El pasado 9 de agosto, hombres armados en motocicletas, atacaron el vehículo en el que viajaban seis voluntarios franceses de la ONG ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique Et au Développement) junto a su guía y un chofer ambos nigerinos, cuando atravesaba la reserva de jirafas de Koure, a 65 kilómetros Niamey, la capital de Níger.
Todos los ocupante del jeep murieron en el hecho y si bien desde el inicios de las investigaciones era dado por cierto que los atacantes pertenecían a alguna de las dos grandes organizaciones terroristas que operan en la región: la franquicia de al-Qaeda global, que en 2017 tras la unión de varios grupos pasó a llamarse Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin o Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en inglés) o la perteneciente al Daesh, Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS), aunque en el momento ninguna de las dos organizaciones, en guerra entre sí, se había responsabilizado del hecho (Ver: Sahel: Una guerra por la gracia de Dios).
En su momento, el general Dominique Trinquand, ex jefe de la misión militar francesa en la ONU, había declarado que el objetivo jamás había sido el secuestro, sino la muerte de los cooperantes, por dos motivos: en venganza contra Francia por la presencia de la Operación Barkhane, que con más de 5 mil militares franceses, opera en la región contra estos grupos y justamente la presencia de estos efectivos, hace mucho más difícil a los terroristas la posibilidad de mantener rehenes para negociar su liberación, gestión que muchas veces se ha demorado años. Sumado a un golpe de efecto mediático, algo que siempre buscan estas organizaciones, ya que este tipo de acciones siempre produce gran repercusión en la prensa y pone el nombre de esas organizaciones en lo alto para la mirada de muchos jóvenes aspirantes a incorporase a alguna de estas khatibas.
A más de cuarenta días del ataque en la reserva natural de Koure, en un reciente comunicado de al-Naba, el sitio oficial de Daesh, reconoció la responsabilidad del ataque al jepp de los cooperantes, además de informar de nuevos enfrentamientos con al-Qaeda en diferentes puntos del Sahel.
En muchas oportunidades estos grupos demoran reconocer sus acciones, esperando primero la reacción tanto de la prensa, como de los gobiernos afectados por esas acciones, por lo que al-Qaeda a las pocas horas de conocerse ese ataque, había sacado un comunicado donde negaba cualquier participación en el hecho.
La acción del pasado 9 de agosto recordó la emboscada del 4 de octubre de 2017 en la región suroccidental de Tillabery, Níger, próximo a la frontera con Malí y Burkina Faso, donde murieron una docena de militares, cuatro de ellos boinas verdes norteamericanos, junto a ocho efectivos del ejército nigerino. Lo que dejó en evidencia la presencia de Washington en ese conflicto, información hasta ese momento absolutamente desconocida, para gran parte del pueblo norteamericano. (Ver: Níger: Cacería en el Sahel.)
La venganza como táctica.
En diciembre del año pasado un ataque terrorista contra la guarnición militar de la ciudad occidental de Inates en la ya crítica región de Tillaberi, había dejado 71 militares muertos y una docena de heridos, en esa oportunidad el vocero del ejército nigerino había informado que también que 54 terroristas habían muerto en la acción.
Durante los meses de abril y mayo, de este año, se reportaron al menos la desaparición de 102 civiles que vivían en proximidades al área de la acción de diciembre, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó la investigación que se suma a la denuncias acerca de la desaparición de otras 200 de las que según la CNDH estaría involucrados no solo al ejército de Níger, sino también los de Malí y Burkina Faso.
Se acaba de conocer que dicha comisión ya ha descubierto 71 cuerpos, en seis fosas comunes, que según los investigadores, todos los cuerpos aparecieron con las manos atadas a la espalda, heridas de bala y puñaladas, los turbantes en el cuello y los cráneos destrozados. La comisión responsabilizó de las “ejecuciones sumarias y extrajudiciales de civiles desarmados” a miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) de Níger, sin determinar si los altos mandos del ejército fueron quienes dieron las órdenes de las ejecuciones.
El jefe de la comisión investigadora y presidente de la Red Panafricana por la Paz, la Democracia y el Desarrollo Abdoulaye Seydou dijo que se entrevistó con más de setenta testigos entre mayo y julio pasado, y que todavía su informe estaba incompleto, aunque ya fue presentado al presidente nigerino Mahamadou Issoufou, aunque no ha habido respuestas.
Esta matanza de civiles no es ninguna novedad en la región donde la coalición conocida como el Grupo G5 Sahel (G5S) conformada por los ejércitos de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali, Níger, acompañada por distintas misiones de occidente mantienen desde 2012 un guerra contra grupos insurgentes vinculados a el Daesh y al-Qaeda, que solo el año pasado ha dejado 4 mil muertos y millones de desplazados.
Los ejércitos regulares como venganza y como estrategia suelen atacar aldeas remotas, y tras saqueos y violaciones ejecutan a los pobladores encubriendo sus actos como “operaciones antiterroristas”,
Un informe de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) acusó al ejército de Malí de la ejecución de 101 civiles entre enero y marzo de este año al tiempo que se documentaron 589 violaciones de derechos humanos, incluidas 30 ejecuciones extrajudiciales masivas, realizadas por miembros del ejército nigerino estacionados en Malí como parte del G5S.
Por su parte también el ejército burkinés y malí ha recibido acusaciones por la violación a los derechos humanos después de la desaparición de cerca de 200 personas entre febrero y abril.
Las acciones de terror aplicadas por los ejércitos regulares, contra aldeanos indefensos, según los expertos se deben fundamentalmente la pésima preparación de los mismos, ya que han sido entrenados para la guerra clásica y no luchar contra un enemigo espectral, en la mayoría de los casos mejor preparado, mejor armado y mejor pago. Lo que redunda en su baja moral de combate y su propensión al latrocinio, prefiriendo no arriesgarse frente a un desconocido y asegurarse matando primero e investigando después.
En las comunas malíes de Diabaly y Dogofry en la región de Segú se pudo comprobar que al menos 23 personas fueron asesinadas extrajudicialmente, mientras que otras 27 fueron desaparecidas después de haber sido detenidas por el ejército entre el 3 de febrero y el 11 de marzo de este año. Se constató que el 16 de febrero en Belidanedji, fueron ejecutadas de manera ilegal otras cinco personas, cuyos restos debieron ser enterrados por los propios aldeanos al tiempo que otras 18 que fueron detenidas desde entonces no han vuelto a aparecer. Historias similares se replican en Burkina Faso, donde la violencia integrista se ha instalado particularmente en el norte del país obligando a casi un millón de personas a abandonar sus hogares en procura de lugares más seguros, lo que los pone en la mira de las fuerzas de seguridad que poco distinguen entre un terrorista y un campesino.
Durante la cumbre entre Francia y el G5S, que se llevó a cabo en la ciudad francesa de Pau, el 13 de enero pasado, donde se discutieron diferentes temas de la seguridad de la región, Macron llegó a un acuerdo con sus pares africanos para investigar, controlar y castigar los “excesos” de los ejércitos contra la población civil. A más de ocho meses de aquello, todavía ninguno de esos gobiernos ha dado una respuesta efectiva, ni tampoco Francia ha pedido explicaciones por lo que las muertes secretas se seguirán produciendo ignoradas por todos.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC