Mientras los miembros del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), el grupo de militares malíes capitaneados por el coronel Assimi Goita que el pasado martes 18 derrocaron al presidente Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), se afianzan en el poder respaldados por importantes manifestaciones que se realizan en la capital desde que se conoció en movimiento insurreccional, Occidente, en un claro intento de marcar los límites a los coroneles malíes, se apuró a condenar el golpe: Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado norteamericano y la Unión Africana, exigen el retornó de IBK al poder, mientras llegaba a Bamako la de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDAO), encabezada por el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, para discutir con los líderes del levantamiento la nueva situación del país y presionar por la liberación del ahora expresidente IBK y la posibilidad de dar marcha atrás en el proceso iniciado el pasado martes (Ver: Mali, una postal africana) tras advertir la riesgo de sanciones económicas por parte de la CEDAO, cerrándole a Mali, las fronteras comerciales de los miembros del bloque, más allá de lo que puedan decir otros países y bloques regionales. En las conversaciones que se extendieron desde el sábado al pasado lunes, los delegados de la CEDAO no lograron reducir en nada los postulados de los militares, quedando la situación como fue planteada el martes dieciocho.
Por su parte los golpistas también se han reunido con los líderes de la coalición opositora al gobierno de Keïta, englobados en el Movimiento 5 de junio-Concentración de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), que más allá de sus verdaderas pretensiones, dado el apoyo popular que ha recibido el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) tendrán que negociar una salida democrática, que según lo postulado por el CNSP, será un proceso de tres años dirigido por un militar.
El portazo que recibieron los delegados de la CEDAO habrá sonado escalofriante en muchos despachos del poder en Occidente, especialmente en el Eliseo, ya que Francia, tiene demasiados intereses económicos y políticos no solo en Mali, sino también en varios países de la región.
Quizás el primer error de occidente haya sido enviar a la cabeza de la delegación de la CEDAO a Goodluck Jonathan, el expresidente nigeriano, sospechado de importantes delitos fundamentalmente de corrupción, sin conocer con certeza el grado de “pureza” con que los militares pretendan dirigir el país a partir de ahora, diferenciándose del gobierno de IBK, acusado de maniobras fraudulentas a gran escala.
Ahora queda esperar la reacción de los mandos de al-Qaeda y Dáesh, que operan en el norte del país. Quizás alguna de esas organizaciones prefiera bajar su expectativa militar, la máxima de ambas es la de declarar un Estado islámico, y prefiera ganar espacio político en el nuevo gobierno de Bamako, a imagen de lo aplicado por los Hermanos Musulmanes, la organización político/religiosa y militar que ha dado andamiaje político y sustento ideológico tanto a al-Qaeda, como Daesh, que acompañó en Egipto al presidente Mohamed Morsi, lo que saldó con el sangriento golpe de 2013.
Entre las organizaciones integristas que luchan en el norte y los coroneles que gobiernan desde Bamako hay un importante nexo, el imán integrista Mahmoud Dicko, quien había capitalizado las multitudinarias protestas que iniciaron el fin del Gobierno del presidente Ibrahim Keïta y abrieron la puerta al golpe. Sin duda esta posibilidad debe de estar contemplada por los gobiernos con intereses en África Occidental, los que deben estar estructurando una amplia panoplia de respuestas. Aunque si una cosa es segura, sabe Occidente, no puede acorralar a los golpistas, Mali es en país a medio incendiar no se necesita demasiado para extender el fuego más allá de sus fronteras.
Ahora, tras el portazo de la junta militar a la delegación de la CEDAO, se han abroquelado en su “plan de gobierno”, mantener el poder y dirigir un proceso electoral que anuncian se resolverá en tres años, tiempo que gobernaría el país uno de ellos, lo que apuntaría al líder del alzamiento el coronel Assimi Goita, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Autónomas quien recibió entrenamiento en guerra antiterrorista por parte del Comando de África de Estados Unidos (AFRICOM) tal como lo reconoció el Pentágono, además se conoció que el coronel Goita, operó junto con las fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, que “monitorean” las acciones de los grupos terroristas vinculados a al-Qaeda y al Daesh, que desde 2012 comenzaron a expandirse en varios países de África Occidental.
Goita, quien también recibió entrenamiento de Alemania y Francia y participó en varios de los ejercicios militares que anualmente los Estados Unidos realizan junto a ejércitos de la región conocidos con el nombre de Flintlock, ha hecho gran parte de su carrera militar en los desiertos del norte y las ciudades del centro del país, donde la presencia de los grupos integristas es crítica para la seguridad de la región.
