En su primer mensaje al Congreso al asumir la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden sostuvo que “la inversión pública en el desarrollo de las comunicaciones, la educación, las vacunas (…) y mucho más” hizo posible la transformación de su país en una potencia. Llegando al final de su mandato, su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, profundizó estas definiciones proponiendo la sustitución del Consenso de Washington que rigió desde los ’80 por un nuevo Consenso en el que el mercado será reemplazado por el Estado en la asignación de recursos a sectores de importancia estratégica para la “resiliencia” de la economía y “la seguridad nacional” [1].
Según Sullivan, las políticas neoliberales que impusieron la integración de la economía mundial tuvieron consecuencias no previstas inicialmente: el vaciamiento de la industria norteamericana y la competencia creciente con China, la cual vulnera las reglas del mercado. “La geopolítica” requiere ahora de una estrategia industrial capaz de impulsar a “sectores específicos que son el fundamento del crecimiento económico (…) y son de importancia estratégica desde una perspectiva de seguridad nacional”. Estos sectores “requieren de inversiones (…) (que) las empresas no son capaces de hacer” [2].
Estas definiciones fueron precedidas por la promulgación de leyes de importancia crucial: entre ellas, el Chips Act y el Inflation Reduction Act (IRA). La primera busca promover la producción local de los semiconductores tecnológicamente más avanzados que utiliza la industria norteamericana de punta, poniendo así fin a la dependencia de Taiwán, que produce el 80% de los mismos. Esta ley fue acompañada por fuertes sanciones a la exportación de tecnología norteamericana hacia China, tanto por empresas china como por empresas de países aliados. En paralelo, la IRA promueve la producción de minerales críticos y de otros bienes relacionados con la alta tecnología y la transición hacia energías verdes. Asimismo, por estos días se presentó un proyecto de ley: Shipyard Act, que destina 25.000 millones de dólares a la reestructuración de la infraestructura comercial marítima, con el objetivo de poner fin al control chino sobre el transporte comercial de ultramar “en el momento más peligroso para nuestra seguridad nacional desde la Segunda Guerra Mundial [3]”.
Así, el nuevo Consenso coloca a China en el centro de una política exterior que escala hacia un conflicto militar a corto plazo, impulsando la independencia de Taiwán [4] e imponiendo límites al avance tecnológico chino. Está en cuestión el control de recursos estratégicos naturales y tecnológicos que hacen al mantenimiento de la hegemonía mundial norteamericana y constituyen la base del desarrollo mundial en el futuro. Al tiempo que formula un nuevo Consenso, el gobierno norteamericano aumenta las operaciones militares conjuntas con la OTAN y países aliados en los mares que rodean a China, las visitas de altos funcionarios y el envío de material de guerra a Taiwán y las amenazas ante una posible invasión china, incluyendo la de volar TSM, el principal complejo industrial productor de semiconductores en Taiwán, si China invade la isla [5].
Esta estrategia norteamericana ha despertado la indignación de China y el recelo de los principales aliados norteamericanos en Europa, quienes en diversas oportunidades han denunciado al IRA como un “arma proteccionista”, “inconsistente con los principios del libre mercado y de competencia justa”, que contradice las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) [6]. El gobierno norteamericano busca atraer capitales de los países más desarrollados, especialmente de Alemania, hacia la economía norteamericana en el contexto de una desindustrialización precipitada por la voladura de las tuberías de gas Nord Stream 1 y 2 [7], que puso fin al abastecimiento de gas natural ruso a precios muy baratos. Esto implica una creciente dependencia alemana y europea de las importaciones de gas natural norteamericano, mucho más caro, y ha llevado a varias empresas a radicar sus capitales en los Estados Unidos [8].
Pareciera, pues, que las etapas del desarrollo del capitalismo global monopólico, centradas primero en el control de las cadenas de valor global por parte de multinacionales norteamericanas y luego en la financiarización creciente de la economía local y mundial, han dado lugar a una nueva instancia en la cual el Estado norteamericano busca recuperar su hegemonía mundial con un mercantilismo creciente. Esto abre la puerta a nuevos conflictos, no sólo geopolíticos, sino también domésticos.
Desde esta perspectiva, el Estado no es un sujeto ni un espacio neutro. Constituye un territorio donde distintos sectores sociales y políticos pugnan por el control de las decisiones y la consiguiente realización de intereses de distinta índole. El establishment demócrata busca con esta estrategia crear empleo industrial y recuperar así el apoyo de vastos sectores populares, que siendo su base tradicional, adhirieron a las propuestas de Donald Trump, catapultándolo a la Presidencia en 2016. El nuevo Consenso cuenta con el apoyo de los republicanos neocons, pero la inminencia de elecciones y algunos temas de la nueva agenda, las energías verdes y al aumento del déficit fiscal, encrespan a otros sectores republicanos.
