Cuando van a cumplirse ocho años del fallecimiento del rey Hasán II, el monarca que durante casi treinta y ocho años tejió un Marruecos a su medida, y del acceso al trono de su primogénito Mohamed VI, siguen siendo numerosas las dudas acerca del rumbo hacia el que se dirige un país en torno al […]
Cuando van a cumplirse ocho años del fallecimiento del rey Hasán II, el monarca que durante casi treinta y ocho años tejió un Marruecos a su medida, y del acceso al trono de su primogénito Mohamed VI, siguen siendo numerosas las dudas acerca del rumbo hacia el que se dirige un país en torno al cual se albergaron unas expectativas de transformación basadas más en deseos voluntariosos que en un análisis exhaustivo de la realidad política, social y económica del mismo.
Esos anhelos de cambio y de ruptura se han ido difuminando a lo largo de estos últimos tiempos. Así, la primavera marroquí de los primeros años de reinado de Mohamed VI ha ido mitigándose y las reformas emprendidas, algunas de ellas dotadas de una gran carga simbólica, no han afectado al tradicional funcionamiento de un sistema cuyas bases y estructuras permanecen intactas.
Es verdad que se han realizado reformas que han supuesto un cambio de orientación de determinadas políticas, aunque no es menos cierto que su aplicación práctica esta siendo dificultosa y genera controversias. Nos referimos, entre otras, a medidas tales como la reforma del Código de Familia (Moudawana), la puesta en marcha de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), la constitución del Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM) o la creación de Diwan Al-Madhalin (Defensor del Pueblo).
En el caso de la reforma del Código de Familia (Moudawana) en vigor desde febrero de 2004 tras un polémico proceso de varios años de duración que contó con la oposición frontal de los movimientos islamistas, se ha constatado que pese a los cambios introducidos en el nuevo texto a favor de las mujeres, existe un importante desconocimiento del mismo así como una deficiente aplicación por parte de la administración pública. Un reciente informe de la Liga Democrática de Derechos de la Mujer (LDDF) en el que se analizan siete regiones del país revela la escasa aplicación de la norma por parte de los tribunales donde se continúa aceptando la poligamia sin condiciones así como los matrimonios con mujeres menores de edad. [1]
Por otro lado, en el campo de los Derechos Humanos, es innegable que se han conseguido avances importantes en los últimos años. Además, se ha impulsado una de las medidas consideradas más importantes y pioneras en todo el mundo árabe como es la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) [2]. Este organismo de carácter consultivo tuvo como objetivo investigar las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias que tuvieron lugar entre 1956 y 1999. Con esta iniciativa se ha llevado a cabo un proceso de identificación de las víctimas de tales abusos así como la puesta en marcha de los mecanismos de indemnización, reinserción social y de asistencia médica y psicológica. Durante 23 meses de trabajo se han examinado un total de 16.861 demandas de víctimas de los cuales se tuvieron finalmente en consideración un total de 9.779 casos. Paralelamente, se llevaron a cabo audiciones públicas televisadas donde las víctimas expresaron sus testimonios. Entre las conclusiones finales destacan la necesidad de consolidar las garantías constitucionales de los Derechos Humanos, la puesta en marcha de una estrategia de lucha contra la impunidad y la reforma de los procedimientos de los aparatos de seguridad, la independencia de la justicia así como la legislación y política penitenciarias [3]. Entre las limitaciones de esta comisión que mayores discrepancias ha generado ha sido la omisión pública de los nombres de los responsables de estos actos, máxime cuando muchos de ellos continúan ocupando puestos de gran responsabilidad en la administración. Del mismo modo, desde las organizaciones de derechos humanos se ha criticado que el Estado no haya pedido perdón a los ciudadanos, considerando que ésta hubiera sido la verdadera forma de expresar su voluntad de cerrar definitivamente esta página.
Pese a estos avances, organizaciones como Human Rights Watch denuncian que se están produciendo importantes retrocesos, especialmente tras los atentados de Casablanca el 16 de mayo de 2003 que desencadenó una importante oleada de arrestos de presuntos islamistas [4], así como la represión que tuvo lugar contra militantes saharauis en mayo de 2005, la reiterada persecución de periodistas, el cierre de publicaciones y la disolución violenta de concentraciones pacíficas [5].
