El pasado martes 24 de septiembre, a las 18 horas, en la prisión estatal de Bonne Terre en el estado de Missouri, fue ejecutado Marcellus ‘Khalifa’ Williams, un hombre afroamericano de 55 años, convertido al islam, y proveniente de un entorno violento y complicado, tras una incesante y larga batalla legal para salvar su vida.
Este caso causó conmoción sobre todo a lo largo de todo el país durante la última semana, pues cientos de miles de personas, probablemente incluso millones, han realizado una desesperada y fuerte campaña, principalmente en línea, para intentar salvar su vida.
Han pasado ya más de veinticinco años después del asesinato de Felicia Gayle el 11 de agosto de 1998, una exreportera y trabajadora social, durante un intento de robo en su residencia en St. Louis, en el que fue extraído un bolso y una computadora de su pareja, y que terminó con ella acaecida tras 43 puñaladas con un cuchillo grande de carnicero. A pesar de ser, por momentos, el caso más mediático en el estado hasta la fecha no existen pruebas contundentes, de ningún tipo, de la culpabilidad de Williams.
Durante su juicio, realizado en 2001, al que llegó sólo gracias a haberse encontrado cabello suyo en los alrededores de la casa de la víctima, además de que no contó con más defensa que el abogado proporcionado por el Estado, no se presentó evidencia genética que lo vinculara con el arma homicida, e incluso se argumentó que el ADN, de dos personas distintas, encontrados en el cuchillo correspondían a miembros del equipo de investigación que lo manipuló sin guantes.
Por su parte, los únicos supuestos testigos son, un compañero de celda, durante una de sus previas estancias en prisión, quien dijo que Williams le confesó el crímen con detalle durante 1999, así como su novia en ese entonces, que también aseguró que Williams le confesó el crímen cuando encontró el bolso de la víctima en su carro, y la amenazó con matarla si se lo contaba a alguien, mientras que la defensa argumenta que sólo lo dijeron para obtener la recompensa de 10 mil dólares ofrecida por la Fiscalía.
La defensa argumentó en aquel entonces que el fiscal rechazó inapropiadamente la integración de miembros afroamericanos al jurado, que terminó constituyendose por 11 miembros blancos, y sólo 1 negro. Hoy en día, existen declaraciones de Keith Larner, el encargado del juicio, diciendo que excluyó más miembros negros en el jurado porque “parecían hermanos”, “hermanos de sangre”, agregó, “no me refiero a toda la gente negra”.
Estas declaraciones, y la evidencia simplemente circunstancial, aunadas a sus 15 cargos criminales previos por robos y uso de armas de fuego, que añadieron un prejuicio negativo en el Juez y el jurado, sentenciaron su destino, a pesar de la deficiencia de la investigación y obvia duda razonable acerca de su culpabilidad, terminando con una sentencia de muerte, que tardó mucho en consumarse, pues Williams ya había tenido dos veces postergada su ejecución a último momento, la primera en enero de 2015, y la segunda en agosto de 2017, cuando el entonces gobernador Eric Greitens le garantizó un indulto temporal debido a la falta de evidencia genética que lo vinculara con el cuchillo utilizado como arma homicida. Greitens estableció un comité encargado de revisar el caso de Williams, sin embargo, al llegar a la gubernatura Mike Parson, este fue disuelto, y continuó con el precedimiento de su pena capital.
En enero pasado, Wesley Bell, fiscal de St. Louis y activista por la justicia social, había buscado la reversión de su sentencia, y consiguió una audiencia para el 21 de agosto, que si bien no llegó a realizarse, por las deficiencias en la evidencia de ADN previamente mencionadas, el juez encargado del caso Bruce Hilton, la familia de la víctima, y la defensa de Williams, llegaron a un acuerdo para suspender su ejecución, a la vez que no se declaraba culpable o inocente por un cargo de homicidio en primer grado a cambio de una nueva sentencia de por vida sin oportunidad a libertad condicional. Sus abogados dijeron que esto no significaba una admisión de culpa, sino más bien una oportunidad de salvar su vida mientras buscaban evidencia para probar su inocencia. No obstante, y a pesar de que este pacto ya contaba con la aprobación de un juez, el Fiscal General, el republicano Andrew Bailey, interpuso un desafío, para posteriormente ser bloqueado por la Suprema Corte del estado.
Un último intento para detener su ejecución se realizó durante esta semana, el día martes, la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó dos peticiones de clemencia diferentes, aún a pesar de la objeción de tres jueces (Ketanji Brown, Elena Kagan y Sonia Sotomayor).
Aún a pesar de los masivos llamados en redes sociales y vías de comunicación, fomentados por organizaciones como Innocence Project, con alcances de hasta 630 mil firmas en change.org, aunado a las cientos de miles de peticiones de indulto recibidas en línea y por teléfono, y ante un patético bloqueo de la vías de comunicación de la oficina del gobernador, en persona, Parson hizo caso omiso, y la ejecución procedió sin más.
Las declaraciones del gobernador Parson, anteriores a la ejecución, que se negó a perdonar según tiene derecho, fueron: “Los casos de pena capital son de los asuntos más difíciles que tenemos que atenderen la oficina, pero en cuanto a ello respecta, sigo la ley y confío en la integridad de nuestro sistema judicial”. Mientras que en lo que respecta a su negativa de detener la ejecución, dijo: “El Sr. Williams ha agotado el debido proceso y toda vía judicial, incluyendo 15 audiencias intentando argumentar su inocencia y revertir su veredicto. Ningún jurado o corte, incluyendo durante el juicio, la apelación, y la Suprema Corte, encontraron mérito en las afirmaciones de inocencia del Sr. Williams. Al final del día, su veredicto de culpable sentencia de pena capital fueron sostenidosNadade los hechos reales de este caso me ha llevado a creer en la inocencia del Sr. Williams, por lo que el castigo del Sr. Williams será llevado a cabo como fue ordenado por la Suprema Corte”.
Finalmente el hijo de Williams y dos de sus abogados presenciaron su ejecución por vía de inyección letal, mientras que no hubo ningún testigo por parte de la víctima, que estaban en contra de que procediera. Williams se reunió con el Imam mientras llegaba la hora final, y dejó su última declaración, escrita en papel, que fue “Toda la alabanza sea para Allah en cualquier situación”. Según reportes, tras haberse aplicado la inyección sus pies temblaron y su cabeza se movió ligeramente, su pecho se agitó por la respiración unas seis veces, y finalmente se detuvo.
La naturaleza histórica de la pena de muerte que es injusta, racista y clasista, y se puede inferir en las declaraciones de varios de los involucrados en la decisión de acabar con la vida de Williams. Este caso no es sólo el ejemplo más reciente y mediático de individuos afroamericanos, sin acceso a una defensa apropiada, que caen a manos del sistema judicial, y que son ejecutados por el Estado norteamericano a pesar de ya haber sido una víctima de su violencia durante toda la vida, sino es también una vida inocente perdida (pues nunca se comprobó lo contrario), y tomada por las manos de los políticos, fiscales, jueces y policías estadounidense; por lo que debemos entender la lucha por la abolición de la pena de muerte como una lucha también por los derechos civiles, que tanto les gusta presumir a varias instituciones estadounidenses, y que sin embargo siguen ignorando hasta que ya es muy tarde y no sirve más que para hacer política..
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.