El Departamente de Estado de EEUU publicó el pasado 28 de febrero su informe anual sobre prácticas de derechos humanos en diversos países para el año 2004. «Muchos de los informes de países latinoamericanos son útiles y ofrecen información generalmente imparcial sobre la situación de derechos humanos en algunos países. Sin embargo, las consideraciones políticas […]
El Departamente de Estado de EEUU publicó el pasado 28 de febrero su informe anual sobre prácticas de derechos humanos en diversos países para el año 2004. «Muchos de los informes de países latinoamericanos son útiles y ofrecen información generalmente imparcial sobre la situación de derechos humanos en algunos países. Sin embargo, las consideraciones políticas son evidentes en algunos de los hallazgos,» señaló el Director de Washington Office on Latin America (WOLA), Kimberly Stanton. «La credibilidad de los informes depende en el análisis consistente y objetivo. Este año, las prioridades políticas del gobierno afectan en algunos casos la evaluación de los datos.»
Una discrepancia clara se produce en relación con el tratamiento de Venezuela, Ecuador y Colombia. De acuerdo al Departamento de Estado, el record de derechos humanos de Venezuela siguió siendo «pobre;» debido a asesinatos ilegales por fuerzas policiales, relaciones entre la policía y grupos de exterminio, amenazas e intimidación a organizaciones no gubernamentales, y la politización del Poder Judicial. Colombia se beneficia de una lectura mucho más positiva, a pesar del aumento de asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones paramilitares ilegales, el asesinato de al menos 19 defensores de derechos humanos, y la penetración paramilitar en la oficina del Fiscal General. Y la purga de la Corte Suprema en Ecuador apenas merece mención, , incluso a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está revisando la situación y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia judicial está planificando una misión de emergencia a dicho país.
En otro ejemplo, el informe señala que los paramilitares colombianos cometieron «numerosos asesinatos políticos,» mientras que el grupo insurgente FARC «cometió centenares de asesinatos ilegales intencionados.» De acuerdo a las estadísticas citadas por el propio informe, los asesinatos de paramilitares excedieron los cometidos por las FARC. El lenguaje que minimiza las atrocidades cometidas por los paramilitares colombianos es consistente con el apoyo del Departamente de Estado al proceso de desmovilización de los paramilitares, que se lelva a cabo sin un marco legal que pudiera garantizar sus responsabilidades en relación con crímenes de derechos humanos y tráfico de drogas- aunque de acuerdo al informe, la impunidad sigue siendo el principal problema de derechos humanos en Colombia.
El apoyo del gobierno de EEUU al Acuerdo de Libre Comercio de América Central, conocido como CAFTA, puede explicar la reducida atención a las violaciones de la ley laboral. El informe sobre América Central minimiza consistentemente las serias deficiencias en la legislación laboral de la region, y apenas menciona alguno de los principales casos de derechos laborales. En el caso de Guatemala, el hecho de que en 2004 se eliminara la potestad del Ministerio de Trabajo de sancionar a patronos por violaciones a los derechos laborales, dejando a los trabajadores guatemaltecos sin ningún remedio efectivo, no recibió ningún tipo de atención.
La cobertura de la situación de derechos humanos en Haiti es también insatisfactoria y desequilibrada. Mientras que reconoce que ha habido arrestos sin órdenes de detención, el informe no explora la extensión de las detenciones ilegales, ni su naturaleza política. El informe caracteriza las redadas de la Policía Nacional Haitiana en los barrios de la capital como la respuesta a la violencia de los grupos pro-Aristide, pero evita reconocer que por lo menos varias de estas readadas están motivadas políticamente, o que resultaran en asesinatos extrajudiciales de muchísimas personas. El informe tampoco toma nota de la ausencia de esfuerzos por parte del gobierno para desarmar a los grupos armados anti-Aristide. Y el recuento de un caso legal significativo – el sobreseimiento de Louis-Jodel Chamblain en una revisión del caso por el asesinato de activista democrático Antoine Izmery — ignora las condiciones irregulares bajo las cuales tuvo lugar el juicio – en medio de la noche, sin la presencia de testigos centrales de la acusación.
«La credibilidad de los EEUU en el frente de los derechos humanos ha sido duramente afectada por los escándalos de tortura y las políticas de detención en Guantanamo,» de acuerdo a Geoff Thale. «El Departamento de Estado debería redoblar sus esfuerzos para informar estrictamente de acuerdo a los estándares de derechos humanos, minimizando los efectos de la ideología», afirmó el portavoz de esta organización de derechos humanos con sede en Washington.