichos, los diferentes actores (jueces, acusados, víctimas y testigos) interpretan de forma compleja las consignas de la política nacional. Así, las vehementes discusiones que tienen lugar a veces entre el tribunal de la gacaca y los supervivientes, sobre el objetivo de los juicios -entre el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y el cuidado por establecer los hechos de la forma más objetiva posible, que incluye dar crédito a la palabra del acusado (sesión Kanyinya, 8/11/07)- muestran interpretaciones divergentes de la exortación a la reconciliación. Lo mismo ocurre con las demandas de perdón más o menos estereotipadas de los acusados, preocupados por cuidar de su suerte ante el tribunal.

Castigar el crimen: un imperativo jurídico e histórico

El acento dado al aspecto judicial de la reconciliación nacional en Ruanda después del genocidio es resultado de un doble imperativo, a la vez jurídico e histórico. La misma naturaleza del crimen cometido requiere una respuesta de tipo judicial, de la que es testimonio a escala internacional la puesta en pie del TPIR [Tribunal Penal Internacional para Ruanda] en noviembre de 1994. Este Tribunal se encarga de perseguir y juzgar a los principales instigadores del genocidio, por lo que su actividad resulta marginal respecto a la masa de ejecutantes implicados en el mismo6. Su impacto sobre la reconciliación nacional está también sujeta a caución, en la medida en que su trabajo es poco conocido en Ruanda7. El trabajo del TPIR, cuyas competencias se reducen a la persecución y el juicio de los grandes responsables políticos, militares o mediáticos, interfiere poco en las actividades de los tribunales gacaca. En fin, el interés por el TPIR disminuye a medida que se acerca el final del plazo de su mandato, a finales de este año.
Por otra parte, una de las justificaciones para la puesta en pie de los tribunales gacaca consiste en la voluntad proclamada de erradicar la «cultura de la impunidad». La Ley del 20 de mayo de 1963 es clarificadora de este punto de vista. Esa Ley otorgó la amnistía a todos los autores de los crímenes cometidos en 1959 y presentó las masacres cometidas contra los Tutsi como un acontecimiento fundamental en la lucha por la independencia del país. Fue el acto fundacional de una «cultura de impunidad» alimentada desde la independencia y que perduró hasta el genocidio de 1994, con formas más o menos atenuadas8. La implantación de los tribunales gacaca vino a romper con prácticas que tendían a legitimar las masacres. Este es también un leitmotiv en las declaraciones tanto de presos como de supervivientes, o incluso de los jueces de gacaca. Un detenido de la prisión central de Kigali interrogado en 2004 da cuenta de la banalización de los crímenes cometidos contra los Tutsi: «Tenemos confianza en gacaca. El pueblo humilde ha sido manipulado, era una costumbre hacer matanzas, no se pensaba que habría persecución por ello» 9. Otro eco, cuando en un proceso un juez interroga a un acusado: «No tenías miedo, no sabías que llegaría este momento de estar ante nosotros, y tampoco podías saber que llegaría el momento en que serías interrogado» 10. La lucha contra la impunidad muestra así en parte la dimensión punitiva de los tribunales gacaca.

El recurso a la tradición como crisol de la unidad nacional

Los tribunales gacaca son presentados como el resurgimiento de un modelo «tradicional» de arreglo de conflictos. Aunque están muy alejados de sus antepasados, tanto por los crímenes que abordan como por los muchos aspectos tomados del ritual judicial moderno. Sin embargo, este recurso al argumento de la tradición no es un simple invento. No sólo corresponde al gusto de los donantes de fondos por reactivar los llamados mecanismos «tradicionales» para resolver conflictos, sino que forma parte de un proceso general de redefinición de la historia nacional ruandesa. Desde la toma del poder por el Frente patriótico ruandés en julio de 1994, las nuevas autoridades ruandesas vienen desarrollando su propio análisis del pasado y lo quieren imponer por diversos medios (la educación nacional, los campos de solidaridad, los medios de comunicación, el Día de los Héroes). La desaparición de cualquier referencia étnica en la vida pública, la condena del «divisionismo» y de la «ideología genocida» forman parte del arsenal retórico y político puesto en pié para yugular el espectro de la división étnica que llevó al genocidio. La división inculcada por el colonialismo hizo estallar la unidad originaria de Ruanda y de su pueblo. El gobierno ruandés preconiza actualmente un nacionalismo que bebe en la fuente de la unidad. En este contexto, la «tradición» encarna el crisol inmemorial de la nación ruandesa, susceptible de aportar una solución a las trágicas divisiones de la historia. En el plano nacional, los tribunales gacaca forman parte del proceso de gestación de un nuevo relato nacional, en el que ocupa un papel vertebrador la tradición ruandesa del pasado precolonial.
Modelados por una tradición idealizada y magnificada, los tribunales gacaca se ven sin embargo confrontados en su funcionamiento concreto a la modernidad del crimen de genocidio. La vuelta al pasado se libera entonces de las asépticas consignas sobre la reconciliación nacional, puesto que debe evocar el recuerdo del racismo étnico, la descripción de la masacre, las condiciones de la supervivencia.

El genocidio en los procesos

Por primera vez desde 1994, todos los actores sociales están reunidos para recordar los acontecimientos. Con sus voces, sus preguntas, sus declaraciones, va tomando forma el mosaico de la historia del genocidio. Durante los procesos, las técnicas de movilización de los asesinos, las prácticas de asesinato, las formas de resistencia presentan características comunes de uno lugar a otro del país. La progresiva-y muy laboriosa- actualización de los hechos funde el magma de las historias individuales para hacer advenir una historia colectiva del genocidio. Se presentan a continuación algunos de los rasgos más significativos de los procesos seguidos en 2006 y 2007.

Los grupos de atacantes

Cuando el secretario de la gacaca procede a la lectura pública del dossier del acusado, enumera los crímenes de que se le acusa. En los casos observados, se trata casi exclusivamente de participación en grupos de atacantes. Las masacres fueron ejecutados colectivamente y la tarea de los jueces consiste en definir el papel preciso del acusado dentro de su grupo. Parece ser que el número de miembros fue bastante elevado en la medida en que para cada uno de los «ataques» se pide al acusado que denuncie a sus «cómplices», muchas veces presentes en las sesiones. Según los testimonios, estos «ibitero» se constituyen dentro de cada grupo. Parecen operar de manera diferente según los casos.

En primer lugar, los ataques pueden haberse dirigido contra los establecimientos escolares o religiosos en los que se refugiaron los Tutsi. Tal es el caso de un proceso que tuvo lugar en Kanyinya (8/11/07). Dos hombres fueron acusados de haber tomado parte en un ataque contra un refugio religioso en el que resultaron muertas unas 2000 personas. Durante los interrogatorios que siguen a la lectura de confesiones muy circunstanciales, nos enteramos de cómo se desarrolló el asalto. El ataque fue progresivo, y el número de asesinos crece durante su desarrollo, con los refuerzos de Interahamwe venidos de otros municipios. Los dos hombres en cuestión fueron los primeros en lanzar el ataque a pedradas. En Mugonero (23/10/07), dos acusados fueron reconocidos culpables del asesinato de un centenar de personas durante los ataques masivos lanzados en las colinas vecinas y en Murambi, en la prefencura de Gikongoro12. Otros testimonios revelan la importancia de la delación en la decisión de ir a «atacar». Así, en Kibuye (10/10/06), un testigo cuenta los rumores que llevaron a dos grupos de asesinos a su casa donde efectivamente se escondían Tutsi. También en Butamwa (4/10/06) corre el rumor de que el alcalde, que tiene una mujer tutsi, esconde a gente. Parece así que los grupos se desplazan en función de informaciones desgranadas al hilo del rumor delator. Las denuncias activan numerosos ataques contra los domicilios de quienes esconden a Tutsi, o los lugares en que se pueden esconder, por ejemplo en la maleza o la marisma. En Butamwa, dos personas refugiadas en un platanar fueron descubiertos por un campesino que dio la alerta gritando y enviando a un vecino a buscar «refuerzos». Los grupos no sólo están compuestos por Interahamwe, sino también por muchos campesinos movilizados camino del ataque. En Butamwa (4/10/06), de nuevo, uno de los hombres presentes en el momento de crimen de estas dos personas cuenta como fueron de casa en casa para reunir al grupo que debía cercar a sus víctimas antes de matarlas. Un procedimiento idéntico se describe en Kanyinya (5/10/06), donde se puede ver cómo se inician los ataques: un silbido señala la presencia en el valle de un Tutsi a abatir, los efectivos del grupo aumentan durante la persecución. También se cuenta la forma en que se organizaron las famosas barreras, que cortaron hasta los menores caminos de Ruanda durante el genocidio. En un proceso se informa de las circunstancias de la muerte de 53 personas, entre ellos muchos niños, en una barrera (Kanyinya, sesión del 5/10/05). Investigando con detalle las circunstancias de la muerte de las víctimas, el trabajo de los gacaca permite comprender la diversidad de formas de movilización y el funcionamiento de los «ibitero», bosquejados aquí a grandes rasgos.

