En las aguas del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental, uno de los mejores bancos pesqueros del mundo, las licencias de pesca que autorizan a faenar están en manos de militares marroquíes de alta graduación y de políticos saharauis partidarios de Rabat en la disputa que le enfrenta al Frente Polisario, que reivindica la […]
En las aguas del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental, uno de los mejores bancos pesqueros del mundo, las licencias de pesca que autorizan a faenar están en manos de militares marroquíes de alta graduación y de políticos saharauis partidarios de Rabat en la disputa que le enfrenta al Frente Polisario, que reivindica la independencia de esa antigua colonia española. El primero en obtener una licencia, hace ya muchos años, fue el general Abdelaziz Bennani, de 66 años, comandante en jefe de la zona sur (Sáhara) e inspector general de las Fuerzas Armadas, según reveló en diario Akhbar al Youm de Casablanca.
El ministro islamista de Transportes, Abdelaziz Rabah, ha creado un mal precedente a ojos de los miles de marroquíes que disfrutan gratuitamente y de por vida de una licencia. En aras de «desarrollar la transparencia» y a permitir ejercer «el derecho de acceso a la información» de los ciudadanos ha colgado en la web de su ministerio 400 páginas con 4.118 nombres. Son los beneficiarios, algunos desde hace 40 años, de licencias para operar en el transporte urbano e interurbano. La lista contiene sorpresas.
Junto con transportistas profesionales figuran en ella artistas, deportistas, exministros, imanes, el difunto padre de Fouad Ali el Himma, consejero del rey de Marruecos, varios exmiembros del Polisario, como Brahim Hakim y Gasmoula Ben Ebbi, ahora alineados con Rabat, y Miloud Tounzi, un expolicía secreto reclamado por la justicia francesa por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Mehdi Ben Barka, principal opositor al rey Hassan II.
El interés de los marroquíes fue tal que la web de Transportes se bloqueó. El ministro Rabah ha despertado el apetito de los marroquíes que quieren saber más. «Ahora, a la espera de las listas de Laenser y Akhnnouch», titulaba un editorial la web informativa Lakome, refiriéndose a los responsables de Interior y de Agricultura y Pesca, que también otorgan licencias a dedo para vender alcohol en tiendas y restaurantes o para pescar.
El rotativo Akhbar al Youm se anticipó al ejercicio de transparencia que difícilmente harán esos dos Ministerios, que no están en manos de islamistas. Publicó los nombres de los principales detentores de licencias de pesca que, por orden cronológico, encabeza el general Bennani. Un telegrama enviado en 2008 a Washington por el entonces embajador de EE UU en Marruecos, Thomas Riley, ya había anticipado sus negocios, según desveló Wikileaks.
«Un rumor muy extendido indica [que el general Bennani] posee una buena porción de las pesquerías en el Sáhara Occidental», escribió. «Informes creíbles indican que el teniente general Bennani aprovecha su posición de comandante del sector sur para sacar dinero de los contratos militares e influir sobre las decisiones empresariales», añadía.
Otros dos pesos pesados, el general Housni Bensliman, jefe de la Gendarmería, y Abdelhak Kadiri, exinspector general de las Fuerzas Armadas, también poseen un buen puñado de licencias, cuya explotación han cedido, mediante pago, a armadores marroquíes y españoles. Las licencias no se pueden vender, pero su usufructo puede ser transferido. A Bensliman y Kadiri también les reclama la justicia francesa como testigos en el marco de la investigación sobre Ben Barka.
En la lista figuran también un par de coroneles, políticos -la mayoría saharauis-, la antigua dueña francesa de la discoteca Amnesia de Rabat, frecuentada antaño por el rey Mohamed VI, y Abdelmoughit Slimani, cuñado del poderoso ministro del Interior, Driss Basri. Slimani posee él solo 56 licencias, es decir, casi la mitad (119) de las otorgadas por Rabat a la Unión Europea en el acuerdo de pesca que el Parlamento Europeo rechazó prorrogar en diciembre. La Comisión Europea pagaba a Rabat 36 millones de euros al año por ese acuerdo.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/11/actualidad/1331487704_198134.html