Como ha expresado Enrique Santiago como portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos -En Comú Podem – Galicia en Común en el Congreso, durante la presentación de esta proposición de ley, el colonialismo no tiene justificación alguna. Ninguna circunstancia puede legitimar la ocupación por la fuerza de un país extranjero. Es la privación colectiva de la libertad a todo un pueblo y su explotación más descarnada. Desde las conferencias de Berlín de 1884 y 1885, en las que la poco democrática y muy capitalista Europa se repartió el continente africano, España mantuvo bajo su control los territorios del Sahara occidental.
La proposición de ley presentada para su toma en consideración, primer filtro para que pueda continuar su tramitación en el Congreso de los Diputados y acabe por aprobarse como ley, pretende hacer justicia, aunque sea en un grado muy limitado, con el agravio histórico cometido contra el pueblo saharaui. A la ocupación y expolio del Sáhara Occidental sucedió algo aún más grave, el abandono cuando la dominación no pudo sostenerse por la resistencia heroica del Frente Polisario. Esa fue la ignominiosa actuación que protagonizó el franquismo moribundo, cuando, bajo la dirección bajo cuerda de Estados Unidos, se olvidó de los que había reconocido como ciudadanos y repartió el territorio entre Marruecos y Mauritania tras el acuerdo tripartito de Madrid.
El régimen franquista había concedido al Sáhara Occidental la consideración de la provincia número 53. A sus habitantes se les expedía documentos de identidad, su acceso al ejército y la función pública e incluso se les otorgaba representación en las fantasmagóricas Cortes de la dictadura. Eran los “españoles nacidos en el Sáhara”, según la normativa y la terminología oficial que operó entre el 19 de abril 1961 y el 26 de febrero de 1976, cuando España comunicó a las Naciones Unidas el abandono del territorio.
Seis meses más tarde se aprobaba una norma que permitía optar por la nacionalidad española a los saharauis, cuando ya se había abandonado el territorio y cometido el crimen de entregarlo a unos nuevos ocupantes, Marruecos y Mauritania, que lo pretendieron someter a sangre y fuego. Como ha interpretado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, fue un procedimiento viciado e ilusorio, al que no pudieron acceder más que unas pocas personas que hallaban fuera del control de las nuevas autoridades de ocupación.
Han pasado demasiados años de esa entrega vergonzosa. La República Árabe Saharaui Democrática es una realidad que sigue luchando por el derecho a la autodeterminación de su pueblo y esperando a que se cumpla el derecho internacional. Mientras tanto, una buena parte de los saharauis viven en condiciones cada vez más difíciles en los campamentos de refugiados del Tinduf, en los territorios ocupados o en una diáspora por todo el mundo, incluida España. En este último caso, la condición de estas personas se ha agravado con un trato injusto y discriminatorio en el régimen de extranjería y acceso a la nacionalidad que se les aplica. Obviamente esta no es la aspiración última de quienes luchan por retornar a su país liberado, pero mientras esto ocurre es un derecho más que les ha sido escamoteado.
Con la proposición de ley que presenta Unidas Podemos se pretende saldar este agravio histórico, aunque sea de manera muy limitada, con tres medidas. La primera, a través de la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental durante la soberanía española, con un procedimiento muy similar al que se llevo a cabo con los sefardíes originarios de España, por el que se reconocía un pasado común roto hace más de 500 años, se permite acceder a la nacionalidad con la aportación de unos documentos cuya sola mención nos da una idea de la vinculación directa e inmediata de estas personas con España.
Se podrá acceder a este procedimiento extraordinario con la aportación de un documento nacional de identidad español, aunque se encuentre caducado, con verificación de la identidad por parte de los servicios de la Dirección General de la Policía. Asimismo, serán válidas las partidas de nacimiento, los libros de familia, los documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la administración española en el Sáhara Occidental o cualquier otro de una autoridad administrativa española que acredite el nacimiento en el Sahara Occidental antes del 26 de febrero de 1976. Por último, también se contempla que se tengan en cuenta los certificados de inscripción en el censo para el referéndum del Sahara Occidental expedidos por Naciones Unidas o los de nacimiento expedidos por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf, legalizados por la Representación del Frente Polisario en España.
Para atender el retraso de los más de cuarenta años de abandono y sus consecuencias, la segunda medida que incluye la proposición de ley consiste en la posibilidad de optar por la nacionalidad española de los descendientes en primer grado de consanguineidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza. En este supuesto se establece un plazo de cinco años desde la inscripción en el registro civil de la nacionalidad de sus progenitores y se remite al procedimiento ordinario establecido en la normativa española.
En tercer lugar, la ley quiere acabar con una discriminación palmaria y reconocer la equiparación de los saharauis en el código civil con los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes para adquirir la nacionalidad por residencia. La mera ausencia de esta previsión en el código civil supone el colmo de los agravios cometidos con la población saharaui, nuestra colonia más reciente y de la que todavía debemos responder ante las Naciones Unidas por su proceso de autodeterminación. Este olvido condenaba a los residentes saharauis a multiplicar por cinco el número de años requeridos para reclamar la nacionalidad, de dos a diez. En dos ocasiones la comisión de justicia del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la superación de semejante discriminación. Una unanimidad que merecía también esta iniciativa pero que no se ha conseguido por la actitud del PSOE y la ultraderecha.
Nuestra prioridad política es el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Es nuestra obligación hacer todo lo posible para que se cumpla este mandato de las Naciones Unidas. Esta iniciativa es un simple paso para hacer más fácil la vida de un pueblo con el que tenemos una deuda histórica que debemos saldar. Seguiremos haciendo todo lo posible para que los saharauis puedan ser saharauis con la celebración de ese referéndum tantas veces postergado y que esta iniciativa legal sirva en el futuro para estrechar los lazos entre las poblaciones de dos estados libres, soberanos e independientes.
Mauricio Valiente Ots es Coordinador de IU en el grupo parlamentario de UP-ECP-GC