Desde que en el año 1995 se descubrieran ingentes yacimientos petrolíferos en aguas de Guinea Ecuatorial, el país ha experimentado un crecimiento astronómico, el más alto del mundo a comienzos de siglo, con cifras vertiginosas. La impresionante cota del 34,6 por ciento que cosechó el Producto Interior Bruto en 1996 -no en vano partía de […]
Desde que en el año 1995 se descubrieran ingentes yacimientos petrolíferos en aguas de Guinea Ecuatorial, el país ha experimentado un crecimiento astronómico, el más alto del mundo a comienzos de siglo, con cifras vertiginosas. La impresionante cota del 34,6 por ciento que cosechó el Producto Interior Bruto en 1996 -no en vano partía de índices misérrimos- se convirtió en un inconcebible 95,3 por ciento en 1997, 67,8 por ciento en 2001, 20,2 por ciento en 2002 y un 29,4 por ciento en 2004, hasta decrecer a un más «razonable» 8,2 por ciento el año pasado, aunque el periódico «Africa Confidential» estima que este año puede volver a rondar el 20 por ciento (España, uno de los países de la Unión Europea que más crecen, llegó el año pasado a un 3,9 por ciento). Sin embargo, los 3.000 millones de dólares anuales que debían engrosar las arcas del Tesoro ecuatoguineano y que debían haber empezado a transformar el diminuto Estado del Golfo de Guinea poblado por 540.000 habitantes en una probable Suiza tropical han sido en su inmensa mayoría desviados a cuentas personales del dictador Teodoro Obiang Nguema, su familia y su clan, en bancos extranjeros.
Como comenta con sorna un experto en la historia y la política ecuatoguineanas, «si ‘sólo’ robaran un ochenta por ciento de la riqueza, Guinea sería un paraíso». Una investigación del FBI y del Senado estadounidense sacaron a la luz en 2004 que buena parte de ese caudaloso río de dólares había, en gran parte, desembocado en una prestigiosa institución bancaria de Washington, el Riggs, el «banco de los presidentes», donde el dictador guineano y su entorno tenían entre 400 y 700 millones de dólares depositados directamente por los mayores beneficiarios del oro negro guineano, las compañías petrolíferas estadounidenses Exxon Mobil, Marathon Oil y Amerada Hess. Lo volvió a revelar recientemente Teodorín Nguema, el primogénito de Obiang, su discutido heredero, cuando salieron a relucir las dos mansiones que había comprado en Suráfrica, la escudería de coches de lujo o la hacienda californiana con minicampo de golf de cuatro hoyos. Según el deslenguado Teodorín, ministro de Agricultura y Bosques, además de amante de la vida golfa y la música de rap (tiene una discográfica en California), los miembros del Gobierno están autorizados a asociarse con firmas extranjeras que pujan por hacerse con contratos en Guinea y que si el envite sale adelante recibir a cambio un porcentaje de la inversión, que se deposita automáticamente en una cuenta bancaria en el extranjero. Manejos que pueden ser legales en el paraíso corrupto de Guinea Ecuatorial, pero están prohibidos por la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. Petroleras como ExxonMobil evalúan ahora el posible perjuicio de las indiscreciones de Teodorín. El belén guineano es un pudridero político, con la bendición del oro negro transmutado en maldición, ya que a pesar de carreteras y nuevas instalaciones industriales, el país sigue en niveles deplorables a juzgar por el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Obiang ha establecido un sistema que no sólo blinda su régimen sino que mantiene la riqueza común lejos del alcance de sus maltratados. A pesar de los litigios familiares entre Teodorín y sus hermanos, y dentro del clan Mongomo, que gobierna Guinea desde la independencia de España, en 1968, y de los problemas de salud que se atribuyen a Obiang (periódicos como la estación de las lluvias, y siempre secreto de Estado, como los beneficios del petróleo), las previsiones indican que «el Jefe», como se le conoce en el país, mantendrá su poder. Los «lobbys» (grupos de influencia) contratados en Estados Unidos, tendrán que fajarse a fondo para defender el buen nombre de Obiang, enlodado por el caso Riggs. Las revelaciones de Teodorín han proporcionado una inyección revitalizadora a la oposición en Malabo (representada por la socialdemócrata Convergencia para la Democracia Social, CPDS, que cuenta con tan sólo dos diputados en un Parlamento de 100 miembros, dominado por el partido de Obiang y formaciones cooptadas gracias al petróleo) y puesto en situación harto embarazosa a las grandes petroleras como la hermética Exxon Mobil. Empresas como Cassidy and Associates, radicada en Washington, cobra según «Africa Confidential» 120.000 dólares mensuales por