No llevan cadenas, ni están marcados al rojo vivo, ni tampoco son subastados en mercados públicos, pero son esclavos en pleno siglo XXI. En Mauritania, a tan sólo 300 kilómetros de Canarias en línea recta, son miles -acaso decenas de miles- los que siguen sometidos a la esclavitud. Una ley votada, el miércoles por la […]
No llevan cadenas, ni están marcados al rojo vivo, ni tampoco son subastados en mercados públicos, pero son esclavos en pleno siglo XXI. En Mauritania, a tan sólo 300 kilómetros de Canarias en línea recta, son miles -acaso decenas de miles- los que siguen sometidos a la esclavitud. Una ley votada, el miércoles por la noche, por la Asamblea Nacional penaliza, por primera vez, a los que mantienen esclavos a su servicio.
«Cualquiera que reduzca a otro a la condición de esclavo (…) será castigado con una pena de cárcel de entre 5 y 10 años y una multa» de 1.500 euros, estipula el artículo tercero de la nueva ley, que fue aprobada por unanimidad.
«Estamos muy satisfechos por este importante paso adelante», asegura, en conversación con este periódico, Boubacar Ould Messoud, presidente de SOS-Esclavos, la ONG mauritana que reagrupa a antiguos esclavos y a sus descendientes. Desde 1995 lucha contra esta tiranía.
La esclavitud quedó teoricamente abolida en 1981, pero ninguna ley criminalizó su práctica. «La impunidad facilitó su persistencia», señala Messoud, de 62 años, descendiente de esclavos. La abolición solo sirvió para hacer desaparecer los últimos mercados de esclavos en plazas públicas. ¿Cuántos quedan aún en Mauritania? «No se pueden contar porque ni dueños ni víctimas lo permiten, pero el fenómeno es frecuente en zonas rurales [la superficie del país duplica la de España, pero tiene tan sólo tres millones de habitantes], aunque también subsiste en centros urbanos», precisa Messoud. La gran mayoría de los esclavos son mauritanos negros y sus «propietarios» son árabes blancos.
Promesa presidencial
Cuando tomó posesión, en abril, el nuevo presidente, Sidi Ould Cheikh Abdalí, elegido democráticamente en una reñida segunda vuelta electoral, se dio seis meses para resolver los dos principales problemas pendientes en materia de derechos humanos: la persistencia de la esclavitud y la permanencia en Senegal de unos 20.000 refugiados mauritanos negros, expulsados violentamente en 1989 con la complicidad del anterior régimen.
Mauritania «va a dar un giro decisivo tendente a la eliminación de todas las taras heredadas del pasado y a promover la cultura de la igualdad, de la tolerancia (…)», declaró, el primer ministro, Zein Ould Zeidan, al presentar en junio el proyecto de ley ante el Parlamento.
«La iniciativa era buena, pero el proyecto era mejorable», afirma Messoud. «No daba, por ejemplo, una definición precisa de la esclavitud tal y como se practica aquí», subraya. SOS-Esclavos, la Asociación Mauritana de Derechos Humanos y otras ONG presionaron con éxito para que la ley fuese enmendada y endurecida durante su tramitación parlamentaria.
«Ahora hay que aplicar la ley con rigor», prosigue Messoud, «y dar publicidad a las actuaciones policiales y los primeros juicios para que la opinión pública sepa lo que ha cambiado». El Parlamento instó también al Gobierno a desarrollar una campaña de sensibilización de la población.
El siguiente capítulo de la política de derechos humanos es ahora el regreso de los refugiados mauritanos en Senegal, víctimas, según el presidente de Mauritania, de «exacciones graves e injustificadas» que merecen reparación.
La comisión intergubernamental encargada de la repatriación viajó a Senegal para dialogar con sus autoridades y las asociaciones de exiliados mauritanos. Nuakchot ha pedido además ayuda al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.