Un centenar de temporeros búlgaros llevan mes y medio en la finca de un empresario onubense esperando que les pague lo que les debe para poder volver a su país. La Guardia Civill detuvo al propietario tras haberle imputado un delito contra los derechos de los trabajadores. «No vine a España a pasar hambre. Quiero […]
Un centenar de temporeros búlgaros llevan mes y medio en la finca de un empresario onubense esperando que les pague lo que les debe para poder volver a su país. La Guardia Civill detuvo al propietario tras haberle imputado un delito contra los derechos de los trabajadores.
«No vine a España a pasar hambre. Quiero volver a mi país con mi familia y poder cuidar de mi madre que está enferma». Es el lamento de Valentina, atrapada en un mar de invernaderos junto a su marido, su hija de unos siete años y sus suegros. Viven en las casas de los temporeros, a dos kilómetros de la carretera de Tariquejos -entre los pueblos onubenses de Cartaya y Lepe-. El día ha sido intenso, hace calor en esa explanada en medio de la finca, en medio de la nada, y los ánimos están caldeados. Nadie sabe hablar español salvo «las mujeres».
Valentina, a la sombra de una nave industrial cerrada a cal y canto, cuenta la situación de los «cien o más» temporeros búlgaros que llevan mes y medio esperando en esta finca. Esperando a que el empresario Antonio Rodríguez les pague lo que les debe para poder volver a Bulgaria. Hace unos días fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos tras haberle imputado un delito contra los derechos de los trabajadores.
«No son los únicos a los que les debe dinero, hay marroquíes, rumanos y gahneses, pero no se encuentran en la finca porque se han marchado o porque viven en España», afirma Hilario Rodríguez, responsable de la sección agrícola de CCOO en Huelva y uno de los interlocutores entre estos temporeros y el empresario, propietario de Campos de Lepe.
Más de un mes y medio de espera para recibir lo que les deben. A algunos les adeudan hasta 7.000 euros; a otros una décima parte. «¿No tiene 800 euros para que pueda irme a abrazar a mis hijos?», pregunta otra mujer desde el suelo, mirándose las manos. Valentina llegó para la siembra en octubre y cuando quiso regresar a su país no podía. «Antonio me dijo que no había dinero, que me quedara a trabajar y me pagaría». Y aquí sigue, embarazada y esperando cobrar. «No sé bien español, pero a mi marido y a mí nos deben 3.000 euros, a mis suegros también les deben».
La última oferta del empresario es firmar ante notario un reconocimiento de deuda con cada uno de los trabajadores y «pagarles el viaje», según el representante de CCOO. «¿Cómo voy a llegar a Bulgaria con 100 euros en ese coche?», pregunta angustiada Valentina mientras señala el turismo que conduce su marido, que acaba de llegar. «No hay para gasolina». Casi 3.000 kilómetros con un coche cargado, 100 euros por persona y un papel firmado por un empresario que lleva años con problemas.
«No es la primera vez que le pasa algo parecido», asegura el sindicalista. «Otros años han liquidado a los temporeros con el adelanto de la próxima campaña», una práctica habitual para reservar la producción. «Dice el empresario que no tiene adelanto porque los trabajadores cortaron la carretera y los compradores no quieren tratos con quienes tienen problemas laborales», explica.
Los temporeros no dicen lo mismo. «Si no podía pagar a tanta gente, que hubiera llamado a pocos», lamenta Valentina mientras se aparta las moscas de la cara. Las moscas parecen ser sus únicas compañeras en el oasis de casas de dos habitaciones que comparten en esta finca. Y las hormigas, que les obligan a meter la comida que les queda en el microondas. Tampoco hay dinero para insecticida.
«Vine el año pasado y no me pagó todo, por eso volví este año», es el caso de otro trabajador, Metodiez. A medida que pasan las horas, los hombres recuerdan su español y salen de sus casetas. «¿Puedes decirle a la Televisión Española que venga? Es para que lo sepa todo el mundo», insiste a la vez que explica que tienen el asesoramiento de abogados y de la «policía» para no firmar los documentos que les ha propuesto Antonio Rodríguez.