blanquear el nombre de Guinea en la primera potencia mundial, no en vano es el principal socio comercial de la ex colonia española, con una inversión acumulada de 11.000 millones de dólares y el 25 por ciento del comercio del paisito de África negra que habla español. (Un portavoz de la petrolera Marathon reconoció al diario «Los Angeles Times» que pagaban 13.000 dólares al mes para ayudar al mantenimiento de la embajada de Malabo en Washington). El que se encargaba del pupitre guineano en Cassidy, Amos Hochstein, aseguró el año pasado al diario «Washington Post» la «gran preocupación» que Obiang siente por su pueblo: «Guinea Ecuatorial ha dado pasos importantes… están invirtiendo los beneficios del petróleo en infraestructuras y servicios sociales, pavimentando carreteras, construyendo escuelas y hospitales». Una visión que no sólo no comparte la oposición democrática guineana, sino instituciones en principio tan neutrales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Tampoco la organización no gubernamental británica Global Witness, que investiga las prácticas corruptas de los gobiernos y las empresas multinacionales. La investigación del FBI sobre el Banco Riggs y las prácticas de Obiang y de las petroleras estadounidenses no está terminada. Pero lo que está claro es que los depósitos que allí tenían Obiang y su gente ya no se encuentran en sus cajas de seguridad. Nadie sabe a dónde han ido a parar los cerca de 700 millones de dólares en más de sesenta cuentas. Las 126 páginas del «Estudio de la Banca Riggs» elaborado por el Subcomité permanente de investigaciones del Senado de los Estados Unidos, son un material precioso para una novela negra, una secuela kafkiana o un monólogo para no dormir. (La versión en español se encuentra en http://www.asodegue.org/dfebrero0305.htm). Tampoco se sabe si se ha iniciado una investigación a fondo sobre el comportamiento de las petroleras como MobilExxon que nutrían buena parte de esas cuentas, sobre todo después de las confesiones de Teodorín. Las consecuencias sí se han sustanciado en Suráfrica, donde un juez ha embargado dos propiedades del primogénito de Obiang en Ciudad del Cabo. Cerca de 360 millones derivados del contrato entre Exxon Mobil y Obiang fueron depositados en cuentas gubernamentales y personales en la banca Riggs. Sarah Wykes, de la organización no gubernamental británica Global Witness, especializada en poner al trasluz los negocios de los gobiernos y las multinacionales, se preguntaba en un exhaustivo informe sobre los aspectos oscuros del negocio del petróleo en países como Nigeria, Kazajstán y Guinea, si esas cuentas eran verdaderamente del Tesoro guineano y, si fuera así, por qué el gobierno tenía una cuenta del Tesoro en una banca privada extranjera. Guinea es, sobre el papel, la economía que más rápidamente crece de todo el mundo, sin embargo en cuanto a su índice de desarrollo humano está retrocediendo, a juicio de Global Witness, que ya denunció que en Angola se extravían más de mil millones de dólares al año por falta de transparencia de las empresas petroleras. Wykes fue detenida el mes pasado en el enclave angoleño de Cabinda acusada de espionaje precisamente cuando investigaba las cuentas del opaco régimen de José Eduardo dos Santos, y finalmente pudo abandonar Luanda hace poco, pero las acusaciones de la fiscalía angoleña siguen pendiendo sobre ella. El informe del Senado estadounidense, del que se hace eco Global Witness, destaca la figura de Simon P. Kareri, ejecutivo de la Riggs (hoy despedido), encargado de gestionar la abultada cartera guineana. El propio banco descubrió que Kareri le había pedido al hijo de Obiang dinero para comprar un coche. Al parecer, el vástago de Obiang le dio un cheque por importe de 40.000 dólares sin especificar beneficiario. Kareri convirtió la donación en 140.000 dólares, escribió el nombre de un amigo, y luego maniobró para que la pasta fuera reconducida a una cuenta de su esposa. Desde entonces Riggs canceló todas las cuentas guineanas. Pero el Departamento de Vigilancia de la Moneda, que regula las actividades de los bancos estadounidenses, multó a la banca Riggs (la entidad de figuras como Lincoln y Jefferson Davis, que hace años se encarga de las cuentas de la mayoría de las embajadas extranjeras en Washington y de buena parte de los consulados estadounidenses en todo el mundo) con 25 millones de dólares por el escándalo de las carteras de Guinea Ecuatorial y Arabia Saudí. Muchas de las transacciones sospechosas eran por montantes pequeños, pero algunas eran lo bastante voluminosas (de millones de dólares) para no haber encendido las alarmas en la entidad financiera.
