Eva Hernández, bióloga, repasa por qué se creó la Ley de Costas y el asalto al dominio público marítimo y terrestre que supone la reforma del Gobierno del PP.
¿Qué es la Ley de Costas y por qué sigue siendo tan polémica una norma de 1988?
La Ley de Costas se concibió para abordar los grandes problemas de nuestro litoral: su degradación física y su privatización, y para garantizar su uso público, libre y gratuito. Es una ley básica para la defensa ambiental, precursora en la identificación de espacios de alto valor ecológico y pionera en el mundo. Sin la Ley de Costas muchos espacios costeros habrían desaparecido y no podrían formar parte, como lo son hoy, de la Red Natura 2000 para la conservación de la biodiversidad europea. Además, es una ley que identifica y deslinda el dominio público marítimo-terrestre (la anchura de las playas, zonas de dunas, humedales, y otras formaciones costeras). En esta franja en la que se encuentran la tierra y el mar no es seguro ubicar instalaciones.
Identificándola y dejándola libre es un espacio de defensa natural, de amortiguamiento, para proteger de las inundaciones a la población. Esto es más importante cuanto más se sabe de las consecuencias del calentamiento global. La razón por la cual esta ley ha estado rodeada de polémica se debe a que retira el uso privado y privativo de esa franja denominada dominio público marítimo-terrestre, con lo cual los propietarios de terrenos que se ubican en dicha franja se consideran afectados por la misma. Además, las limitaciones de esta ley a ciertas actividades que son incompatibles con la conservación de la costa nunca han gustado a determinados sectores.
¿La modificación de la Ley de Costas promueve la especulación?
Sí. Es abrir la puerta a una carrera salvaje orientada al lucro rápido y privado de unos pocos a costa de sustraer para siempre un espacio público a la población. Significa que el Gobierno promueve cambios legislativos a la carta que sólo beneficiarán a sectores que, en muchos casos, han protagonizado importantes episodios de especulación y corrupción en nuestro país. Lo siguiente será la retirada o desclasificación de miles de metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección, que es territorio público, para planeamientos urbanísticos o que se extraigan recursos, y en unos pocos años habremos perdido nuestro litoral que quedará en manos privadas para siempre. Nuestra costa va a pasar a ser la ‘costa nostra’.
¿La enmienda del PP en el Senado para rebajar la zona de protección de la costa de cien a 20 metros es una estrategia?
La propuesta pretende reducir los terrenos incluidos en dominio público marítimo-terrestre, a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, modificando la definición para las dunas, algunas de las cuales podrían considerarse excluidas de esta franja, o retirando del dominio público terrenos que, siendo invadidos por el mar, no sean navegables (sin especificar qué tipo de navegación). En este caso concreto, el propio Gobierno directamente sugiere la fórmula de inundar ex profeso cualquier marisma o marjal poco profundo para que esos terrenos se desclasifiquen y puedan pasar a manos privadas. También retirando del dominio público todas las áreas que hayan sido inundadas artificialmente para poder llevar a cabo determinadas actividades, como son las salinas o los cultivos marinos. Las empresas a las que en el pasado se les permitió la opción de operar en estas zonas públicas con una concesión podrían quedárselas definitivamente.
Por otro lado, la reducción de la servidumbre de protección de cien metros -que en los ’80, cuando se aprobó la ley, fue una medida de mínimos- a 20 metros supone equiparar a urbano cualquier terreno en los primeros cien metros de costa tras la línea de mar. Es decir, podrá ser urbano si se ponen en marcha los instrumentos de planeamiento correspondientes. Así, de un lado, se pueden consolidar actuaciones urbanísticas ilegales que quedarían dentro de esta franja, y, por otro, se incita a la transformación de los primeros cien metros en todo el litoral. El Gobierno además amplía a 75 años el plazo de las concesiones para la ocupación del dominio público, lo que supone en realidad una privatización de facto. Además, se establecen diversas excepciones para la aplicación de la Ley, como en el deslinde de Formentera, y amnistía, también, para cumplir con la ley a diez núcleos de poblaciones costeras.
¿Se han tenido en cuenta las previsiones de subida del mar? ¿El Estado tendría de indemnizar a los propietarios de las viviendas?
No, pese a que el Gobierno conoce esta amenaza. La Administración del Estado, conociendo el riesgo de erosión costera incrementado por los efectos del cambio climático, y consciente de las obligaciones para cumplir directivas europeas como la Directiva de Inundaciones, encargó diferentes trabajos para conocer el riesgo de inundación de las costas. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y la Universidad de Cantabria, por ejemplo, realizaron investigaciones preliminares que apuntan a una realidad: las inundaciones costeras afectarán a amplias zonas del litoral español. Cualquier cambio que se pretenda hacer sobre la Ley de Costas debería integrar esta realidad. Pero este tema no se trata ni se pretende gestionar. Estas investigaciones identifican en el litoral español más de 300 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.
Muchos ciudadanos nos preguntamos por qué este tema tan grave no merece una propuesta de ley ni es tratado en el Senado, donde, en cambio, llegan propuestas de modificación de la Ley de Costas para rebajar la protección que esta ley establece. Es necesario pararse a pensar en nuestra costa. Un lugar que reúne unos paisajes y una diversidad envidiada en Europa, que atrae cada año a millones de turistas y que es un potente generador de empleo para la mayor industria del país.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/nuestra-costa-va-pasar-ser-la-costa-nostra.html