Además de atribuir los delitos cometidos en el estado español a las personas extranjeras, el excomisario instó a “actuar y echarle narices” a “la situación actual”
La Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de la provincia de Valencia abrió, a primeros de noviembre, diligencias de investigación al (actualmente) exinspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y exjefe de la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris, quien equiparó en un acto público la inmigración con la delincuencia. La Dirección General de la Policía Nacional destituyó del cargo al mando policial el pasado 20 de octubre.
La investigación de la Fiscalía valenciana se ha iniciado tras la denuncia –por delito de odio- que presentaron contra el exinspector cerca de 30 organizaciones sociales y de derechos humanos.
En una nota informativa del 3 de noviembre, la ONG València Acull anunció la interposición de la denuncia y recordó las palabras del policía nacional; además de atribuir los delitos cometidos en el estado español a las personas extranjeras, el excomisario instó a “actuar y echarle narices” a “la situación actual”; asimismo, “los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo”, afirmó Ferris.
Las declaraciones fueron realizadas en unas jornadas que organizaron el 14 de octubre en Valencia el partido de extrema derecha Vox (grupo parlamentario en las Cortes Valencianas) y la fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), con el apoyo de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. En el Patronato de la fundación DENAES figura el presidente de Vox, Santiago Abascal; y entre los miembros del Patronato de Honor se hallan el filósofo Gabriel Albiac; el economista Juan Velarde Fuertes; el escritor Jon Juaristi; el sociólogo Amando de Miguel y la periodista de la cadena COPE, Cristina López Schlichting.
La solicitud de acusación -contra el excomisario- ante la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía tiene su fundamento en el Artículo 510.1 del Código Penal: “Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 12 meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directamente al odio, discriminación o violencia contra un grupo (…)”, por la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, entre otros motivos.
La denominada Jornada sobre Inmigración y Seguridad Ciudadana tuvo entre sus moderadores al exdirector de la emisora pública autonómica Ràdio 9 (durante la presidencia de Francisco Camps, del PP) y actualmente director de esRadio-Comunidad Valenciana, Jesús Wollstein (uno de los directivos de esRadio es el opinador de ultraderecha, Federico Jiménez Losantos).
Según consta en la denuncia ante la Fiscalía, Wollstein agregó en la presentación del excomisario Ferris las siguientes responsabilidades: pertenencia durante un quinquenio a la Brigada de Información anti-ETA en San Sebastián y Pamplona; a la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Tarragona y en Torrent (Valencia); y como “Asesor de Seguridad Ciudadana de tres Delegados del Gobierno habiendo desarrollado su carrera profesional en la Seguridad Ciudadana”.
El policía ha estado durante cinco años en la Comisaría de Centro en Valencia. En la transcripción de las palabras de Ferris realizado por las ONG, se incluyen afirmaciones como “(…) cuando hacemos algún detenido nacional siempre hago la misma broma: éste en vez de al juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas de El Saler porque es que ya no existe (risas)” (propiedad de la Generalitat Valenciana, el Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, en Valencia, tiene como objetivo la acogida y rehabilitación de animales silvestres autóctonos).
Antes que interviniera en el acto Julio Utrilla Cano, diputado por Valencia de Vox en el Congreso y exdirector general del grupo empresarial AGEM (Auxiliar General de Electromedicina), Ferris agregó: “Nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil pues son extranjeros (…); no estoy hablando simplemente de estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes”.
Las cifras oficiales desmienten el discurso de criminalización. Citando como fuente al Instituto Nacional de Estadística (INE), la denuncia de las organizaciones sociales recuerda que, en 2021, se produjeron 410.842 delitos en el estado español, de los que el 81% fueron cometidos por ciudadanos españoles (el 75%); o procedentes de la Unión Europea (6%). Además, de las personas condenadas en 2021 -un total de 282.210-, más del 80% tienen nacionalidad española o de países de la UE (229.660).
Una tendencia similar se constata en el País Valenciano, según las ONG, donde las personas condenadas fueron 34.927; el balance distingue entre 25.751 personas de nacionalidad española y 9.176 de procedencia extranjera.
El escrito con fecha del 2 de noviembre, remitido a la Fiscalía Provincial de Valencia, recuerda algunos antecedentes en la trayectoria profesional de Ferris; así en noviembre de 2003, cuando se desempeñaba como Coordinador de la Policía Nacional en el barrio de Russafa (Valencia), afirmó en la presentación de un plan denominado MAS (Más Asistencia en Seguridad): “Antes de seis meses, o abandonan el barrio de Ruzafa como centro de operaciones o estarán todos en la cárcel o en sus lugares de origen”.
En el mencionado acto de 2003 estuvo presente el entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana (antes Director General de la Policía); y también miembro relevante del PP valenciano así como del Opus Dei, Juan Cotino; otro asistente destacado fue el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, del PP.
Tras su destitución, el exinspector jefe contó con el apoyo del partido ultraderechista Vox, que le ofreció asesoría jurídica, informó Europa Press el 21 de octubre; el portavoz en el Congreso de esta formación, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que Ferris “dijo la verdad”, según detalló la agencia informativa; las declaraciones fueron compartidas por el político de extrema derecha Santiago Abascal, quien señaló que Interior “sanciona a policías por el simple hecho de exponer la realidad en la que trabajan (…)” (Europa Press, 20 octubre); además el colectivo policial Jupol convocó en Valencia, el 11 de noviembre, un acto de adhesión al comisario depuesto.
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