Pastor Michá, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía, que se negó a hablar con este periódico (vía embajador en Madrid, que tampoco quiso decir una palabra alegando que no llevaba ni un año en el puesto) y que pidió que se aplazara la publicación de este reportaje hasta que se pudiera celebrar una «entrevista cara a cara», aparece en el informe del Subcomité del Senado estadounidense. Se señala que en el Banco Riggs había cuatro cuentas a nombre de Pastor Michá Ondo Bile, ex embajador de Guinea Ecuatorial en Estados Unidos, aunque el subcomité no consiguió averiguar el valor del dinero depositado. La hija del ministro, Sylvia Nchama Ondo, sobrina de Obiang, también contaba con una cuenta corriente con un pequeño saldo y la abrió cuando estudiaba en Estados Unidos. Además de sus muchos favores, el «banco de los presidentes» «gestionó solicitudes de préstamo para algunos altos cargos del gobierno. Por ejemplo, en 1999 con la ayuda del Riggs, el presidente de Guinea Ecuatorial pagó 2,6 millones de dólares por la compra de una residencia en Potomac, Maryland. También en 1999, el banco otorgó a la esposa de Obiang un préstamo de casi 750.000 dólares a un interés favorable para la compra de una segunda residencia en Potomac, Maryland, por un valor de 1,5 millones de dólares. Se utilizó el tipo de interés que se oferta para la compra de residencias principales, a pesar de que el banco sabía que la casa se compraba para ser alquilada; y de hecho el banco abrió una cuenta en la que se abonaban los alquileres. Este préstamo se pagó íntegramente en un año. En 2000, el Riggs otorgó un préstamo hipotecario a Pastor Michá (…) para comprar una residencia en Virginia».
En 2002, el Presidente Obiang profetizó un período de prosperidad sin precedentes para su pueblo: «Como las Escrituras dicen cuando el Faraón de Egipto tuvo un sueño de vacas flacas y vacas gordas, nosotros hemos pasado el tiempo de vacas flacas que representan el hambre, y ahora estamos en el tiempo de vacas gordas que es la prosperidad». En teoría, el país ha experimentado el crecimiento más rápido del PIB en el del mundo, más de 60% en 2001, y la actividad petrolífera ha dado cuenta del 86% del PIB del país entre 2000 y 2002. Sin embargo, a renglón seguido, el Banco Mundial informaba de que «no ha habido impacto sobre los pésimos indicadores sociales del país». Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU señaló en el año 2000 que el 80% de los ingresos nacionales se concentraban en las manos del 5% de la población y que más de un 65 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza extrema. «El jefe» le dijo a un periodista extranjero en noviembre de 2003 que «no había pobreza» en el país y que «el primer problema es el nivel cultural de la gente. La gente está acostumbrada a vivir de una manera muy diferente, que ustedes piensan que es pobreza. En Guinea [Ecuatorial], lo que tenemos es escasez». Al igual que en tiempos de Franco, Guinea era «materia reservada», ahora el negocio petrolífero es «secreto de estado». Comentarios de Obiang durante dos entrevistas de televisión en noviembre de 2003 parecen confirmar que el presidente tiene el control exclusivo del dinero del petróleo. En una entrevista, en el contexto de preguntas sobre este asunto, Obiang dijo: ‘Yo soy el que organiza las cosas en este país porque en África hay muchos problemas de corrupción y de desvío de dinero. Si hay corrupción o desvío de fondos, entonces yo soy el responsable. Esa es la razón por la que estoy cien por cien seguro de controlar todos los ingresos, porque el que firma soy yo». Un ex asesor del gobierno confirmó a Global Witness el deplorable control por parte del gobierno del dinero