«La gente está perdiendo la cabeza», dice tranquilo Tashiko, otro de los que ha recordado su español de forma repentina. «Estamos en una cárcel. Un mes y medio encerrados sin poder hacer nada más que dar vueltas y hablar de dinero, de que no hay comida… no tengo nada que perder. En Bulgaria hay muchas cosas malas, pero en España… ¿Cómo puede permitir el presidente que nos dejen aquí?«, grita uno de los mayores del grupo y señala la libreta para que quede escrito. Tashiko hace ahora de intérprete. «Hoy mi hijo cumple 8 años en Bulgaria y no he podido ni mandarle cinco euros para celebrar». «Mi padre me ha mandado 20 euros para comer», sostiene Jordán.»Por favor, ayúdanos. No quiero estar más aquí. No vine a España para pasar hambre», repite una y otra vez Valentina con su vientre abultado y sus ojos tristes.
ESPERA AGÓNICA
Llevan más de mes y medio esperando sin dinero. «Antonio me dio 50 euros de anticipo y fui a Mercadona. Mirando las cosas más baratas para poder comprar y diciéndole a mi hija que no puedo comprar lo que quiere. Ella no lo entiende, es una niña». Valentina relata el episodio del supermercado como una letanía. Dejó de llevar a la niña al colegio -tampoco otros niños asisten a clase- porque «no hay bocadillo». Su expresión se dulcifica cuando habla de su niña. «Va a venir a buscarla un policía para la fiesta del colegio». Se refiere a uno de los miembros del Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (Edati) que desde hace unos días asesoran y buscan una solución a estos temporeros y cuya hija compartía clase con la niña de Valentina
«Las casas están bien», dice Hilario Rodríguez. «Son nuevas, pero cuando llevan muchos meses allí y no limpian…». No es la suciedad lo que llama la atención de las casas. Dos habitaciones de seis metros cuadrados: dormitorio con cuatro camas y una cocina comedor, sin lavadora, algunas sin frigorífico, para que convivan «cuatro, seis o más personas». Niños, adolescentes, matrimonios… sin espacio ni intimidad. Y ahora «sin gas», muestra el marido de Valentina. Llevan semanas duchándose con agua fría, porque el «anticipo» de los 50 euros no daba para tanto.
«Nos cobran 100 euros por persona al mes. No es el sello, es por la casa», recita Metodiez junto a una serie de reclamaciones que asegura haber puesto en manos de los abogados. «El contrato dice 37 euros -36,50 euros según el convenio- y nos paga 34. ¿Por qué?». Y sigue enumerando lo que dice haber denunciado en la Seguridad Social. Tiene razón en que el convenio del campo recoge que los contratados en origen tienen derecho a un alojamiento digno proporcionado por el empresario.
Hasta ahora han aguantado con el «anticipo», con fresas «que ya no hay» y haciendo pan, «porque la harina es más barata». Y con ayuda «de los familiares que trabajaban en otras fincas. Pero ya se han ido a Bulgaria y nosotros seguimos aquí», narra Valentina
Algunos voluntarios de la Hermandad de la Consolación de Cartaya que gestiona el comedor social de la localidad se acercan a llevarles 60 kilos de alimentos de primera necesidad para mitigar las necesidades de estas 120 personas perdidas entre invernaderos. La Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Huelva buscan recursos para aliviar su problema.
«Antonio miente -insiste Valentina sobre el dueño de Campos de Lepe- yo digo la verdad o Dios vendrá a castigarme. Ha pagado a 14 personas que se han ido a sus casas. Sus hijos, su mujer y él comen todos los días y yo no tengo nada que darle a mi hija, más que los macarrones que nos han traído. Y no tengo gas para cocinar».
La deuda aproximada es de 250.000 euros. Algunos sólo quieren cobrar y olvidar que decidieron venir a España. Otros llevan hasta siete años plantando y recogiendo fresas en estos campos. Es su forma de vida. «En España hay mucha gente buena, pero a nosotros nos ha tocado uno sin corazón», repite Valentina como una letanía.