El Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos ha denunciado ayer en Madrid que las milicias del general rebelde congoleño Laurent Nkunda están actuando de «gendarmes» de grandes intereses internacionales que, a través de Ruanda, se oponen a la entrada de China en la República Democrática del […]
El Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos ha denunciado ayer en Madrid que las milicias del general rebelde congoleño Laurent Nkunda están actuando de «gendarmes» de grandes intereses internacionales que, a través de Ruanda, se oponen a la entrada de China en la República Democrática del Congo (RDC) para la explotación de los recursos mineros del este del país africano, según ha informado Europa Press. El Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos está formado por personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la congresista norteamericana Cynthia A McKinney, el presidente de la fundación S’Olivar Joan Carrero y la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra. Por otra parte, según las declaraciones hechas la semana pasada por un «cualificado» testigo del caso abierto por el juez español Fernando Andreu contra el régimen ruandés por genocidio, el ex presidente Laurent Désiré Kabila, padre del actual mandatario congoleño, fue asesinado por orden del presidente de Ruanda, Paul Kagame, para impedir su acercamiento a China y Venezuela.
Estas dos noticias fueron explicadas y argumentadas por el presidente del Forum, Joan Carrero, que al frente de la Fundación S’Olivar, ha sido propuesto en varias ocasiones como Premio Nobel de la Paz.
Los rebeldes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), del general tutsi Laurent Nkunda, «son los gendarmes de grupos mucho más poderosos, están representando a quienes se niegan a que China entre en ningún lugar del Congo», declaró el presidente del Forum, Juan Carrero, durante una rueda de prensa celebrada en el Senado.
Según ha denunciado Joan Carrero, desde que el Gobierno de Kinshasa firmó «un contrato de 9.000 millones de dólares con China» se ha enfrentado «a niveles insoportables de chantaje». Según denunció, «Nkunda ya ha advertido de que no parará hasta que Kabila negocie y rescinda sus contratos con China».
En este mismo sentido, el senador Pere Sampol, del BLOC, declaró en la misma rueda de prensa que la nueva guerra del este de Congo «se ha presentado como un conflicto étnico o tribal, cuando el gran problema ha sido el control por parte de grandes empresas europeas y americanas de los recursos naturales de Congo».
«Justo cuando Congo había intentado establecer contratos comerciales con China para explotar el cobre y el coltán, con unos contratos mucho más ventajosos para Congo, ha sido cuando las multinacionales, con la complicidad de las potencias internacionales, han provocado el conflicto», aseguró el senador.
El Gobierno de Paul Kagame, prosiguió Carrero, se está apropiando de la mayoría de los minerales estratégicos que se encuentran en el este de la RDC, de forma muy especial del coltán, compuesto de columbita y tantalio y fundamental en la industria de las telecomunicaciones, y casiterita. «Ruanda es un gran exportador de coltán, pero no tiene coltán en su territorio», explicó.
Otra de las denuncias de Carrero cuestiona el papel de la MONUC, la Misión de la ONU en el Congo, formada por casi 17.000 cascos azules. Según testimonios recogidos por él mismo durante una reciente visita a la R. Democrática de Congo, «la MONUC desaparece con frecuencia cuando Nkunda lleva la voz cantante y, a la inversa, interviene y hace de moderador cuando Nkunda está muy presionado por las fuerzas congoleñas».
Esta tesis de la inoperancia de la MONUC en el conflicto esta avalada también por fuentes directas de grupos de la sociedad civil que trabajan por la justicia y la paz en la zona del Kivu.
El presidente del Forum calificó de «papel nefasto» el que ha jugado la ONU en la RDC. «El antiguo secretario general Butros Butros Ghali denunció que el genocidio era en un cien por cien responsabilidad de Estados Unidos, y por eso no se le renovó el mandato», prosiguió.
Esta inacción de la ONU se refleja actualmente en «la paradoja de que 17.000 cascos azules no sean capaces de impedir que los 4.000 combatientes de Nkunda puedan aterrorizar y avasallar» a la población, manifestó. Según Carrero, el general español Vicente Díaz de Villegas, que dimitió como jefe de la MONUC a finales de octubre, «vino a insinuar que la MONUC tiene un mandato claro y enérgico pero que ciertas potencias impiden que se ponga en cumplimiento ese mandato».
Por otra parte, la semana pasada, cuatro testigos protegidos declararon ante el juez de la Sala cuarta de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en relación con la querella promovida por la muerte de cuatro millones de ruandeses, víctimas de un plan de «exterminio por razones étnicas» llevado a cabo por el actual partido gobernante, el Frente Patriótico Ruandés, entre 1990 y 2002.
Uno de los declarantes, un «nuevo testigo sumamente cualificado con conocimiento directo sobre el asesinato de Laurent Desiré Kabila, el padre», aseguró al magistrado que «un comando formado por ruandeses del entorno inmediato tutsi del presidente Kabila había ejecutado el asesinato del asesino de Kabila, un miembro de la guardia personal, para cortar todas las pistas». Laurent Désiré Kabila fue asesinado en enero de 2001 y sucedido en el cargo por su hijo y actual presidente, Joseph Kabila.
El objetivo de este crimen, aseguró, era «mantener el control de la explotación de las riquezas mineras de Congo por parte de las grandes empresas que habían obtenido las concesiones de explotación gracias a la anterior invasión» del país. En aquellos momentos «había aproximaciones muy serias con China y Venezuela, opuestos a esta explotación, o más bien pillaje, de los fabulosos recursos mineros del antiguo Zaire, entre los más importantes del mundo», afirmó Carrero. El juez Andreu, según Carrero, se quedó «impresionado» por este testimonio, hasta el punto de que ha ordenado nuevas declaraciones.
Los testimonios ante el juez Andreu, afirmó Carrero, han revelado las «masacres» perpetradas por las fuerzas ruandesas entre 1997 y 1998 en «los mismos campos de refugiados donde ahora vuelve a haber desplazados».