procedente del petróleo, diciendo que el presupuesto ‘no significa nada – es sólo un trozo de papel». El clima de impunidad en el país llevó a que la Radio Estatal – la única fuente de noticias para la mayoría de los ciudadanos, y más desde el cierre del programa de Radio Exterior para la ex colonia- afirmara que, debido al contacto permanente del Presidente Obiang con Dios: «él puede decidir matar sin que nadie le pida cuentas y sin ir al infierno porque es el Dios mismo». Un informe de octubre de 2003 de la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados) sobre el régimen jurídico del país afirma que: «las leyes en Guinea Ecuatorial o bien (a) no están escritas y por ende nunca son debida o coherentemente usadas; o (b) las leyes son inconsecuentes con la constitución; o, (c) son anticuadas, o (d) son ad hoc» [hechas a medida del poder]. En conjunto, la Internacional Bar Association (IBA) concluyó que: «la población de Guinea Ecuatorial no tiene casi acceso a la protección legal ni a muchos de los derechos humanos básicos… El control político se concentra dentro de una pequeña élite que sostiene los poderes ejecutivos y judiciales, sin separación efectiva. La corrupción es endémica, y la tortura es de uso común por parte de la policía». La irresistible atracción para las empresas petrolíferas que ha ejercido un entorno tan proceloso como el de Guinea Ecuatorial se debe a su insólita alta rentabilidad. Según el FMI, la porción de las ganancias del petróleo del gobierno es muy poca conforme a los parámetros internacionales. El FMI concluyó en un informe cuando se empezó a consolidar el «boom»que las autoridades de Guinea Ecuatorial tenían poca o ninguna capacidad «para controlar eficazmente los costos del petróleo y evaluar sistemáticamente estimaciones presupuestarias de las compañías». Las empresas petrolíferas también han sacado ventaja de la «preferencia del régimen por el dinero efectivo inmediato sobre la optimización financiera a largo plazo». Según Global Witness, «es como si el régimen estuviera viviendo de sus tarjetas de crédito con altos intereses proporcionadas por las empresas petrolíferas, sin ninguna responsabilidad porque no había registros centralizados de quién debía qué». En un caso, uno de los más grandes operadores del país tuvo que hacer un pago de «corrección» de alrededor de 53 millones de dólares. El status quo presenta incómodas preguntas para las empresas petrolíferas y sus inversores. Considérese la cuenta Riggs. Los pagos a una cuenta de tesorería en el extranjero no son ilegales, pero las reglas contables de EE.UU. y más recientemente, la nueva legislación anti-terrorista, el «Patriot Act», exigen el escrutinio detallado de las cuentas de ‘alto riesgo’ como aquéllas establecidas por los líderes políticos extranjeros o sus familias. Cualquier actividad bancaria en EE.UU. por el régimen o sus miembros parecerían de alto riesgo, pidiendo mayor escrutinio en virtud del Acta, dada: (a) la admisión de Obiang de su control personal sobre el dinero del estado y el posible conflicto de intereses con su papel de primer auditor del ingreso público; (b) la reputación del hermano de Obiang, Armengol como torturador y responsable de graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno; (c) las acusaciones de que las empresas petrolíferas hacen préstamos para fines encubiertos. Existe un conflicto de intereses entre la tendencia a corto plazo de la gestión actual de muchas petrolíferas que operan en Guinea Ecuatorial, que le siguen la corriente al opaco y brutal régimen con el fin de cosechar ganancias rápidas, y el interés de los accionistas a largo plazo, quienes podrían pagar el precio de su complicidad en el futuro».
Resulta llamativo que mientras los ciudadanos estadounidenses son recibidos con los brazos abiertos en Guinea Ecuatorial -no precisan de ningún tipo de visado-, los españoles han de rellenar una solicitud, aportar una carta de invitación para visitar el país o justificación de medios económicos suficientes como para sostener los gastos en el periodo de estancia en el país y pagar una tasa de 100 euros, y luego esperar al arbitrio de las autoridades ecuatoguineanas, que hacen de la obtención del permiso de entrada todo un ejercicio de paciencia y misterioso argumentario. Las relaciones entre España y su ex colonia siguen siendo azarosas, enigmáticas, a menudo insostenibles. Desde que el petróleo ha empezado a marcar «la vida política, económica y social de Guinea Ecuatorial», la capacidad de influencia española se ha reducido. En el «Informe de la Conferencia Acción Humanitaria y Desarrollo», celebrada en Madrid en diciembre del año pasado bajo los auspicios de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), titulado «La política exterior y de cooperación de España en Guinea Ecuatorial: Relevancia de los principios democráticos y el papel de la sociedad civil», se recuerda que a las elecciones de 2004 se llegó con trece formaciones políticas legalizadas, aunque la mayoría giraban en la órbita del partido del Gobierno, el PDGE, y todos sus dirigentes formaban parte de Ejecutivo (una hábil maniobra de Obiang para ganarse adeptos). Se hace hincapié en los efectos perversos del petróleo. (En un artículo titulado «Las consecuencias socio-económicas del petróleo en Guinea Ecuatorial», Fernando Abaga recuerda el llamado «mal holandés», la maldición del petróleo para sociedades y economías desestructuradas o dictatoriales. Por su propia naturaleza, los yacimientos que se explotan en el mar los aíslan de «de todo y de todos», generan poca mano de obra debido al uso intensivo del capital. Es un sector que exporta todo lo que produce e importa todo lo que consume», de ahí que su dinamismo no repercuta positivamente en la economía que lo alberga, y «no juega el papel que se esperaba como motor del desarrollo», como se ha visto y se ve en el caso de Guinea Ecuatorial). En los últimos once años, y gracias a ese «mal», Malabo ha pasado de ser un desconocido a convertirse en una referencia geoestratégica. Según el informe de la FRIDE, la política exterior española hacia Guinea se ha distinguido por la inexistencia de un objetivo político y por su carácter provisional. Se trata de un «modelo de hacer la diplomacia en España que no tiene control parlamentario ni es transparente», al tiempo que se subraya el déficit de información sobre la situación en Guinea Ecuatorial. Y a la inversa, sobre todo tras el cierre, el 10 de julio de 2005, del programa de Radio Exterior de España. Fuentes gubernamentales confirmaron que no hay la menor intención de reponer un programa que paralizaba literalmente el país africano: no en vano era el único espacio donde las voces de la oposición se difundían en el espacio radioeléctrico guineano. España ha perdido su protagonismo en Malabo frente a otros actores internacionales (otros donantes, como China, y empresas multinacionales, que no hacen preguntas molestas), y eso a pesar de que Guinea Ecuatorial es el segundo receptor subsahariano de la ayuda española, tras Mozambique, con 7 millones de euros en 2005. «El no tener importantes inversiones económica en el país africano es un arma de doble filo. Por el lado positivo, España no tiene intereses que atender. Por el lado negativo, se reduce su capacidad negociadora y de influencia».
