El gobierno español apoya procesos de paz en el mundo, pero, a la vez, mantiene la autorización para que empresas de este país fabriquen y vendan bombas de racimo, una de las armas cuya utilización afecta más a la población civil.
La organización ambientalista Greenpeace presentó este miércoles un informe titulado «Bombas de racimo, la lluvia del acero», en el que reclama que todos los países renuncien a la fabricación y uso de esas armas, que comenzaron a utilizarse en la Guerra de Vietnam (1965-1975) y que, según denuncias, fueron lanzadas por Israel en su último ataque a Líbano (julio-agosto).
Una bomba de racimo está formada por un contenedor con cientos de pequeños explosivos que tienen una imprecisión inaceptable y son poco fiables, según explican organizaciones no gubernamentales.
Una vez lanzadas, desde aviones, vehículos terrestres o marítimos, estallan y las submuniciones se dispersan sus explosivos sobre superficies muy amplias, que pueden llegar a cientos de hectáreas y entre cinco y 30 por ciento de las así desperdigadas no llegan a explotar, quedando enterradas o dispersas por el suelo.
«Estas bombas son incluso más peligrosas que las minas antipersonal, pues están diseñadas para matar y no sólo para herir o impedir el paso de un vehículo y suelen seguir activándose años después de lanzadas», explicó a IPS Mabel González, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace.
«Es una paradoja que España fabrique y venda a terceros estas bombas y al mismo tiempo envíe soldados a arriesgar su vida buscando y desactivándolas en países donde han sido lanzadas, como Afganistán, Kosovo (provincia autónoma de Serbia) y otros», añadió.
Al respecto cabe consignar que una de las productoras de esas y otras armas, la empresa española Instalaza, fabrica el Mat-120, que anuncia en su sitio de Inrternet diciendo que es «Munición de mortero, con 21 submuniciones de efecto contra carro y de fragmentación, cuyas espoletas electrónicas están dotadas de dispositivos de autodestrucción y auto-neutralización, eliminando así el riesgo de municiones activas abandonadas sobre el terreno».
En la presentación del informe, el director ejecutivo del capítulo español de Greenpeace, Juan López de Uralde, refiriéndose a las autoridades de este país, señaló que «un gobierno que apuesta por la paz no puede permitir que en su territorio se fabriquen estas armas y que el propio ejército las posea».
Por eso, adicionó, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero «tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz, prohibiendo la fabricación, venta, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español y apoyando de forma clara el proceso impulsado por Noruega para lograr su prohibición internacional».
Fuentes del gobierno y de su Ministerio de Defensa se abstuvieron de contestar a la pregunta de IPS acerca de si existía un plan, o el propósito de hacerlo, o dictar la prohibición, tanto de fabricar como de exportar y poseer estas armas.
En ese sentido, mantuvieron la misma posición del año pasado, cuando, respondiendo a una pregunta en el Congreso de los Diputados, el gobierno reconoció que la aviación «dispone de un arsenal limitado de bombas que contienen, respectivamente, submuniciones contra carro y anti pista».
Pero en la misma respuesta, el Ministerio de Defensa afirmó no tener constancia de que ese tipo de bombas haya sido usado por España en ninguna de las campañas internacionales en la que participó. Además informó de que no tenía planes para la adquisición o el nuevo desarrollo de las mismas.
Sin embargo, ese mismo 2005, el gobierno renovó la validez de la homologación de la granada de mortero MAT-120 y en julio de este año se formalizó un expediente por el cual el ejército español adquirió a Instalaza 500 granadas de mortero Mat-120.
Además del Mat 120, en España se fabrica la antipista BM-330, ejemplares de las cuales tiene el ejército español que, asimismo, posee el modelo CBU-100B (Rockeye) importado de Estados Unidos.
En su informe, Greenpeace afirma que al menos 34 países han producido, o lo hacen aún, bombas de racimo y ha identificado unas 80 empresas que las han fabricado o continúan haciendo esos artefactos o componentes clave de los mismos.
En la actualidad, sostiene la organización no gubernamental, hay al menos 55 empresas en el mundo que siguen produciéndolas, de las cuales casi la mitad están en Europa y ocho en Estados Unidos.
En la lista de productores hay también países del Sur, como Chile, Argentina, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Brasil, Pakistán, Sudáfrica, Egipto, India, Irán y Turquía.
Greenpeace subraya, además, que en los últimos años se han logrado progresos en el camino para eliminar esas armas y su producción. Uno de esos pasos hacia delante se registro en 1997 con la aprobación del Tratado de Ottawa, que prohíbe las minas antipersonal.
Pero, apuntó González, el avance más significativo lo dio el parlamento de Bélgica este año, al prohibir la tenencia, almacenamiento y fabricación de esas armas en su territorio. «Esperemos que España y otros países sigan su ejemplo», concluyó.