Entrevista a Olawale Fapohunda abogado dedicado a los derechos humanos en Nigeria y director del no gubernamental Consorcio de Recursos Legales, que brinda asistencia legal gratuita a reclusos.
Ruanda y Gabón abolieron hace poco la pena de muerte. ¿Qué lecciones puede aprender Nigeria de eso?
Sí, esos dos países abolieron la pena de muerte, y también Senegal, hace tres años. Nigeria también tendrá que actuar de modo decisivo en esta materia. Esto es tema de debate público en el país desde 2004. Pero ahora tal vez es tiempo de que el gobierno asuma el liderazgo y muestre el camino que hay por delante.
Pero ¿Nigeria realmente está lista para la abolición, considerando su muy alta criminalidad?
El debate sobre la pena máxima en Nigeria siempre es emocional. Rara vez está respaldado por hechos o por un razonamiento adecuado. Usted mencionó la alta criminalidad, aunque esa afirmación no se ajusta a las estadísticas. Por ejemplo, nuestra población es de unos 140 millones de habitantes. Pero la población total de nuestras cárceles es de 40.000, de los cuales 25.000 en realidad están en prisión preventiva.
Así que, o bien estas cifras de criminalidad son exageradas o bien la policía no está atrapando a los delincuentes. Sea lo que sea, las estadísticas sí ilustran una falla fundamental en nuestro sistema de justicia penal.
En realidad, nosotros tenemos una moratoria no oficial a las ejecuciones. La simple razón de esto es que a los gobernadores estaduales a quienes se les pide que firmen órdenes de muerte se han mostrado reticentes a hacerlo. Esto se debe, en buena medida, a la falta de confiabilidad de todo el proceso, desde el arresto hasta la condena.
En el camino hacia la abolición, además de las percepciones sobre el delito, está la religión. Muchos nigerianos tienen una actitud de línea dura hacia el castigo capital y esto está influenciado por sus creencias religiosas.
Creo que Nigeria debería abolir la pena de muerte, pero dudo que haya voluntad política para hacerlo.
¿Por qué los tribunales continúan emitiendo sentencias de muerte cuando existe lo que usted llama «moratoria no oficial»?
La pena de muerte todavía se mantiene en las leyes de Nigeria. La constitucionalidad de este castigo fue afirmada por nuestra Suprema Corte. Por lo tanto, los tribunales todavía pueden emitir sentencias de muerte. Éste seguirá siendo el caso hasta que haya una reforma legal en esta materia y la pena de muerte sea eliminada de nuestro código legal.
¿Qué están haciendo los activistas defensores de los derechos humanos para presionar al gobierno a abolir la pena capital?
Las organizaciones no gubernamentales nigerianas fueron consistentes en presionar por este asunto. Nuestros esfuerzos están en curso. Pero sería un error suponer que entre todas las organizaciones no gubernamentales del país hay consenso a propósito de la pena de muerte. Esto no es así.
Sin embargo, hay una coalición de organizaciones no gubernamentales por la abolición de la pena de muerte. Ésta busca construir un consenso sobre este tema entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales. También hay un esfuerzo por llevar el debate al parlamento.
Como organizaciones no gubernamentales, necesitamos hacer más en el área de la educación pública. También necesitamos respaldar nuestra defensa con cifras y hechos concretos.
¿Qué ocurrió con las recomendaciones de la Comisión Presidencial sobre la Reforma de la Administración de Justicia, en la que usted se desempeñó como secretario?
Presentamos tres informes a la presidencia, incluyendo uno final que estudió las prisiones en todo el país. Luego se constituyó un comité para evaluar estos informes y presentar a la presidencia un libro blanco (conteniendo documentos informativos sobre el tema).
Los ministros de Justicia y del Interior hace poco comenzaron a dar pasos para adoptar las recomendaciones clave contenidas en los informes, particularmente las relacionadas con las prisiones y las condiciones de los reclusos.
Su comisión se preocupó especialmente por los reclusos en espera de ser ejecutados. Usted recomendó que ciertas categorías de estos fueran liberados. ¿Esto ocurrió?
Sí, estábamos preocupados por las deplorables condiciones de los condenados a muerte. Descubrimos que el periodo promedio que pasan en esa espera es de entre 10 y 15 años. También notamos que a muchos reclusos se les diagnostican varias enfermedades físicas y mentales.
Fuimos persuadidos por el informe del Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte, creado por el gobierno federal en 2004. Esta declaración encapsuló los hallazgos de ese reporte: «Un sistema que quita una vida primero debe dar justicia».
Además de identificar a ciertas categorías de reclusos condenados a la pena de muerte para su liberación inmediata, también recomendamos una moratoria oficial a las ejecuciones hasta que el sistema judicial penal de Nigeria pueda garantizar una justicia fundamental y un debido proceso en los casos capitales.
El pedido de una moratoria oficial a todas las ejecuciones es confirmado por la convicción de que el gobierno federal ya no puede ignorar los problemas sistémicos que existen desde hace tiempo en nuestra justicia penal. Estos han sido exacerbados por el limitado financiamiento de las agencias de justicia penal, la inadecuada formación del personal y un inadecuado programa de asistencia legal.
También descubrimos que uno de los problemas más inextricables en la administración de la pena de muerte en Nigeria es la severa falta de asesoramiento legal competente y adecuadamente compensado para los acusados y los condenados que buscan apelaciones.
El limitado financiamiento del programa de asistencia legal debilitó seriamente el sistema de apoyo a los abogados que toman estos casos complejos y demandantes.
Es particularmente destacable y de preocupación que el Consejo de Asistencia Legal actualmente no asesora a condenados a muerte. La consecuencia directa de esto es que los reclusos que esperan ser ejecutados en las prisiones de Nigeria –casi todos pobres– no tienen representación legal.
El gobierno federal todavía tiene que implementar nuestras recomendaciones, entre ellas nuestro pedido de una moratoria oficial a las ejecuciones y la liberación de ciertas categorías de reclusos condenados a la pena de muerte.
* Olawale Fapohunda fue secretario de la Comisión Presidencial sobre la Reforma de la Administración de Justicia, que a comienzos de este año recomendó la liberación de muchos prisioneros que aguardaban su ejecución. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de Reforma Penal Internacional.