Las formas de participación en el genocidio

Los procesos se basan, como ya se ha dicho, en el examen de las confesiones de los acusados. La mayor parte confiesa una participación directa en la masacre, pero también hay cómplices de crímenes y el proceso permite matizar los grados de participación. El procedimiento de los gacaca presta una atención particular a la «complicidad», una noción examinada al mismo nivel que el asesinato. Así, en Kibuye 810/10/06), uno de los acusados acaba por reconocer su complicidad en el asesinato de un muchacho, al que cerró el paso cuando intentaba huir del grupo que le perseguía.
Otro proceso, en un barrio de Kigali, muestra otra forma de participación. En Kagarama (14/10/06), una mujer es la principal acusada del proceso. Mientras los otros acusados han presentado unas confesiones bastante circunstanciales, ella proclama su inocencia. Durante el genocidio, su casa y su tienda eran un lugar de cita para los Interhamwe. Se le acusa de haberles animado a participar en el genocidio. Durante la sesión, muchos testimonios la presentan como una de las instigadoras del genocidio en el grupo. El antiguo consejero de sector afirma incluso que ella vendía machetes desde 1990. Otros dicen haberla visto entrenarse con militares. Su sistema de defensa consiste en negarlo todo, aunque acaba por confesar que quienes estaban en su casa saquearon y mataron. Ella no ha participado en los ataques, nadie puede testimoniar su presencia. El caso de esta mujer muestra la extrema complejidad de los grados de participación en el genocidio y la dificultar para determinarlos con precisión.
En el ya citado proceso de Butamwa, los jueces interrogan a acusados y testigos sobre el autor de los gritos que alertaron a los asesinos de la presencia de Tutsi en el platanar. También en esta ocasión la búsqueda de las responsabilidades no se limita al asesinato, sino que intenta restablecer el conjunto de formas de participación en el genocidio.

Las resistencias

Uno de los aspectos más interesantes de los procesos gacaca es el descubrimiento de muchas formas de resistencia al genocidio. En primer lugar, aparecen públicamente en los procesos los intentos fracasados o exitosos de salvación de Tutsi por sus vecinos Hutu. Puede tratarse de una cuestión delicada en aquellos casos en que las salvaciones son contadas por los mismos que reconocen su participación en las masacres13. Aunque es difícil obtener estadísticas fiables sobre esta cuestión, la asociación de supervivientes, Ibuka, elabora actualmente una lista con el censo de las personas que salvaron a Tutsi en peligro de muerte. En la sesión de Kibuye aparecieron dos casos en que los testigos informaron que escondían niños que acabaron por ser descubiertos y asesinados. El relato de un testigo es bastante ilustrativo. Fue molestado por un grupo de asesinos que le amenazó con matarlo a su vez. Otro grupo intervino en su favor ante el Mayor y finalmente salvó la vida. Estos casos particulares muestran no sólo las capacidades de resistencia a la ideología ambiente durante el genocidio, sino también la fuerza de la coacción. Muestran también la contingencia: el testigo de Kibuye debe su vida al hecho de que el otro grupo de asesinos se reconociera como Hutu. De igual manera, un habitante de Mugonero14 cuenta que debe su vida al hecho de haber sido reconocido por Hutu por los asesinos que sin embargo ignoraban su intento de salvar a una mujer y a sus dos hijos. En Kigali, una mujer acude a presentar ante el tribunal de Niboye (13/10/07) el relato de la salvación de varios de sus vecinos Tutsi. Los supervivientes están ahí para testimoniar su gesto.
Los procesos muestran también los intentos de algunos ediles locales para yugular la violencia en su municipio. Así, en Butamwa, los testimonios aportados por los acusados muestran que el alcalde de entonces intentó mantener la calma en su localidad antes de ser desbordado por los elementos extremistas encuadrados en las milicias Interahamwe o Impuzamugambi15. Este intento de resistencia por parte de las autoridades locales16 no constituye un caso aislado. Scott Strauss lo muestra en varias ocasiones, sobre todo en Musambira17.
En fin, algunos procesos aportan precisiones sobre los actos de resistencia de las víctimas, que en ocasiones intentan defenderse de los ataques. Estos intentos de resistencia provocan un redoblamiento de la violencia por parte de los atacantes. Los ataques toman entonces un carácter más masivo y reagrupan a responsables políticos locales, militares y milicias, secundados por los campesinos.

Conclusión

En el momento en que concluyen los últimos procesos y el Servicio nacional de los tribunales gacaca se dispone a clausurar sus actividades, el trabajo de análisis no hace sino comenzar. La masa de archivos producida por estos tribunales ofrece un importante material para la investigación histórica. El trabajo realizado por los tribunales gacaca informa sobre las modalidades de ejecución del genocidio. Permite un acceso a la intimidad del crimen, imprescindible para comprender el acontecimiento. Ruanda ha puesto en pie una empresa compleja de relato judicial de la historia del genocidio que invita a preguntrse por las relaciones entre historia y justicia, en particular cuando estas nociones están llamadas para la definición del diseño político de la reconciliación.

Hélène Dumas es doctorante, becaria en Historia y civilizaciones en la EHESS, bajo la dirección de Elikia M’Bokolo.

Este artículo se ha publicado en el número 53 de la revista Mouvements
http://www.mouvements.info/

NOTAS
1. El análisis que se presenta a continuación se basa en dos encuestas de campo realizadas respectivamente en 2006 y 2007.
2. Dos oleadas de liberación de prisioneros tuvieron lugar por decisión presidencial en enero de 2003 y agosto de 2005. Fueron liberados provisionalmente aquellos detenidos que habían realizado confesiones, los incluidos en procedimientos inacabados y también los detenidos enfermos, ancianos y menores en el momento de los hechos. Unas 50.000 personas se beneficiaron de estas liberaciones provisionales.
3. La evaluación del número de personas implicadas en el genocidio es objeto de fuertes discusiones. El Servicio nacional de tribunales gacaca lo cuantifica en unas 700.000 personas. Scott Strauss evalúa el número de asesinos en unas 210.000 personas. La diferencia entre ambas cifras se debe a que la participación en el genocidio incluye actos de naturaleza diferente y no siempre precisados.
4. La cultura de la impunidad se refiere sobre todo a la ausencia de persecución contra los instigadores y ejecutantes de los pogroms anti-Tutsi que salpican la historia de Ruanda desde 1959.
5. Así, en la última Ley Orgánica del 1 de marzo de 2007, las penas aplicables a cada una de las categorías de culpables giran en torno al ejercicio de trabajos de interés general y a los plazos.
6. Los juicios realizados por el TPIR contribuyen a elevar a escala del Derecho la existencia del genocidio.
7. Ver E. Stover, H.M.Weinstein, My Neighbor, My Ennemy. Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, Cambridge University Press, 2004, pg. 214.
8. Sobre esta cuestión particular, ver el testimonio de un magistrado ruandés, F.-X. Nsanzuwera, «La magistratura ruandesa en el engranaje del poder ejecutivo», CLADDHO, 1993.
9. Entrevista con un prisionero, 23/09/04
10. Gacaca de Sector Mageragere, antiguo municipio de Butamwa, 4/10/06.
11. Ibitero designa al grupo de atacantes y al ataque propiamente dicho.
12. En la noche del 21 al 22 de abril de 1994 fueron asesinados más de 50.000 Tutsi refugiados en los locales de la Escuela Técnica de Murambi. Murambi es hoy día uno de los principales memoriales del país.
13. En una sesión en Kanyinya, el 8 de noviembre de 2007, se presentó el caso del jefe de la barrera de Nyarurama que escondía a Tutsi en su casa. Al ser descubiertos, un hombre le ordenó matarlos. Se negó y recibió una multa por haber escondido Tutsi. Este caso no es aislado, se encuentra con frecuencia en los procesos, aunque no se dispone de cifras al respecto.
14. Entrevista del 8/10/06.
15. Estas milicias agrupan a las juventudes de dos partidos políticos. Los Interahamwe están reclutados entre los jóvenes del MRND, partido del presidente Juvenal Habyarimana. Los Impuzamugambi pertenecen al partido CDR, el más ferozmente extremista.
16. Se cita también el conocido caso del gobernador de Butare que mantuvo el orden en su jurisdicción hasta el 19 de abril, día en que el presidente incitó a la población al ponerse «a trabajar». El gobernador, Tutsi, fue destituído y asesinado junto con su familia ese mismo día.
17. S.Strauss, The Order of Genocide. Race Power and War in Rwanda, Ithaca, Londres, Cornell University Press, 2006, pg. 79-85.