En lo económico, esta estrategia mercantilista implica un enorme impulso a la concentración del capital e intensifica conflictos entre fracciones de clase.
Nuevo Consenso de Washington y crisis financiera
Para implementar la nueva estrategia, el gobierno requiere de una enorme inyección de liquidez y de subsidios destinados a estimular la economía real, y especialmente la industria. Estos objetivos compiten con intereses financieros que apoyan una política de facilitación monetaria a tasas cercanas a cero (QE), que desde 2008 abona la especulación financiera y ha tenido como resultado el estancamiento de la economía real, el vaciamiento de la industria y la creciente dependencia de las importaciones de China.
Por otra parte, en el último año la Reserva Federal norteamericana (FED) ha intentado adecuar la política financiera a la creciente inflación internacional [9], aumentando las tasas de interés al nivel del 5%. Esta política parece adquirir nuevo significado a la luz del nuevo Consenso en un mundo crecientemente multipolar que desafía la vigencia del dólar como moneda internacional de reserva. El aumento de las tasas de interés fortalece al dólar en relación con otras monedas y atrae capitales de todo el mundo hacia el sistema financiero norteamericano. Es, pues, un arma con la que la Reserva Federal enfrenta al desafío del mundo multipolar. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas de interés incrementa el riesgo de implosión del enorme endeudamiento bancario y financiero, fenómeno que ya empieza a aflorar en la crisis bancaria desatada desde mediados de marzo. Esta crisis también produce un aumento de la concentración del capital, fenómeno expuesto en las recientes corridas de depósitos bancarios, que todavía continúan: estas tienen como norte a un puñado de grandes bancos y fondos de inversión.
Pareciera entonces que el nuevo Consenso se acompaña de una política monetaria que busca detonar en forma controlada a la burbuja financiera, induciendo al mismo tiempo una mayor concentración del capital y preparando el terreno para la introducción del dólar digital emitido por la Reserva. Anticipando esto último, a mediados de marzo la Reserva implementó un plan piloto: la FedNow, al tiempo que intensificó las regulaciones que buscan poner fin a la amenaza representada por la emisión de criptomonedas que, referenciadas al dólar, son emitidas por monopolios tecnológicos. Así, estas medidas persiguen el objetivo de mantener y aumentar el control de las finanzas por parte de un pequeño grupo de mega-bancos que forman parte de la Reserva Federal. La crisis bancaria desatada desde mediados de marzo ilumina algunos aspectos de estos conflictos.
En julio de 2021, Biden aprobó un decreto [10] por el cual advirtió a la autoridad regulatoria que no podrá adoptar medidas que generen “excesiva concentración de los mercados”, mencionando especialmente a las fusiones bancarias. Al día siguiente, la Reserva anunció una nueva fusión de bancos, una más de las 4.506 aprobadas en los últimos 16 años. Como consecuencia de estas fusiones, entre 1999 y 2022 el número de bancos e instituciones financieras con garantía oficial de los depósitos [11] se redujo en un 54%. La concentración financiera es aún mayor si se considera que hacia septiembre de 2022 sólo cuatro mega-bancos poseían el 39% del total de los 23.6 billones (trillions) de dólares de activos pertenecientes a los 4.674 bancos y entidades financieras con garantía oficial de los depósitos. Es decir: el 0,08% de las entidades financieras controla hoy al 39% de los activos [12].
En este contexto, el banco más grande de todos, el J.P. Morgan, fue penalizado en los últimos años por incurrir en cinco delitos graves por lavado de dinero y manipulación de mercados. A pesar de ello, siguió creciendo en tamaño y dominio de los mercados, y bajo el auspicio de la autoridad monetaria, articuló el reciente salvataje del First Republic [13], que culminó hace pocos días con la realización de pingües ganancias por parte del J.P. Morgan y su absorción del banco en default. El J.P. Morgan tiene además el mayor endeudamiento con derivados [14] y posee el 43% del total de los depósitos no asegurados de los bancos comerciales y entidades financieras con garantía oficial de los depósitos.