El caso de la prensa independiente es especialmente significativo, quienes osan franquear determinadas líneas rojas se arriesgan a ser perseguidos en procesos judiciales de escasas garantías y a ver sus publicaciones cerradas o asfixiadas económicamente a través de multas millonarias o partir de presiones ejercidas para la retirada de la publicidad. Al ya conocido caso de Ali Lmrabet (director de Demain y Doumane [6] , se suman la condena en diciembre de 2005 al semanario Tel Quel a pagar 72.000 euros a una diputada a la que habían calificado en un artículo como «cheija» (bailarina popular). Por otro lado, los cierres reiterados y las presiones ejercidas sobre del semanario Le Journal llevaron a su director Abubakar Jamai a la dimisión el pasado mes de enero para poder salvar económicamente la publicación a raíz de una condena de 270.000 euros, la más elevada de la historia de Marruecos, por poner en entredicho un informe elaborado por un centro de estudios europeo sobre el Sahara. El último capítulo del acoso a la prensa, se produjo en diciembre de 2006 con el cierre del semanario arabófono Nichane, acusado de «atentar contra valores sagrados» por publicar un dossier acerca de los chistes que usan cotidianamente los marroquíes tratando temas como la religión, el sexo o la política.
Lo cierto es que la situación del país no mejora al ritmo esperado, los indicadores sociales y económicos no invitan al optimismo y las reformas no llegan, son demasiado lentas o no se aplican con el suficiente rigor. Así, Marruecos sigue manteniendo unos índices de desarrollo por debajo de los países de su entorno, con elevadas tasas de pobreza, analfabetismo y desempleo [7]. Casi cinco millones de marroquíes viven bajo el umbral de la pobreza, la mitad de la población no sabe leer ni escribir y un elevado porcentaje no tiene acceso a electricidad y agua potable así como a servicios sociales básicos. El proceso de urbanización se mantiene a un ritmo creciente y los problemas en las grandes ciudades a nivel de hábitat y de creación de empleo siguen aumentando. En estos últimos años se observa una proliferación de importantes concentraciones de chabolas en las periferias de las ciudades así como un aumento del desempleo en las áreas urbanas. Esta situación afecta en gran medida a los jóvenes generando una enorme frustración ante la ausencia de expectativas de futuro, y buena parte de ellos encuentran en la emigración una solución; otros, deciden buscar en la religión y en las formaciones islamistas una razón de ser [8].
Para paliar la preocupante realidad social, el pasado 16 de mayo de 2005 el rey anunciaba la puesta en marcha de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH), un programa quinquenal (2005-2010) dirigido a mejorar la situación social de 360 comunas rurales y 250 barrios urbanos dotado con un presupuesto de 948 millones de euros, procedentes de los presupuestos del Estado, las colectividades locales y la cooperación internacional. Indudablemente se trata de una iniciativa alentadora en la medida en que la cuestión social y el desarrollo se presentan como una de las prioridades de la acción del Estado. En cambio, tanto el modo de financiación como el modelo de ejecución, formado por un entramado de comités liderados por los gobernadores de las diferentes regiones y provincias, siembran dudas respecto a su impacto, especialmente en lo referente a la mejora de los índices de democratización a nivel local [9].
Si la situación social es delicada, las perspectivas económicas y la realidad política no le van a la zaga. A pesar de los importantes proyectos de infraestructuras como el nuevo puerto de Tánger-Med, proyectos turísticos (Plan Azur) o las inversiones procedentes de los países del Golfo en el sector de la construcción, la economía marroquí sigue supeditada a la climatología y a su impacto en las campañas agrícolas. Además, el grueso de la economía, formado por grandes empresas y bancos, está controlado por la familia real y algunas importantes familias, lo que supone que el 70 por ciento de los recursos del país esté en manos del 10 por ciento de la población [10]. Algunos informes invitan al gobierno a tomar medidas urgentes para evitar que el crecimiento económico quede estancado en el 1,3 por ciento durante los próximos diez años, con un aumento del déficit, del desempleo y del sector informal de la economía, que actualmente ya emplea a más de 700.000 personas [11].
En el escenario político dos cuestiones, como son las próximas elecciones legislativas, previstas para septiembre de 2007, y la situación del Sahara, pueden generar nuevos escenarios.
Las elecciones legislativas, se presentan como un nuevo examen para calibrar los avances democráticos del régimen marroquí, tanto en la transparencia de la consulta como en la aceptación de los resultados. Diferentes indicadores coinciden en confirmar el avance del voto islamista representado por el PJD (Partido de la Justicia y el Desarrollo) aunque puede suceder lo mismo que en las legislativas de 2002, donde a raíz de las presiones ejercidas desde órganos oficiales esta formación sólo se presentó en 57 de las 91 circunscripciones [12].
