Un reciente reportaje de investigación publicado por la cadena estadounidense CNN sobre la situación de los esclavos en Mauritania -último país del mundo en prohibir esta práctica- ha ocupado un espacio en las portadas de los medios internacionales a la situación del país africano, donde activistas a favor del abolicionismo se enfrentan a una realidad […]
Un reciente reportaje de investigación publicado por la cadena estadounidense CNN sobre la situación de los esclavos en Mauritania -último país del mundo en prohibir esta práctica- ha ocupado un espacio en las portadas de los medios internacionales a la situación del país africano, donde activistas a favor del abolicionismo se enfrentan a una realidad cerrada y a la persecución de las autoridades.
Echando un vistazo a la realidad sobre el terreno y la evolución histórica del problema, hay que señalar que la esclavitud ha sido prohibida en el país en 1905, 1981 y 2007, sin que en la práctica se haya producido la desaparición de la misma. De hecho, según los datos facilitados por la ONG SOS-Slavery Mauritania, el porcentaje de población que se encuentra en situación de esclavitud podría ascender hasta el 20%, aunque la CNN lo ha dejado entre el 10 y el 20%.
De esta manera, de los 3,4 millones de personas que viven en Mauritania, se calcula que entre 340.000 y 680.000 viven en situación de esclavitud, a pesar de que con la legislación aprobada en 2007 esta práctica se convirtió en un crimen, y pasó por tanto a ser punible. Sin embargo, únicamente una persona ha dado con sus huesos en la cárcel por poseer esclavos en estos casi cinco años, lo que muestra que la aplicación por parte de las autoridades está siendo nula; lo que impide que se pueda salir de esta situación en la práctica.
Un aspecto a reseñar sobre la realidad de la esclavitud en Mauritania, es que está además fijada por el concepto de etnia, de pertenencia de casta, prácticamente. La sociedad mauritana está formada por tres grupos muy diferenciados: los bidan (pertenecientes a tribus bereber), que forman las clases altas; los africanos negros (pertenecientes a las tribus Pulaar, Soninke y Wolof), que generalmente nunca han sido esclavos; y los haratin (descendientes de negros árabes esclavizados por los bidan). Son los haratin los que permanecen en una situación que varía entre la liberación y la esclavitud total, con una amplia gama de posiciones relacionadas con su desempeño laboral.
Pese a la mala situación que viven los haratin dentro del país, el asunto de la esclavitud en Mauritania está severamente soslayado por parte de las organizaciones internacionales. De hecho, una ONG de la importancia de Human Rights Watch no cuenta con ningún informe sobre este asunto, y los únicos en los que aparecen las referencias a las discriminaciones por casta o a la represión contra la población negra del país datan de 2001 [2] y 1994 [3] , respectivamente
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombró en 2008 a Gulnara Sainan , experta en asuntos de tráfico de personas y esclavitud, tras lo que publicó un informe en el que cifró en 43 las personas que habían sido liberadas de esta forma de vida, mientras que «centenares más siguen ante los tribunales». Casi cuatro años más tarde podemos afirmar que prácticamente la totalidad de esos casos no llevaron a nada, por lo que esas personas no consiguieron salir de la esclavitud.
Uno de los grupos de activistas más importantes del país en la lucha contra la esclavitud es el Movimiento Abolicionista de Mauritania (IRA), cuyos miembros han sufrido la persecución de las autoridades por sus actividades pro Derechos Humanos. Sin ir más lejos, el 7 de enero de 2011, tres miembros del grupo fueron sentenciados a un año de cárcel tras participar en una manifestación contra la esclavitud de dos chicas jóvenes en la capital, Nuakchott, a mediados de diciembre.
Las niñas, de 9 y 14 años de edad, aparentemente eran esclavas de una funcionaria pública del Estado. Según las informaciones que emergieron del caso, que fue finalmente archivado, la más joven de ellas trabajaba en la casa como sirvienta desde los 6 años, mientras que la mayor había entrado al servicio doméstico con cerca de 12 años.
Pese a que las autoridades alegaron que los manifestantes habían agredido a las fuerzas de seguridad y obstruido el orden; los detenidos aseguraron que las sentencias reflejaban el racismo institucional y suponían un esfuerzo por parte del Gobierno para aplastar los movimientos abolicionistas.
Así, el presidente de SOS Esclaves, Bubacar Mussaoud, manifestó que la sentencia era indicativa «de los intentos políticos de las autoridades para intimidar a los activistas anti-esclavitud y a los defensores de los derechos humanos», y tildó la falta de implementación de las políticas contra la esclavitud de » burla a la legalidad «. En este caso, Amnistía Internacional se movilizó para solicitar su liberación, y el director de la organización para África, Edwin van der Borght, subrayó que se trataba de «prisioneros de conciencia».
Pese a las actividades pacíficas de la organización, que, visto desde un punto de vista legal, únicamente solicita que se aplique la ley existente para poder procesar y encarcelar a los que siguen esclavizando a la población, el IRA es la única formación ilegal en el país, por lo que es objeto de oleadas de detenciones de forma intermitente.
Las autoridades mauritanas han abierto además un nuevo canal de lucha contra el IRA con la creación del IRA Ere Nouvelle, tal y como denunció el miembro del IRA Lehbousss Ould Oumar. Según dijo, el asesor del director de Seguridad Nacional, el genera Ould Hadi, contactó con él para generar una división en el grupo a través de la creación de dicha organización, y le ofreció 110 millones de oughiyas (unos 280.000 euros) para financiar dicha escisión. Ould Oumar simuló aceptar y denunció la situación ante periodistas y ONG, tal y como recogió la organización irlandesa Front Line Defenders.
La gravedad de la situación y su entroncamiento en la conciencia social hacen de este uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad mauritana. El país no puede avanzar hacia la democracia, tal y como solicita parte de la población a través de manifestaciones frecuentes, sin dejar atrás el pasado de esclavitud, y sin borrar la segregación étnica existente. Por su parte, el Ejecutivo mauritano no puede seguir pretendiendo contar con legitimidad democrática alguna permitiendo, e incluso persiguiendo, a los que se oponen que dicha práctica inhumana siga en vigor.