En prácticamente todas las autonomías del estado español, fundamentalmente en Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, continúa la privatización del modelo sanitario, según el informe presentado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública («La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2015»). Los datos del estudio corresponden fundamentalmente a 2013 (algunos también […]
En prácticamente todas las autonomías del estado español, fundamentalmente en Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, continúa la privatización del modelo sanitario, según el informe presentado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública («La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2015»).
Los datos del estudio corresponden fundamentalmente a 2013 (algunos también a 2014), por lo que «previsiblemente se habrán modificado a peor en la mayoría de las comunidades autónomas, ya que ha continuado el impacto de las políticas privatizadoras», señalan los autores del trabajo.
El informe distingue entre autonomías con un elevado grado de privatización (Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares); otras con un «grado intermedio de privatización»: Canarias, País Vasco, Aragón, País Valenciano, Cantabria, Navarra y La Rioja; y comunidades autónomas con un «bajo grado» de procesos privatizadores, como Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el gasto privado sanitario ha aumentado un 7,3% en los últimos años, principalmente a causa de los copagos y los recortes en la sanidad pública (el recorte presupuestario de las comunidades autónomas entre 2009 y 2013 ascendió al 13,7%). El informe constata que el gasto privado aumenta en mayor medida en aquellas autonomías donde más disminuyen los presupuestos públicos.
«Si se deteriora el sistema público se produce un incentivo para que las personas con medios económicos busquen una alternativa en el sector privado», interpretan los autores del estudio. Otra de las tendencias que habitualmente se constata como consecuencia de las privatizaciones es «la gran desigualdad» entre las comunidades autónomas, lo que revela «falta de cohesión» en el Sistema Nacional de Salud.
Las variables analizadas incluyen aspectos como aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de fórmulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Los autores apuntan como limitación la «ausencia de transparencia» de las administraciones autónomas.
Las cinco autonomías con mayor gasto en seguros privados per cápita son Madrid, Baleares, Cataluña, País Vasco y Aragón. En el capítulo de gasto sanitario de bolsillo per cápita, sobresalen las siguientes comunidades autónomas: Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña y Galicia. Otra variable que distingue el informe es el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total. Ocupa la primera posición Cataluña, seguida de Navarra, Canarias, Baleares y Cantabria.
Respecto al porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total, las autonomías que sobresalen son Cataluña, Baleares, Galicia, Canarias y País Valenciano. Por último, el informe evalúa el porcentaje de gasto sanitario dedicado a la concentración con centros privados. En este apartado destacan Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares y La Rioja.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que la tendencia a la privatización viene de años atrás. Poco después de que se aprobara la Ley General de Sanidad (1986), empezaron las señales que apuntaban al modelo privatizador (Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, en 1990, o Informe Abril, de 1991), y que cuestionaban el esquema establecido en la legislación general de 1986. Dependiendo de factores como el color del partido en el gobierno, las privatizaciones en las diferentes autonomías han tenido una «intensidad variable».
En todo caso, «el fenómeno privatizador se profundizó y diversificó a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno central del PP; se ha acentuado en los últimos años, en los que la sanidad pública está siendo sometida a un proceso acelerado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones, desde el gobierno central y las comunidades autónomas», explica el estudio.
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