Ante esta situación, habría que preguntarse si la monarquía permitiría al PJD encabezar el gobierno en caso de alzarse con la victoria en la próxima consulta. Es más que dudoso, máxime teniendo en cuenta la coyuntura internacional y regional así como los últimos actos relacionados con el terrorismo islamista en Casablanca el pasado mes de abril. Todo indica que el próximo gobierno mantendrá la tendencia del actual con un marcado corte tecnócrata contando con el apoyo de los partidos actuales como la USFP y el Istiqlal.
En cuanto al Sahara, con la presentación ante la ONU el 10 de abril del Plan de Autonomía, Marruecos al menos abandona una posición de rechazo frontal a todo tipo de soluciones aportadas hasta el momento y hace por primera vez en muchos años una propuesta para alcanzar una solución. Los puntos clave de esta propuesta son: Marruecos conservaría las competencias en materia de defensa, relaciones exteriores así como el resto de atribuciones constitucionales y religiosas del monarca, además de la bandera y la moneda nacional. Por otro lado, la región autónoma dispondría de un marco legislativo, ejecutivo y judicial propio, al tiempo que contaría con competencias administrativas, económicas, fiscales, infraestructuras, explotación de recursos, culturales, turísticos y medioambientales. Esta propuesta sería sometida a negociación entre las partes y posteriormente sometida a referéndum. Sin embargo, hay dos elementos fundamentales que dificultan la viabilidad de esta propuesta. Por un lado, no se tiene en cuenta el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Por otro, para que este plan sea realista y creíble Marruecos debe demostrar y ofrecer unas garantías mínimas de respeto a las reglas del juego democrático.
Para numerosos analistas, este país sólo puede cambiar y avanzar a través del establecimiento de mecanismos de ruptura con el pasado. Sin embargo, todos los indicadores muestran que existe un espíritu de continuidad más que de ruptura. De esta forma, Marruecos parece un país condenado a vivir eternamente en una encrucijada, en continua transición y ante la necesidad de apostar por una verdadera democracia o mantener un status quo donde cualquier cambio debe llevarse a cabo con extremado cálculo y las máximas precauciones.
Manuel Lorenzo Villar es arabista. Una versión reducida de este artículo se ha publicado en el nº 26 de la revista Pueblos, junio de 2007.
[1] Tel Quel. 7/13-Abril-2007. Pág.,8.
[2] Se trata de una iniciativa puesta en marcha a instancias del rey Mohamed VI el 7 de enero de 2004.
[3] Ver «Síntesis del Informe Final del IER». www.ier.ma
[4] Tras los atentados se produjeron un total de 2.112 detenciones de presuntos terroristas a los que se les aplicó nueva ley antiterrorista (03-03), aprobada de urgencia en el parlamento una semana después de los atentados y muy criticada por la sociedad civil por su definición de terrorismo. De los detenidos un total de 903 fueron condenados a penas de prisión, 17 de ellos a pena de muerte.
[5] «Maroc: les Droits Humaines à la croisée du chemins «. Human Rights Watch. Octobre 2004. Vol 16.
[6] Condenado a tres años de prisión por ultraje al rey, mantuvo una huelga de hambre hasta que fue liberado en enero de 2004. El pasado 12 de abril de 2005 un tribunal de Rabat le condenaba a 10 de prohibición del ejercicio del periodismo por unas declaraciones al semanario Al-Mustaqil en las que calificaba a los saharauis como «refugiados» y no como «secuestrados» como se afirma oficialmente.
[7] Según el Informe Anual de Desarrollo Humano de 2006 elaborado por el PNUD , Marruecos se situaba en el puesto 124 de 175 países.
[8] Para reducir a la mitad la tasa actual de desempleo (cifrada oficialmente en el 12%) Marruecos debería crear una media de 367.000 empleos anuales hasta el 2014 y un crecimiento del PIB del 5,4%. En la actualidad se están creando una media de 124.000 empleos (1996-2003). Ver. Baraka,N y Benrida, A. «La croissance économique et l´emploi «. En 50 ans de développement humain et perspectives 2025 «. Rabat.
[9] Ver, Martin, I. «Marruecos. ¿Las bases para un nuevo modelo de desarrollo? La Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano». Área Mediterráneo y Mundo Árabe. ARI nº35/2006. Real Instituto Elcano. Madrid. 17/3/2006. Pág.6.
[10] El 66% del consorcio ONA-SNI, el conglomerado empresarial más importante del país, pertenece a la familia real.
[11] Ver. «Mckinsey: le rapport de la dernière chance». Le Journal. 10-5-2005.
[12] Un sondeo realizado por el IRI (Instituto Republicano Internacional) revelaba que la intención de voto del 47% de los electores se dirigía al PJD, seguido del 17% a la USFP y el 12% al Istiqlal.