Alicia Campos, autora de un espléndido libro sobre Guinea («De colonia a Estado: Guinea Ecuatorial, 1955-1968», editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), lamenta sobre todo «la falta de una verdadera sociedad civil en Guinea Ecuatorial», lo que dificulta enormemente el cambio, pero critica sobre todo la miopía o falta de visión, «del Gobierno español sobre las dinámicas políticas que se viven en Guinea Ecuatorial. No se ha establecido el vínculo necesario entre la cuestión del petróleo y los derechos humanos. No se vincula la falta de desarrollo a esa cuestión», a pesar de que a juicio de la profesora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid «el petróleo se convierte precisamente en una razón para no cambiar: la falta de estímulo es total. La pobreza es una política interesada del gobierno de Obiang. Basta que una persona monte un negocio y no sea afín al gobierno para que se lo cierren. Se trata -como hacían muchos colonizadores europeos- de mantener a la gente sin educación ni conciencia para evitar que exijan democracia y derechos. Y eso se extiende a todos los ámbitos, como los límites a la propiedad de tierras. Gabriel Nguema, uno de los hijos más presentables de Obiang, visitó la casa de unos compañeros de clase. Escandalizado por el grado de miseria en que vivían, se lo dijo a su padre, que le respondió con ironía: ‘¿Conoces a alguien que mande sobre gente rica?’. Obiang desprecia a los guineanos: la gente sobra. La mayor parte de la mano de obra que trabaja en la industria petrolífera no es guineana». No deja de resultar ilustrativo cierto paralelismo entre la actitud del gobierno de Obiang y el de la metrópoli en tiempos de la colonia. Juan Bonelli Rubio, gobernador general de Guinea de 1944 a 1948, dijo en una conferencia dictada en aquellos años sobre «El problema de la colonización»: «De aquella tierra se puede extraer una riqueza que los indígenas no saben extraer ni administrar. Luego es justo en nombre de la humanidad, usufructuar aquel terreno para producir lo que producir debe, pero sin olvidar nunca los derechos primarios de los que allí viven». Palabras que podría haber pronunciado Obiang. Del paternalismo blanco al negro. «El petróleo no lo controla nadie. Repsol no tiene nada que hacer en ese ámbito. Se perdió la ocasión», dice Campos. Manuel Hermógenes, portavoz de la multinacional Repsol, confirma que la compañía dispone de dos concesiones «off shore» (en el mar) en Guinea: una de 2.927 kilómetros cuadrados en el bloque K, que comparte con la operadora Nexen, y de la que un 50 por ciento es propiedad de Repsol. Es la única en la que se han hecho prospecciones que han resultado negativas. En el bloque C se tiene otra concesión de 2.629 kilómetros cuadrados, en la que el operador es ExxonMobil, pero ahí no se han efectuado todavía prospecciones. «Desde tiempos de Hispanoil, España no tiene suerte. Y Repsol tampoco la ha tenido. En África negra la presencia de Repsol (Mauritania y Guinea) es mínima, todo lo contrario que el norte (Argelia y Libia)», asegura Hermónenes, quien recuerda que la firma hispano-argentina forma parte de la iniciativa Publica lo que Ganas, a favor de la transparencia en el negocio petrolífero y extractivo. Hermógenes dice que el sector de los hidrocarburos hay tres baremos: el europeo (el más exigente), el estadounidense y el oriental, lo que supone un agravio comparativo frente a esas empresas que son mucho más laxas a la hora de firmar contratos con regímenes poco recomendables. Sin embargo, fuentes de Asodegue señalan que el verdadero interés de España radicaría más en el gas que en el petróleo, y que lo que Malabo pretende sobre todo es que Repsol le asesore -aunque sean ellos los que tomen las decisiones- en el tema del gas y en la gestión de GEPetrol, la empresa nacional de petróleos guineana fundada en febrero de 2001, ideada a semejanza de la antigua CAMPSA. Según un artículo escrito por los especialistas Alicia Campos y Mario Esteban, las reservas confirmadas de Guinea Ecuatorial ascienden a 1.100 millones de barriles de crudo y las de gas a 3,6 billones de metros cúbicos. La compañía británica British Gas Plc ha comprado ya la producción total de metanol para los próximos 17 años. También cuenta con depósitos de titanio, hierro, manganeso, uranio y oro que no han sido explotados. Además de Washington y París, es Pekín quien ha reforzado su presencia en Guinea en la última década. Según Campos y Esteban, el grueso del crudo lo extraen tres empresas estadounidenses (que acertaron donde la española Hispanoil no encontró nada): Exxon Mobil, Marathon Oil y Amerada Hess. Ellas han participado en la construcción y remodelación de infraestructuras, como una planta hidroeléctrica de 30 megavatios en Malabo y el puerto de Luba. France Cable et Radio, filial de France Telecom, controla el 40 por ciento de la Sociedad Anónima de Telecomunicaciones de la República de Guinea (el restante 60 por ciento está en manos estatales). China, atraída por el crudo y la madera ecuatoguineanos, también ha volcado su atención hacia Malabo. El gobierno de China ha acordado conceder a Guinea Ecuatorial una línea de crédito de más de dos mil millones de dólares para la realización de una serie de proyectos de infraestructuras, según indicó una fuente diplomática ecuatoguineana. Se trata de una línea de crédito «sin intereses destinada a sectores de desarrollo que deben identificarse por el gobierno como destinadas a apoyar sus esfuerzos de modernización de las infraestructuras del país y para reforzar la cooperación con China», según indicó de forma reservada un diplomático ecuatoguineano a la agencia France Presse. Numerosas empresas chinas están ya presentes en Guinea Ecuatorial, concretamente en los sectores de hidrocarburos, construcción y obras públicas. Mientras tanto, otras quince empresas deberán hacerse presentes en la antigua colonia española a lo largo de este año, en el marco de un proyecto que prevé la constitución de más de 10.000 viviendas y 2.000 kilómetros de carreteras. Al regreso de la cumbre China-África que se celebró el año pasado en la capital china, Teodoro Obiang Nguema celebró esta «cooperación sincera y sin condiciones», que «no plantea condiciones previas sobre democracia o derechos humanos en su cooperación con los países africanos». El socio perfecto.