Más allá del remezón político es clave cual será el accionar de la nueva cúpula militar frente a la guerra que se libra en el norte del país contra del Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes) o JNIM, tributarios de al-Qaeda y los signatarios del Dáesh o Dáesh en el Gran Sáhara (ISGS) por lo que desde 2012 Francia ha destacado en el norte de Mali 5 mil hombres en la Operación Barkhane, apoyada por otros 3 mil de cinco ejércitos europeos, que en varias oportunidades se han visto sobrepasados por el accionar de los muyahidines, que han rebasado a Níger, Chad y Burkina Faso, donde han abierto frentes muy activos, degradando la seguridad de grandes sectores de esos países generando miles de muertos y cerca de dos millones y medio de desplazados.
¿Efecto dominó?
La inestabilidad en Mali agudiza la situación política de los países de África Occidental que tendrán elecciones antes de fin de año: Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, Guinea y Ghana. La eclosión de la crisis malí ha puesto en atención a los gobiernos de estos países, particularmente a Burkina Faso y Níger, cuyas fronteras con Mali, han sido desbordadas por las khatibas integristas, además de que la corrupción, el constante aumento de la pobreza y los intentos de muchos jefes de gobierno de perpetuarse en el poder, según el informe del Índice de Democracia 2019 de The Economist, más de la mitad de los 55 países del continente africano están gobernados por regímenes autoritarios, han puesto en estado de alerta a muchos grupos opositores de los respectivos gobiernos.
Según la observadora internacional Coupcast, que mide los datos estadísticos que predicen la probabilidad de golpe de Estado de diferentes naciones, tiene a Burkina Faso y Níger entre los diez principales países africanos con probabilidades de sufrir un golpe de Estado.
Aunque en esa dirección uno de los más complicados es Costa de Marfil, cuyo presidente Alassane Ouattara, de 78 años, con el apoyo de Emanuel Macron, anunció en marzo su voluntad de postularse para un tercer mandato con su partido Agrupación de los Hufuetistas para la Democracia y la Paz (RHDP, por sus siglas en francés) en las elecciones del 31 de octubre próximo. Ese anunció generó innumerables protestas en distintos puntos del país las que en tres días de enfrentamientos callejeros provocaron cerca de una docena de muertos y más de cien heridos, mayoritariamente producidos en Divo, una localidad a 200 kilómetros al noroeste de Abidjan.
Se teme que en las regiones del sudeste del país, donde la oposición al presidente Ouattara es más fuerte, se conviertan en ingobernables, provocando una vez más brotes de violencia que sometan al país marfileño a un nuevo baño de sangre como los que de manera intermitente se vienen produciendo desde 2010, tras el fin de la guerra que dejó 3 mil muertos y 300 mil desplazados. Costa de Marfil, que es el mayor productor mundial de cacao y un importante exportador de café, tiene altos niveles de pobreza, por los que casi la mitad de sus 25 millones de habitantes viven con poco más de un dólar al día, mientras su esperanza de vida es de 54 años, el 12% de la población sufre inseguridad alimentaria. El país, de los 189, ocupa el lugar 165 en el índice de desarrollo humano de la ONU de 2019, y el 165 de 189 en el índice de desigualdad de género.
En Burkina Faso, donde las presidenciales y parlamentarias se disputarán el 22 de noviembre, en plena campaña de la violencia extremista desde 2016 que está haciendo estragos particularmente en el norte, cerca de la frontera con Mali lo que obligó a casi un millón de personas a abandonar esa región. El deterioro de seguridad en ese país comenzó tras la renuncia después de casi treinta años de Gobierno del presidente Blaise Compaore en 2014, en medio de un levantamiento popular y un confuso golpe de Estado. Desde 2015 gobierna Roch Marc Christian Kaboré, que tras la postergación de un referéndum de modo indefinido, congeló la situación política, por lo que Kaboré, continuará en el cargo del mismo modo.
En Níger, que también cuenta con una extensa y descontrolada frontera con Mali, las presidenciales se celebrarán el 27 de diciembre, sufre de manera frecuente importantes ataques del grupo Willat Daesh en el Gran Sáhara, que ha desbordado la seguridad, sumado a la depresión económica que agudiza la cuestión social.
En Guinea su presidente Alpha Condé, de 82 años y en el poder desde 2010, se cree que intentará postularse una vez más, al igual Macky Sall presidente de Senegal con sesenta años, un jovenzuelo en comparación de sus colegas, que aspira a un nuevo mandato en 2024, el que podría prolongarse hasta la eternidad, a semejanza Paul Biya, de 87 años, el presidente de Camerún, con 42 años en el cargo.
Ahora para Occidente el peligro no es solo el incendio de Mali, sino la posibilidad concreta que el fuego se expanda a antojo del viento.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.