Se pudiera pensar que la era de las políticas de la guerra de clases de arriba hacia abajo y de Robin Hood al revés habían pasado a la historia con la elección de un Barack Obama relativamente progresista, y el fin de la guerra de George W. Bush -que una vez dijo a una audiencia […]
Se pudiera pensar que la era de las políticas de la guerra de clases de arriba hacia abajo y de Robin Hood al revés habían pasado a la historia con la elección de un Barack Obama relativamente progresista, y el fin de la guerra de George W. Bush -que una vez dijo a una audiencia que él describió como compuesta por los que tienen y los que tienen «más que algunas personas les llaman a ustedes la élite, pero yo les llamo mi base».
Resultó que todavía faltaba mucho. La Gran Recesión echó a andar un nuevo capítulo de la guerra de clase, mayor y más ominoso que lo que habíamos sufrido durante los ocho años de la presidencia de Bush el Joven. Porque esta vez no es solo realizada a nivel federal -echando a pelear a un presidente demócrata contra una Cámara de Representantes dominada por republicanos reaccionarios–, sino que también se realiza de una manera u otra en los cincuenta estados.
Al frente de la jauría has doy Scott terribles: los recién estrenados gobernadores de la Florida (Rick Scott) y de Wisconsin (Scott Walker), los cuales están llevando a un nuevo nivel la opción preferencial de los ricos. Quieren tapar los huecos que la Gran Recesión dejó en los presupuestos estatales a expensas de los empleados públicos, sus sindicatos y los sectores más vulnerables de la población, especialmente los que dependen de Medicaid y otros programas estatales para su bienestar -o su propia supervivencia.
No importa que la Gran Recesión, la cual afectó grandemente los presupuestos estatales al reducir los ingresos y los impuestos sobre la propiedad y las ventas, e incrementara la demanda de servicios estatales para los nuevos desempleados o subempleados, fuera causada por la espléndida compensación a maestros, trabajadores de los servicios de salud y bomberos, sino por la colosal irresponsabilidad de los especuladores de Wall Street, encabezados por los mayores y prestigiosos bancos y las compañías financieras. El hacha del presupuesto se enarbola contra los trabajadores, en especial los empleados públicos, y con especial venganza contrs los sindicatos del sector público, los cuales representan el último baluarte de lo que queda del movimiento sindical en Estados Unidos (y esto no es coincidencia) proporcionan financiamiento clave y apoyo organizacional al Partido Demócrata.
No es sorpresa que el gobernador de la Florida Rick Scott recientemente le rogara al Tea Party que lo ayudara a hacer pasar su programa por la legislatura estatal. Los dos Scott -y sus hermanos en muchos estados donde en las elecciones de 2010 el Partido Republicano ganó la triple quiniela (la gubernatura además de ambas cámaras de la legislatura)- son ideólogos de la derecha dura dedicada a transformar Estados Unidos en un paraíso para los negocios, en especial los grandes negocios, castrando a todos los actores que puedan convertirse en algo parecido a una fuerza compensatoria, a saber, los empleados públicos y los trabajadores organizados. El Tea Party -con su aborrecimiento del gobierno- podría suministrar las ideales tropas de choque para esta tarea.
En el breve tiempo que llevan en el cargo, los Scott han dado grandes pruebas de su extremismo ideológico. En el caso de Rick Scott, probablemente el ejemplo más claro sea su testaruda negativa a aceptar los $2,4 mil millones de dinero federal de estímulo asignado para construir una vía férrea de alta velocidad que enlace a Orlando y Tampa. El dinero federal hubiera cubierto casi el costo total del proyecto. En 2010, el gobernador republicano Charlie Crist y una legislatura estatal dominada por los republicanos aceptaron con alegría el dinero. Scott dio varias razones para su decisión, principalmente la preocupación de que los contribuyentes de la Florida se vieran obligados a pagar en caso de que se excedieran los costos o fueran excesivos los costos operacionales. Sin embargo, incluso después de que los defensores del proyecto del tren de alta velocidad lograran una coalición de ciudades floridanas -Orlando, Lakeland, Tampa y Miami- que hubiera garantizado que los contribuyentes de la Florida no serían responsables de ninguno de los costos, el gobernador no cedió y eficazmente mató lo que ha sido descrito como un «sueño de décadas» de un sistema de ferrocarril rápido que enlazaría las principales ciudades del estado.
Se estima que el proyecto hubiera creado unos 24 000 puestos de trabajo en un estado con una tasa de desempleo por encima del penoso promedio nacional, y una decisión por parte de un gobernador que hizo una campaña con la promesa de crear 700 000 nuevos empleos en los próximos siete años.
