– Marruecos sigue sin permitir la entrada de las organizaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental.
– Uso excesivo de la fuerza y de forma violenta para reprimir protestas pacificas.
– Violencia física, verbal y sexual contra mujeres activistas, sin que se investiguen las denuncias.
La represión contra activistas saharauis por parte del régimen marroquí se endureció en 2022, según el último Informe de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos en el mundo, que indica que las organizaciones de DDHH siguen sin poder acceder al Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde finales de 1975.
En su informe 2022/2023, Amnistía Internacional (AI) recuerda que en marzo el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró su apoyo al plan de autonomía del gobierno marroquí sobre el Sáhara Occidental y que la respuesta de Argelia fue la suspensión de un tratado de cooperación con España. Añade que en octubre se renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) “que, no obstante, siguió sin tener un mandato de derechos humanos”.
En el capítulo referido a la “Libertad de expresión”, AI afirma que las autoridades “seguían atacando a personas críticas y activistas” en el Sáhara Occidental, y en el correspondiente al “Derecho a la privacidad” detalla que, en marzo, “el análisis efectuado por el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional concluyó que dos teléfonos pertenecientes a la defensora de los derechos humanos saharaui Aminatou Haidar habían sido atacados e infectados con el programa espía Pegasus de NSO Group, “El análisis de Amnistía Internacional mostró que uno de sus teléfonos contenía rastros de ataques de Pegasus que se remontaban a septiembre de 2018, y el otro tenía más rastros de infección en octubre y noviembre de 2021”, concluye.
Sobre las protestas pacíficas convocadas para defender los derechos de los saharauis, AI denuncia que las autoridades marroquíes hicieron uso excesivo de la fuerza, reprimieron las protestas de forma violenta y que detuvieron a algunos participantes.
Amnistía Internacional concreta: “En abril, unos agentes de policía golpearon y propinaron patadas al estudiante de periodismo Abdelmounaim Naceri hasta que perdió el conocimiento. El estudiante había estado filmando una sentada ante la prefectura de Esmara, ciudad del Sáhara Occidental, organizada por jóvenes saharauis para protestar contra las condiciones sociales. El mismo mes, las autoridades locales de la ciudad de El Aaiún, también en el Sáhara Occidental, denegaron la inscripción en registro a la recién elegida oficina ejecutiva de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), alegando que obstaculizaba el trabajo de las administraciones públicas. El 2 de julio, la policía rodeó la sede de la ASVDH en El Aaiún e impidió con violencia la entrada a sus miembros, lo que provocó lesiones al menos a 10 personas a las que golpeó con las manos y propinó patadas, además de someterlas a insultos racistas”.
Sobre las defensoras de los Derechos Humanos, AI precisa que, en marzo y abril, “la policía y agentes de seguridad ejercieron violencia física, verbal y sexual contra 12 mujeres activistas saharauis que expresaban su solidaridad con la activista Sultana Khaya” y que no se llevaron a cabo investigaciones sobre las supuestas agresiones, e indica: “En abril, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos denunció a las autoridades marroquíes por utilizar la violencia sexual para intimidar a las defensoras saharauis de estos derechos”
Según Amnistía, la tortura y otros malos tratos contra activistas saharauis “continuaron impunes tanto dentro como fuera de las prisiones”, y precisa que “en marzo, los guardias penitenciarios golpearon en varias ocasiones al activista saharaui Mohamed Lamine Haddi, miembro del campamento de protesta Gdeim Izik del Sáhara Occidental, que llevaba recluido desde 2017 en régimen de aislamiento en la prisión de Tiflet II, en el noroeste de Marruecos”.
Referente a la “destacada activista saharaui” Sultana Khaya, relata que en mayo huyó de su arresto domiciliario y viajó a España para recibir tratamiento médico “por las torturas que había sufrido durante varias agresiones policiales desde que fue sometida a arresto domiciliario en 2020” y que “no se investigaron ni la violación ni otras violaciones graves de derechos humanos cometidas contra ella y su familia”.
En el capítulo conjunto sobre Marruecos y el Sáhara Occidental, en lo referente a los juicios el informe afirma; “Los tribunales infringieron los procedimientos de un juicio justo, entre otras cosas al utilizar fichas policiales idénticas para varios acusados y limitar el acceso de éstos a asistencia letrada. Además, no investigaron las denuncias de los acusados de que las “confesiones” se habían obtenido bajo tortura”.
Respecto a los hechos que ocurrieron en la valla de Melilla, que ocasionaron muertos y heridos, AI detalla: “En junio, unas 2.000 personas, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron cruzar la frontera entre la ciudad de Nador, en el norte de Marruecos, y el enclave español de Melilla. Las fuerzas de seguridad de ambos lados respondieron con fuerza excesiva, lo que provocó la muerte de 37 personas subsaharianas y la desaparición de otras 77. El Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Marruecos comunicó que habían resultado heridas 217 personas, entre ellas 140 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Éstas lanzaron piedras y golpearon a la gente, y dispararon gas lacrimógeno en espacios cerrados. Se negó asistencia médica a las personas migrantes heridas por las fuerzas de seguridad y muchas fueron trasladadas a la fuerza en autobuses a diversos destinos en Marruecos.5 La fiscalía local anunció que había abierto una investigación, pero no tomó medidas para interrogar a testigos, personas migrantes heridas entre ellos. En cambio, las autoridades procesaron al menos a 79 migrantes por entrada irregular”.