– Un informe constata en un año 160 vulneraciones de los derechos civiles y políticos, una cada dos días.
– Muchas de las vulneraciones que se producen no se contabilizan debido a la falta de supervisión internacional de los derechos humanos.
– Se insta al Gobierno de España a que reconozca su responsabilidad en la descolonización del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental y participe de forma efectiva en la búsqueda de una solución política que ponga fin a la ocupación militar ilegal.
En el año transcurrido desde la ruptura del alto el fuego -13 de noviembre de 2020- entre el Frente Polisario y Marruecos, se han documentado en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental 160 vulneraciones de los derechos civiles y políticos y de los derechos de las mujeres, así como violaciones de la IV Convención de Ginebra.
Lo concreta el informe “Visibilizando la ocupación en el Sáhara Occidental”, que constata el aumento de la represión y las violaciones de los derechos humanos un año después de la ruptura del acuerdo de alto el fuego, que estaba vigente desde 1991.
Según el informe, hay razones para creer que muchas de las vulneraciones que se producen no se contabilizan debido a la falta de supervisión internacional de los derechos humanos, pero solo las que han podido ser documentadas ya suponen una media de una vulneración cada dos días, aunque estas no suceden de forma sostenida en el tiempo, sino que se dan picos de vulneraciones en meses concretos, que coinciden con fechas destacadas, como el reinicio de las hostilidades, la campaña de solidaridad con Sultana Jaya o el aniversario de la fundación del Frente Polisario.
El 17% del total de vulneraciones tuvo lugar como reacción a la ruptura de la tregua, del 13 al 30 de noviembre, en que la situación de hostigamiento fue generalizada. La mayoría de los casos sucedieron en las localidades de El Aaiún, Bojador, Smara y Dajla, aunque se reportan también en zonas más alejadas de estas cuatro ciudades.
En el marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las vulneraciones más frecuentes se producen con respecto al derecho a circulación y movimiento, derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la libertad de expresión y reunión pacífica, derecho a la información, derecho a un juicio justo y con las debidas garantías, derechos de las personas presas, derechos de la infancia y derechos de las mujeres.
Todo tipo de vulneraciones
Estas se dan a través de detenciones arbitrarias -incluyendo el arresto domiciliario- que suponen cerca de 1/3 del total de vulneraciones; el allanamiento e injerencia ilegal en domicilio; las torturas y agresiones físicas; violencia sexual en forma de acoso, amenazas, agresión y violación; el trato degradante a personas detenidas y presas; condenas judiciales sin las debidas garantías; disolución sistemática de cualquier reunión o acto de protesta pacífica; ataques sistemáticos a medios de comunicación y periodistas; abandono de personas detenidas en zonas remotas y destrucción de bienes e incluso desalojo y destrucción de viviendas. Se han reportado, también, ataques militares contra civiles y masacre de ganado en las zonas donde tienen lugar las hostilidades, así como cerca del muro que separa los Territorios Ocupados por el Reino de Marruecos del resto del territorio saharaui.
El perfil de las personas mayoritariamente afectadas por estas vulneraciones es el de activistas y personas defensoras de derechos humanos, miembros de asociaciones y organizaciones sociales y políticas, estudiantes, sindicalistas, personas presas y sus familias -especialmente sus madres-, familiares e hijos e hijas de las personas a quienes se dirige principalmente la vulneración.
En cuanto al género, los hombres constituyen el 61,3% de las personas que han sufrido esos impactos y las mujeres el 38,7%. Además, se cuentan entre ellas 20 personas menores de edad, 17 de ellos chicos sometidos a detención arbitraria, aunque destaca el caso de una niña de 12 años detenida en su escuela.
El informe, que detalla las vulneraciones y casos más destacados desde noviembre de 2020 a noviembre de 2021, concluye que la oposición de Marruecos para poner en marcha un mecanismo independiente y fiable de seguimiento y denuncia de las violaciones de los derechos humanos alimenta el contexto de impunidad al que se enfrenta la población saharaui, especialmente las personas defensoras de DDHH, periodistas y los presos políticos.
Obligaciones de España
El informe hace diversas recomendaciones a Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, al Comité Internacional de la Cruz Roja para que visite y asista a las personas protegidas por los convenios, y a las Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 para que garanticen el respeto de la Convención en el Sáhara Occidental.
Sobre España dice que sigue teniendo formalmente un mandato de potencia administradora sobre el Sáhara Occidental según el derecho internacional, a pesar de haber intentado ceder irregularmente el territorio no autónomo al Reino de Marruecos y a Mauritania en los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975.
Insta al Gobierno de España a que reconozca de una vez su responsabilidad en la descolonización del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental y participe de forma efectiva en la búsqueda de una solución política que ponga fin a la ocupación militar ilegal y permita al pueblo saharaui ejercer libremente su derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia, de acuerdo con el principio y los propósitos de la Carta de la ONU y de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV).
A Francia y Estados Unidos se reclama que suspendan inmediatamente todas las entregas al Reino de Marruecos de equipo militar y armamento que pueda ser utilizado en el Sáhara Occidental ilegalmente ocupado y congelen la cooperación militar, además de incluir en el mandato de la MINURSO un capítulo sobre derechos humanos y otro sobre el Estado de Ddrecho.
El informe ha sido realizado por la Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui (ACAPS), el Instituto Internacional para la Acción No violenta (NOVACT) y la Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA), en cooperación con el Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los DDHH en el Sáhara Occidental. El trabajo ha contado con la contribución de un amplio grupo de defensoras y defensores saharauis de los derechos humanos que trabajan en el territorio ocupado por Marruecos, en los campamentos de refugiados en Argelia y en la diáspora.