La decisión de Scott de rechazar el dinero para el tren estuvo tan rígida y transparentemente motivada por la política y la ideología, que provocó reacciones adversas hasta de varios políticos republicanos. Un senador republicano se unió a su colega demócrata en una demanda judicial que no tuvo éxito para acusar al gobernador de ir más allá de su autoridad constitucional. Según The Miami Herald, la senadora Paula Dockerty (republicana por Lakeland) «acusó al gobernador de tomar una decisión política dirigida a hacer fracasar una prioridad de la administración Obama». Otro senador del mismo partido dijo que el gobernador estaba enviando el mensaje errado a Washington: «Parece que se cree que si el dinero viene de Washington es malo y debemos devolverlo… Ese dinero es nuestro. Lo enviamos nosotros a Washington».
Por su parte, el gobernador de Wisconsin Scott Walker ha estado promoviendo una legislación que destrozaría la columna vertebral de los sindicatos de los empleados públicos del estado al prácticamente negarles el derecho a las negociaciones colectivas. En un estado con una fuerte tradición progresista, los pasos de Walker han enfrentado una fuerte reacción. Durante las tres últimas semanas, cientos de miles de manifestantes han hecho caso omiso de temperaturas heladas para marchar frente al Capitolio en Madison, mientras que los catorce senadores demócratas se ausentaron del estado para impedir que hubiera el quórum necesario para presentar el proyecto de ley del presupuesto. Una protesta el 19 de febrero atrajo a 70 000 personas; el 26 de febrero la cifra creció a más o menos 80 000. Por el contrario, a una manifestación de una organización nacional derechista en apoyo al gobernador solo acudieron unas 700 personas. Un comentarista local dijo que el presupuesto propuesto por Walker es «un asalto sin precedentes a la educación pública». Una nueva encuesta de electores potenciales en el estado arrojó que 57 por ciento desaprueba el desempeño del gobernador, incluyendo a 48 por ciento que desaprueba fuertemente.
Los casos de Florida y Wisconsin son solo instancias de una batalla mayor que se libre en toda la nación. Lo que está en juego es prácticamente todo el progreso social y derechos laborales que se han ganado en duras batallas a lo largo de décadas. Toda la campaña que se realiza por conservadores radicales en el Partido Republicano y grupos aliados está construida sobre un montón de mentiras. La noción de que a los empleados públicos se les paga demasiado ha sido refutada por toneladas de investigaciones. La lógica del gobernador Scott Walker para recortar $5 mil millones a la educación, Medicaid y otros servicios a fin de reducir la tasa de impuestos corporativos, es desmentida por una serie de factores. Con 5 por ciento, la Florida ya tiene una de las tasas más bajas de impuestos corporativos. Una encuesta reciente entre corporaciones arrojó que una tasa de impuesto corporativo ocupa el sexto lugar entre las razones para las decisiones de sede. Y los cinco estados con las menores tasas de impuesto corporativo son sede de 52 de las 500 corporaciones de Fortune, mientras que los cinco con las tasas más altas son sede de 120
Finalmente, la razón para reducir el gasto gubernamental en medio de una pobre e incierta recuperación es inexistente. Eso, en primer lugar, solo puede reducir el bajo nivel de demanda responsable por la recesión, lo que implantaría un círculo vicioso que garantiza un crecimiento glacial o un retroceso a una recesión a gran escala.
La «revolución» reaccionaria republicana, que comenzó con Ronald Reagan en 1980, nunca se marchó y está levantando nuevamente su fea cabeza, y con afán de venganza. Ha provocado un estado mental en el que la hipocresía y las falsedades son más importantes que la verdad. Sin embargo, aún no hay razones para perder la esperanza
A largo plazo, el arco de la historia no se inclina hacia la justicia. Como dijo Stéphane Hessel, un héroe de 93 años de la Resistencia francesa, y autor de un reciente éxito de librería en Francia (Indignez-vous) recientemente traducido al inglés, no hay razón objetiva por qué las sociedades más ricas no pueden mantener «una verdadera democracia económica y social». Inglaterra y Francia construyeron sus estados de bienestar después de la 2da. Guerra Mundial «cuando Europa estaba en ruinas». Es una buena lección para los demócratas progresistas y débiles de corazón de la actualidad. Esperemos que, al igual que lo que comenzó en Túnez no se quedó en Túnez, lo que comenzó en Madison no se quede en Wisconsin.