Rabat responde con el despliegue de la Marina Real al revés sufrido ante la Corte de Justicia de la UE. La abogada general instó el jueves a los jueces a anular el acuerdo de pesca con Marruecos porque incluye esas aguas
La Marina Real de Marruecos inicia el próximo viernes tres meses consecutivos de maniobras navales al sur de país y en aguas del Sáhara Occidental, frente a las islas Canarias, distantes solo de 125 kilómetros de sus costas.
La noticia no ha trascendido porque haya sido anunciada por la Administración de la Defensa, que hace las veces de un ministerio que en Marruecos no existe. Se ha conocido porque las delegaciones de la pesca marítima del Ministerio de Agricultura en ciudades como El Aaiún o Dajla, han remitido una circular a pescadores, armadores, etcétera.
El documento, fechado el 19 de marzo, proporciona las coordenadas de cuatro áreas marítimas en las que se llevaran a cabo las maniobras navales del 29 de marzo hasta el 28 de junio todos los días desde las 7.00 a las 20.00. Esas zonas quedan vetadas a la pesca. Un armador europeo, cuyos barcos faenaron en esas aguas del Sáhara Occidental hasta julio de 2023, no recuerda ninguna medida parecida ni, sobre todo, tan prolongada en el tiempo.
La Marina Real marroquí cuenta con seis fragatas y 20 patrulleros. Está considerada como una de las mejores de África. Sus puntos débiles son la carencia de submarinos y una insuficiencia de medios para el desminado. Una de sus cuatro principales bases está en Dajla (antigua Villa Cisneros).
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El anuncio del ejercicio naval es una respuesta política para reafirmar la «soberanía» de Marruecos sobre esas aguas, según interpretan fuentes diplomáticas. Empezarán una semana después de que, el jueves 21 de marzo, Tamara Capeta, la abogada general, se mostrara partidaria, ante la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE), de anular el acuerdo de pesca entre Rabat y la UE porque incluye las aguas del Sáhara Occidental. La abogada general desempeña un papel similar al del fiscal.
«Al no tratar el territorio del Sáhara Occidental, y las aguas adyacentes al mismo, como separados y distintos del Reino de Marruecos, el Consejo [de Ministros de la UE] no respetó [en 2019] el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui«, sostuvo Capeta ante los jueces de CJUE.
La abogada general respaldó así una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el órgano inferior al CJUE, de septiembre de 2021 que anuló el acuerdo de pesca. Fue recurrida por el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, una cofradía pesquera marroquí y dos Estados miembros de la UE, España y Francia.
La CJUE, máxima instancia jurídica de la UE, dará conocer a finales de la primavera una sentencia definitiva y no recurrible que, muy probablemente, coincidirá con el criterio de Tamara Capeta. El veredicto debería coincidir en el tiempo con el final de las maniobras navales. En el 80% de los casos la Corte sigue la recomendación de la abogada general. Es cierto que la circular marroquí tiene fecha del 19 de marzo, 48 horas antes de la intervención de Capeta, pero su alegato era bastante previsible.
A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió en el otoño de 2021 la sentencia del tribunal sobre pesca desfavorable a Marruecos. Ante la incertidumbre del desenlace judicial definitivo, el protocolo pesquero no se renovó cuando expiró en julio pasado, pero el acuerdo sigue vigente aunque ahora carente de contenido. Hace ocho meses salieron de esas aguas los últimos veinte barcos españoles que aún faenaban en ellas. Los armadores españoles disponían de 93 licencias de pesca.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se mostró el viernes inasequible al desaliento pese al fallo de 2021 y al pronunciamiento de la abogada general sobre la ilegalidad del acuerdo de pesca. «Pensamos que el acuerdo concluido en 2019 era legal y conforme con el derecho comunitario e internacional», declaró a la prensa. Recordó incluso que no siempre la corte secunda la opinión de la abogada general.
El portavoz del Gobierno marriquí, Mustafa Baitas, pidió, por su parte, a la Unión Europea que «asuma la responsabilidad de blindar» sus acuerdos «con Marruecos y protegerlos de provocaciones y maniobras políticas». Aunque no le nombró aludía así al Frente Polisario que denunció ante la justicia europea los acuerdos de asociación y de pesca con Marruecos. Tiene además la intención de hacer otro tanto con el aéreo porque también abarca al Sáhara Occidental.
Este es uno de los motivos, según fuentes diplomáticas, por los que Rabat presiona al Gobierno de Sánchez para que le traspase por completo el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental que ejerce parcialmente —no abarca a los vuelos militares— la empresa pública española Enaire desde la torre de control del aeropuerto de Las Palmas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado siempre en público que tuviera la intención de hacer esa cesión a la empresa estatal marroquí ONDA, pero en la declaración conjunta de febrero de 2023 ambos gobiernos anuncian conversaciones para mejorar la coordinación en materia de navegación aérea.