La reciente crisis bancaria también ha expuesto los intentos de la autoridad regulatoria a lo largo del último año por controlar las criptomonedas y bloquear su interrelación con la banca comercial. En abril, Gary Gensler, presidente de la SEC [15], relacionó esta crisis bancaria con las criptomonedas y pidió al Congreso mayor autoridad para regularlas. Según Gensler, Sillicon Valley, Silvergate y Signature Bank –los primeros bancos en quebrar– estaban íntimamente relacionados con la emisión de criptomonedas y pusieron en riesgo a un mercado de capitales que involucra a unos 100 billones (trillions) de dólares. Sin embargo, el Signature Bank tenía depósitos por 110.000 millones de dólares, de los cuales sólo un 20% se relacionaba con criptomonedas y el resto se vinculaba al negocio inmobiliario. Según Barney Frank [16], su fulminante desaparición se debió a motivos políticos [17]. La posterior caída del First Republic, y la forma en que fue “rescatado” por el JP Morgan [18], tiende también a indicar móviles políticos, que se vinculan con el objetivo de concentrar cada vez más el poder financiero en muy pocas manos.
Guerra y política en vísperas electorales
El ex secretario de Estado Henry Kissinger sostuvo la semana pasada que la negociación para poner fin a la guerra en Ucrania podría iniciarse a fines de este año con mediación de China, y aclaró su disposición a colaborar con ello si el gobierno se lo pide [19]. En paralelo, en una entrevista en CNN, Trump aseguró que si fuese elegido Presidente negociaría el fin del conflicto en 24 horas [20].
La inmediata negociación del conflicto es también reclamada por Robert Kennedy Jr., quien habiendo lanzado recientemente su candidatura a la Presidencia por el Partido Demócrata, ya cuenta con un 20% de aprobación [21] y plantea un complejo desafío a Biden, al exponer la vinculación de la guerra en Ucrania con las ganancias del complejo industrial militar, el involucramiento de los organismos de inteligencia en la censura y en el asesinato de su padre, Robert Kennedy, y de su tío, el ex Presidente John Fitzgerald Kennedy, y la injerencia de las corporaciones en la política ambiental y en la salud pública del país [22]. Mientras tanto, los republicanos presentaron en el Congreso [23] nueva información bancaria que supuestamente conecta directamente al Presidente Biden con negocios de corrupción con empresas y funcionarios de Ucrania y China, que beneficiaron a distintos miembros de su familia cuando Biden era Vicepresidente.
En este contexto político, la ofensiva de las tropas de Ucrania anunciada durante meses es ahora puesta en duda por el propio Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski [24].
Argentina: creciente ilegitimidad institucional y política
A pedido de representantes de la oposición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió súbitamente las elecciones a realizarse en Jujuy y Tucumán el próximo domingo. Asimismo, en la asamblea de la AmCham, el foro empresarial norteamericano en la Argentina, el titular de la Corte Suprema encontró una oportunidad para advertir sobre “la expansión incontrolada de la moneda” y la relevancia “de preguntarse en este contexto (…) si además de ser la Constitución Nacional un programa de gobierno, también es un programa económico. La respuesta es sí y las bases (..) .que tiene la Constitución es el capitalismo (…) Si se quiere otro sistema, hay que reformar la Constitución” [25]. Pareciera que la emisión monetaria puede ser considerada anticapitalista y judiciable, una interpretación que seguramente suena como música en los oídos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los que reclaman mayor ajuste fiscal. Así, una Corte cuya corrupción se expone a diario en las denuncias que se ventilan en la Comisión de Juicio Político del Congreso, pasa ahora mensajes advirtiendo sobre su capacidad de desestabilizar políticamente en los meses que vienen.
Ese mismo día, el titular de la AmCham y Presidente del J.P. Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, advirtió que “el país está al borde de una nueva crisis (…) navegando en un banco de tinieblas”. Raudo, el embajador norteamericano, Marc Stanley, propuso la salvación: “Llevar alimentos y combustibles al mundo” e integrarse de algún modo a los beneficios que ofrece el IRA, la ley norteamericana que discutimos al principio de esta nota. La misma propuesta fue presentada en la reciente reunión del Mineral Security Parnership, una alianza entre Estados Unidos y países desarrollados para asegurar el abastecimiento de minerales críticos, a la que Argentina fue especialmente invitada. Nuestro país es muy atractivo: tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, paga regalías absolutamente ínfimas, no controla ni pesa lo que se exporta y las dos empresas que producen litio en el país –Allkem (australiana) y Livent (norteamericana)– se acaban de fusionar, conformando un enorme conglomerado mundial con sede en los Estados Unidos.
