Hay nuevas inversiones petroleras en Angola y en Uganda, y mineras en Madagascar y Ghana, procedentes de compañías tradicionales del Norte industrial pero también de China, en lo que algunos expertos ya consideran una «piñata por los recursos de África». Los intereses de las compañías están protegidos por acuerdos de inversión y comerciales, que les […]
Hay nuevas inversiones petroleras en Angola y en Uganda, y mineras en Madagascar y Ghana, procedentes de compañías tradicionales del Norte industrial pero también de China, en lo que algunos expertos ya consideran una «piñata por los recursos de África».
Los intereses de las compañías están protegidos por acuerdos de inversión y comerciales, que les asignan la capacidad de demandar a los Estados si sus gobiernos cometen el atrevimiento de tomar medidas o sancionar leyes que reduzcan sus beneficios.
«Los metales siempre han sido un enorme negocio, más aun que la agricultura», dijo a IPS el investigador Thomas Lines, autor del libro de inminente publicación «Making Poverty: A History» («Empobreciendo: Una historia»).
«Las minas son algo grande. Necesitan un gran capital detrás. Por eso, el negocio tiende a quedar en manos de grandes empresas», sostuvo Lines.
«La industria minera es bien conocida por sus proyectos de ‘enclave'», en los cuales la autoridad empresarial es superior a la del Estado, añadió. «A la empresa se le asigna el derecho de explotar la mina. La empresa instala la infraestructura, saca el material de la mina y negocia con el gobierno los términos de pago.»
«Lo que sucede con demasiada frecuencia es que la compañía minera obtiene mucho dinero y que unos pocos funcionarios gubernamentales reciben sobornos. A nivel local, ofrece algunos empleos, pero en general son muy vulnerables y someten a los trabajadores a condiciones bastante duras.»
La minería ha sido una importante fábrica de pobres, según queda en evidencia en el libro de Lines.
A fines de los años 90, los países menos avanzados exportadores de metales y minerales mostraron los mayores niveles de pobreza: hasta 82 por ciento de sus habitantes sobrevivían con menos de un dólar diario.
«Otro problema es la tierra invadida, no sólo la correspondiente a la propia mina, sino para instalar la infraestructura de transporte, como carreteras y vías férreas», dijo Lines.
«Y cada vez hay más proyectos de minas ‘a tajo abierto’ o ‘a cielo abierto’. No tienen que perforar, sino solo remover la cumbre de una elevación» o los minerales que surgen al ras de la tierra, «lo cual es muchísimo más dañino para el ambiente», sostuvo
«Hay otras consecuencias nefastas, como la contaminación química. Todo depende de la naturaleza del producto que se extrae. Si se trata de oro, se usa cianuro. Si no tienen cuidado, los ríos terminan contaminados», agregó.
«La bauxita, materia prima del aluminio, ha sido la principal exportación de Ghana. Pero pocos habitantes se benefician por eso. Es una industria de enclave que se desarrolla en un rincón remoto del país, donde se extrae y se embarca. El dinero no se comparte», aseguró.
Para reparar esta situación, es necesario que los gobiernos dicten normas para estas actividades. Pero su capacidad de regulación ha sido despojada por acuerdos internacionales de los países con instituciones multilaterales.
«En los 80, se le dijo a los gobiernos que debían abrir la minería a los intereses privados», dijo a IPS Salimah Valiani, experta del Congreso Laboral Canadiense. «Los Estados perdieron el control social sobre las minas.»
«Unos pocos centavos de cada dólar producido por el níquel extraído en Papúa-Nueva Guinea eran recibidos por la comunidad alrededor de la explotación. Pero se le recomendó al gobierno remover las normas en tal sentido para ‘atraer’ inversiones.»
Las herramientas usadas por las corporaciones para proteger sus intereses se volvieron cada vez más complejas.
La abogada Nathalie Berrnasconi, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional con sede en Washington, llegó a contar 2.500 tratados bilaterales de protección de inversiones con que los gobiernos defienden los intereses de las compañías.
Entre los principios que rigen estos convenios figuran los de no discriminación, de modo que las compañías extranjeras deben ser tratadas igual que las nacionales, explicó Bernasconi a IPS.
«Otras normas pueden ser muy problemáticas. Una regulación nacional que limite la capacidad de lucro de un proyecto puede entenderse como expropiatoria, y, por lo tanto, el gobierno deberá pagarle una compensación a la compañía que se considere afectada», agregó.
Los procedimientos establecidos en esos tratados están, con frecuencia, sesgados a favor de las compañías.
Por ejemplo, reconocen el derecho de los inversores a demandar a los Estados ante foros o árbitros internacionales, pero no el derecho de los Estados a emprender querellas similares contra las empresas, explicó la abogada.
Este fenómeno, que abrió paso a numerosos juicios, comenzó con la firma a inicios de los años 90 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA) entre Canadá, Estados Unidos y México.
Inversores italianos demandaron a Sudáfrica ante un tribunal internacional porque se sintieron «discriminados» por leyes dirigidas a mejorar la condición económica de la población negra luego de caído el régimen del apartheid.
Pero compañías italianas controlan 80 por ciento de las exportaciones sudafricanas de piedras preciosas.
Bernasconi explicó, además, que el gobierno de Perú se debate entre el respeto por los derechos humanos y la defensa de los intereses de compañías mineras candienses en la comunidad de San Mateo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno peruano a asegurarse de que la empresa removiera los residuos tóxicos que habían contaminado las napas de agua subterráneas, el aire y la tierra, lo cual dañaba la salud de la población, en especial de los niños y niñas.
«Pero, como hay un tratado bilateral, la compañía puede demandar al gobierno» en caso de que haga cumplir el dictamen de la Comisión Interamericana, agregó.
«Los inversores no siempre ganan, pero las demandas frenan la aprobación de leyes. Pueden decirle a los gobiernos: ‘Si la apruebas, vamos a querellarte'», dijo Bernasconi.