El gobierno y la sociedad civil de Costa de Marfil discrepan sobre el periodo en que la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en este país africano.
El gobierno marfileño quiere que la CPI indague lo que pasó en los últimos seis meses. En cambio, la sociedad civil pretende que el tribunal internacional se concentre en la última década para lograr una verdadera reconciliación.
«La crisis no comenzó con las elecciones presidenciales de 2010», dijo René Loggré Hokoe a IPS. «Se originó en septiembre de 2002, cuando el fallido golpe de Estado derivó en una revuelta armada», remarcó.
Es fundamental que sean identificados los responsables de los graves delitos cometidos a partir de ese año, sean enjuiciados y castigados, remarcó Hoku, presidente interino de la Liga Marfileña de Derechos Humanos, con sede en Abiyán.
«Si limitamos el alcance de la investigación, estaremos abandonando a todas aquellas personas que murieron en ese periodo», explicó.
Después de tantos años de conflicto, el país no podrá avanzar hacia una verdadera y duradera reconciliación si adopta una visión restringida y selectiva del sufrimiento de la población.
La CPI debe ayudar a la reconciliación del país, coincidió Patrick N’gouan, presidente de la Convención de la Sociedad Civil Marfileña, coalición que reúne a varias organizaciones no gubernamentales.
También «debe evitar una justicia favorable a una de las partes. De lo contrario, se plantan las semillas para otro conflicto como el de 2002», indicó.
Pero el gobierno discrepa con esas opiniones.
«No creo que ahora haya juicios de episodios de hace varios años. Debemos concentrarnos en asuntos recientes y en los que son de actualidad», señaló el portavoz del gobierno Bruno Koné.
«Si vamos a volver al pasado para asignar responsabilidades, entonces tenemos que regresar a los primeros episodios. Es un compromiso difícil de asumir», apuntó.
Pero Koné aclaró que las víctimas de delitos violentos o que hayan perdido su propiedad pueden recurrir a la justicia nacional. «Mientras el delito no haya prescrito, el sistema judicial local puede hacerse cargo de la situación», apuntó.
Para el abogado Abraham Gadji el argumento del gobierno es inconsistente pues «la justicia internacional será autorizada a procesar personas por delitos cometidos durante la última crisis. Y para los episodios ocurridos antes, habrá que recurrir a tribunales locales. Un sistema injusto y restrictivo», explicó.
Para garantizar que se haga justicia para los delitos cometidos entre 2002 y 2010 es necesario elegir entre la CPI o los tribunales de Costa de Marfil, sostuvo. «Se trata de crímenes contra la humanidad y es necesario identificar a los responsables», sentenció. «Ya hay algunos elementos identificados en ciertos casos», añadió.
Gadji mencionó masacres en las aldeas de Guitrozon y Petit Duékoué, en 2005, la muerte de unas 150 personas en una marcha opositora en marzo de 2004, los asesinatos del expresidente Robert Guéï y del ministro del Interior, Boga Doudou, los fallecidos durante la intentona golpista de 2002 y los 57 cuerpos encontrados en una fosa común de Yopougon, al noreste de Abiyán, en 2000.
«Encontramos el momento adecuado y asumimos nuestras responsabilidades. La CPI no nos controla, podemos crear nuestro propio tribunal para que se ajuste a nuestros deseos», indicó Louis André Dacoury-Tabley, exministro e integrante de la rebelión, en una emisora radial de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de este mes.
Pero por lo menos uno de los grupos que representan a las víctimas del fallido golpe de Estado de 2002 rechaza la propuesta de crear un tribunal nacional.
«Al recomendar que la investigación de la CPI se concentre sólo en el periodo de noviembre de 2010 hasta ahora se intenta de imponer una justicia parcial», indicó Kalilou Kamara, integrante del Colectivo de Víctimas del 19 de septiembre de 2002, con sede en Abiyán.