En este contexto, el FMI confirmó que “hay discusiones positivas” con la Argentina, pero guarda silencio respecto al reiterado pedido del gobierno de adelantar los recursos del segundo semestre destinados al pago de la deuda para así poder contener la corrida cambiaria que acecha ante la continua caída de reservas, pérdida de depósitos en dólares e inminencia de elecciones. Mientras tanto, los formadores de precios remarcan continuamente: la inflación general de abril fue del 8.4%, mientras que la de alimentos fue del 10.1% y la de vestimenta, del 10.8%. El Presidente Alberto Fernández considera que es una “inflación psicológica” que opera “en la cabeza de los argentinos”, impulsada por la corrida cambiaria: una “inflación que no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante” [26]. En este análisis no hay monopolios que forman precios, ni existen leyes que podrían aplicarse para impedirlo. El Presidente dice haber sacrificado su candidatura presidencial para “gestionar” mientras el ministro de Economía actúa como el salvador de la Patria e insinúa su candidatura única en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Tal vez crea que el FMI lo apoya y no se da cuenta de que juega en un tablero de ajedrez donde es sólo una opción pasible de ser descartada rápidamente, si fuese necesario.
En medio de estas disputas palaciegas, la Unidad Piquetera, la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y varias organizaciones de izquierda y del Frente de Todos anunciaron una movilización el 18 de este mes para reclamar la inmediata entrega de alimentos para los más vulnerables y el inicio de un plan de lucha por las reivindicaciones de todos los sectores populares, incluidos los trabajadores registrados. También llaman al debate hacia una unidad “sin precedentes” y “por encima de las diferencias políticas” [27] en contra del ajuste. Pareciera, pues, que se intenta cambiar de abajo hacia arriba una relación de fuerzas que condena al país al endeudamiento ilimitado, al canibalismo social y a la pérdida de legitimidad de las instituciones y de la dirigencia popular.
Notas:
[1] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/.
[2] Op. cit. El nuevo Consenso impulsará una fuerte intervención estatal para “integrar la política doméstica con la internacional”, emprendiendo la ciclópea tarea de reestructurar las cadenas de valor global para garantizar el abastecimiento con producción local y de los países aliados a los Estados Unidos (onshoring, friendshoring).
[3] gcaptain.com, 04/05/2023. Propuesto por el senador Roger Wicker, el proyecto pretende repetir la hazaña del gobierno de Harry Truman cuando en 1941 convirtió a la industria naviera en un coloso de la Segunda Guerra Mundial.
[4] El reconocimiento de “una sola China” data de 1972 y está presente en todos los documentos del Departamento de Estado norteamericano.
[5] zerohedge.com, 11/05/2023.
[6] fortune.com, 25/11/2022. Esto también ha sido analizado en otras notas de esta columna.
[7] Analizado en otras notas, así como también la política de los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden en relación con estos gasoductos y la supuesta autoría del atentado por parte del gobierno norteamericano.
[8] wsj.com, 21/09/2022; intelligencer.com, 19/01/2023.
[9] Desatada por la guerra comercial contra China, la pandemia y la sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Esto ha sido analizado en otras notas.
[10] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/.
[11] Hasta los 250.000 dólares, y por la Federal Insurance Commission.
[12] wallstreetonparade.com, 11/05/2023.
[13] Analizado en la última nota.
[14] Activos financieros complejos que derivan su valor de otros activos. Los mega-bancos son considerados “sistémicamente importantes” por las autoridades regulatorias porque por su tamaño e interconexión plantean un riesgo sistémico a la estabilidad financiera norteamericana.
[15] Securities and Exchange Commission, entidad a cargo del control y regulación de las actividades financieras.
[16] Miembro de su directorio y autor de la ley Dodd Frank, que en 2010 reformuló al sistema financiero como respuesta a la debacle de 2008.
[17] nymag.com, 15/03/2023.
[18] Ídem nota 10.
[19] Entre otros, zerohedge.com, 09/05/2023.
[20] https://twitter.com/NETWORKSMANAGER/STATUS/1656468670980161538?REF_SRC=TWSRC%5ETFW%7CTWCAMP%5ETWEETEMBED%7CTWTERM%5E1656468670980161538%7CTWGR%5E8B441988A5F645C27EFB933514C02E04F18A58CA%7CTWCON%5ES1_&REF_URL=HTTPS%3A%2F%2FWWW.ZEROHEDGE.COM%2FPOLITICAL%2FTRUMP-WILLING-MEET-PUTIN-HAVE-UKRAINE-WAR-SETTLED-ONE-DAY.
[21] slate.com, 01/05/2023.
[22] El asesinato de su padre y tío en 32:51 https://www.youtube.com/watch?v=nA0OXZuaG0g&t=1211s.
[23] zerohedge.com, 10 y 11/05/2023.
[24] bbc.co.uk, 09/05/2023.
[25] infobae.com, 09/05/2023.
[26] infobae.com, 12/05/2023.
[27] tiempoar.com, 11/05/2023.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/mercantilismo-crisis-financiera-y-guerra/