Los gobiernos español y mauritano llegan a un acuerdo: las casi 400 personas que llevan casi dos semanas a la deriva en busca de una vida mejor serán repatriadas. CEAR reclama que se conceda asilo a quienes lo soliciten.
No verán cumplido por el momento su sueño de llegar a una tierra de oportunidades. Son 372 personas, la mayoría de ellas de Cachemira y el resto de Costa de Marfil, Birmania, Sierra Leona, Sri Lanka y Liberia, según informa Cruz Roja.
Llevaban una semana hacinados en el Marine I, a la espera de un permiso para desembarcar. La firma de un acuerdo entre el gobierno español y el canario, del sábado a las 12h, pone fin a su sueño, pero también a la situación de crisis humanitaria que pudiera desenlazarse.
Tras llegar al puerto de Nuadibú, en Mauritania, los inmigrantes serán deportados a sus países de origen. Algunos de ellos, serán deportados desde España.
Dos meses a bordo de un buque sin ayuda y sin que nadie quisiera acogerlos
Los casi 400 inmigrantes permanecían desde hace dos meses en el buque Marine I, que había zarpado desde Costa de Marfil rumbo a las islas Canarias. Desde el pasado día 4, estaba averiado a quince millas de la costa mauritana, tras ser remolcado por un barco de Salvamento Marítimo español. En un primer momento, ni el Gobierno español ni el mauritano quisieron hacerse cargo de la situación ni acoger a los inmigrantes.
El pasado viernes el gobierno español aprobó mediante Real Decreto la concesión al país africano una ayuda extraordinaria de 655.000 euros para «reforzar sus fronteras y luchar más eficazmente contra la inmigración ilegal». De la Vega dijo que una misión de Guinea Conakry «identificará» a los ocupantes del buque para iniciar los trámites para «la repatriación a sus países de origen».
Organizaciones humanitarias denunciaron con contundencia la actuación del Gobierno de Zapatero. No obstante, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) le emplazó a actuar «urgentemente en cumplimiento de sus obligaciones» y que «asuma sus responsabilidades». Asimismo, rechazó la postura del Ejecutivo canario por calificar la situación de «falso debate humanitario».
Por su parte, SOS Racismo acusó a Madrid de ser «responsable de miles y miles de muertes que se producen como consecuencia directa de sus políticas de inmigración». Remarcó que «la única preocupación» del Gobierno español es «despreocuparse». «Lo que intenta es no asumir ni el auxilio ni la protección de los inmigrantes», incidió.
Derecho a asilo
Tras el acuerdo entre ambos gobiernos, l
a Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) reclamó el derecho de asilo para aquellos inmigrantes del Marine I que lo soliciten. También exigió al gobierno español una explicación «del pago de 650.000 euros a cambio del desembarco de los inmigrantes». «Creemos que España tiene corresponsabilidad» si no se defienden los derechos de refugiados e inmigrantes y se les repatría a sus países de origen, cuando es conocido que en alguno se violan los derechos humanos. Sería una violación de la Convención de Ginebra de 1951, que España ha firmado, según CEAR.
La entidad también recuerda que hace varias semanas llegó a Canarias un barco con más de cien personas procedentes de Pakistán y Bangladesh entre las que más de una veintena huían del conflicto armado que enfrenta a India y Pakistán y han solicitado asilo en España.
En este sentido, el primer país seguro en el que desembarquen las personas que en este momento siguen frente a Nuadibú tiene la obligación, según la Convención de Ginebra, de acoger y tramitar las solicitudes de asilo que se planteen.
La embarcación fue localizada el 30 de enero por el servicio aéreo de rescate español, cuando se encontraba aparentemente a la deriva. Un día después, un remolcador del servicio de rescate español se aproximó al barco y lo ha acompañado desde entonces.