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Organizaciones sociales piden garantizar el derecho de las personas a cumplir condena en su lugar de arraigo

Fuentes:

La dinámica #SOSPresoakCovid19, integrada por Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritar, presentaron ayer un video apoyado por diversas entidades defensoras de derechos humanos del Estado español e hicieron público el acto que han organizado para el próximo día 4 de julio a las 12.30 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona.

La dinámica #SOSPresoakCovid19, que nace al calor de las peticiones que diversas entidades de derechos humanos de todo el Estado español vienen realizando respecto de los derechos de las personas presas en la gestión de la crisis sanitaria, se hizo pública el pasado  mes de abril, y viene a reclamar al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra el respecto a los derechos de las personas presas en la gestión de la  crisis sanitaria derivada del Covid-19 visibilizando la necesidad de implementar en las cárceles medidas para garantizar, entre otros, el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas. Estas propuestas han sido ampliamente respaldadas por parte de la sociedad navarra y se han venido reivindicando, junto con diversos colectivos y asociaciones de defensa de los derechos humanos, en todo el Estado español.

Por su parte el Gobierno español sigue sin aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales encaminadas a la excarcelación de personas presas y que deberían marcar sus pautas de actuación. Estas medidas siguen siendo imprescindible de cara a salvaguardar la dignidad personal y el bienestar colectivo y por lo tanto se debe proceder a excarcelar, entre otras, a las personas incluidas en los colectivos especialmente vulnerables al contagio de Covid19 como son quienes superan los 65 años de edad, quienes padecen enfermedades crónicas, así como mujeres embarazadas o con hijos o hijas presas, con ellas, en las cárceles

Con el avance en las fases de desescalada estas asociaciones y colectivos exigieron que se garantizase que el “desconfinamiento” en las cárceles se realizara bajo los mismos criterios que se aplican a las personas en libertad y de manera simultánea al resto de la sociedad. Sin embargo la práctica está evidenciando que esto no se está dando puesto que mientras en la calle ya nos encontramos en la fase de “nueva normalidad” en las cárceles, hasta el día de ayer, no se habían dado instrucciones desde la SGIP más allá de la “fase 2”. A día de hoy siguen sin restablecerse las visitas con más de 2 familiares ni se han retomado las comunicaciones vis a vis, siguen manteniéndose las cuarentenas obligatorias a la vuelta de los permisos de salida o de cualquier salida al exterior, siguen sin retomarse todas las actividades en prisión… Es necesario poner fechas límites a estas situaciones que suponen una absoluta vulneración de los derechos de las personas presas. Las medidas hechas públicas en el día de ayer por la Secretaría General para la “nueva normalidad” en las cárceles llegan, una vez más, tarde. Además son instrucciones poco claras y que vuelven a dejar al arbitrio de cada centro penitenciario la forma y tiempos para su implementación. No obstante si se quiere señalar la competencia de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas de cara a regular la actuación a seguir en las prisiones.

Esta pandemia ha visibilizado la vulnerabilidad añadida que sufre la población reclusa y ha evidenciado la conculcación de derechos hacia las personas presas y sus familiares. Es necesario señalar además como esta vulneración ha sido aun mayor para aquellas personas presas que se encuentran cumpliendo condena lejos de su lugar de arraigo. Estas personas han visto como no han podido retomar el contacto con sus familias a través de comunicaciones por cristal porque desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se les ha autorizado para desplazarse a otras comunidades autónomas. Tampoco han podido salir de permiso si su domicilio no estaba en la misma provincia porque, tampoco en estos casos, se ha autorizado el desplazamiento.

Ante esta situación queremos señalar que la Ley General Penitenciaria establece como un derecho de las personas presas el cumplir condena en su lugar de arraigo y que corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidir el lugar de cumplimiento de cada persona presa y, por lo tanto, hacer efectivo este derecho. Los datos oficiales de la Secretaría evidencian que ésta vulnera sistemáticamente este derecho de las personas presas. En el caso de Navarra un total de 184 personas presas navarras o con arraigo en Navarra están cumpliendo condena en distintas prisiones fuera de la Comunidad Foral. En el caso de Galicia son al menos 234 personas, 564 en el caso de Cataluña y 1.093 en el caso de Andalucía… A ello habría que sumar además a las más de 7.600 personas presas respecto de las que la Secretaría General no conoce su lugar de arraigo.

Por todo ello en este momento en el que ya ha finalizado el estado de alarma interpelamos de nuevo a los gobiernos de Madrid y autonómicos para que, cada uno de ellos desde su ámbito, se pongan manos a la obra y acuerden y adopten las medidas que venimos exigiendo de forma urgente entre ellas poner fecha límite a las situaciones que se están manteniendo en las cárceles y que suponen una absoluta vulneración de los derechos de las personas presas así como el traslado de todas las personas presas a las cárceles de donde tienen su arraigo familiar o social.

No podemos esperar a que un eventual retroceso o un rebrote del COVID-19 vuelva a cercenar, más aún, los derechos de las personas presas.

Colectivos firmantes

#SOSPresoakCovid19 (Salhaketa NafarroaEtxeratAltsasu GurasoakSare Herritarra).

A.L.A (Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid).

A.L.A.Z (Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Aragón).

A.P.D.H.A (Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía).

C.A.M.P.A (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón).

Comisión Legal Sol.

Esculca (Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades).

Federación andaluza ENLACE.

Iridia – Centre per la Defensa dels Drets Humans.

Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona.

Oteando (Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades).

Salhaketa Bizkaia.

Salhaketa Araba.