En el artículo «España ante la mayor penetración internacional en Guinea Ecuatorial», Alicia Campos y Mario Esteban dicen que «dos de las tres mayores petroleras estatales chinas tienen intereses en Guinea Ecuatorial. Sinopec recibe diariamente 15.000 barriles de crudo de Malabo para su refino; y CNOOC firmó en febrero de 2006 con la compañía semipública guineana GEPetrol, un contrato de explotación conjunta por cinco años de un yacimiento en la costa sur de Guinea Ecuatorial de casi 2.300 kilómetros cuadrados. Asimismo, China importa cada año unos 0,2 millones de metros cúbicos de madera en rollo». China ha contribuido a mejorar las infraestructuras guineanas (una política que aplica en buena parte de sus transacciones en África, donde va camino de convertirse en el primer socio comercial del continente), como el centro de transmisiones de Bata, la autopista entre Bata y Mongomo (región natal del presidente Obiang y núcleo de su clan) y la hidroeléctrica de Bicomo. China ha vendido también armamento pesado a Guinea y ha brindado entrenamiento a sus tropas, además de conceder becas exclusivas a estudiantes ecuatoguineanos. El ministro chino de Exteriores, Li Zhaoxing, visitó Malabo a comienzos de enero e inauguró la nueva sede de la Radiotelevisión Estatal de Guinea Ecuatorial, construida por una empresa china. Pekín anuló deuda por valor de 75 millones de dólares. Sin embargo, el análisis que hacen Campos y Esteban es que «ni las riquezas naturales de las que goza Guinea Ecuatorial, ni el estrechamiento de sus relaciones con estos países extranjeros ha cristalizado en una mejora de las condiciones de vida de la población».
María Jesús Figa, directora general de Relaciones Económicas Internacionales, que acompañó al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en su viaje a Malabo, (anticipo de la visita oficial de noviembre del año pasado de Obiang a España), en compañía de un puñado de empresarios españoles (entre ellos los presidentes de Repsol y de Unión Fenosa), defiende la necesidad de «estrechar lazos económicos» con la antigua colonia. Mientras Figa cree que «tanto las condiciones económicas como las sociales han mejorado de forma evidente», que «hay un crecimiento suficiente para que puedan ser atractivas las inversiones» y que «para cualquier visitante resulta evidente que la vida ha mejorado, como puede atestiguar cualquier español que reside allí. Hay un progreso tanto en el aspecto económico como social», Campos y Esteban recuerdan que aunque Guinea Ecuatorial tiene unos ingresos anuales de 3.000 millones de dólares procedentes del petróleo, que convierten su renta per capita en la tercera más elevada del mundo, «la ausencia de un gobierno democrático con políticas redistributivas hace que la población sufra de un bajísimo desarrollo humano, en términos del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo». A su juicio, los ingresos del petróleo han servido sobre todo para «reforzar la dictadura, y son desviados en su mayor parte a cuentas personales de los gobernantes fura del país». Organizaciones como Global Witness o Transparencia Internacional identifican a Guinea Ecuatorial como uno de los países más corruptos del mundo (el noveno, según TI). Según estos analistas, «el argumento según el cual una presencia económica firme en el sector petrolífero constituiría una herramienta poderosa para influir sobre la política guineana sólo funcionaría si la española fuera la presencia hegemónica, y no hubiese otros inversores alternativos, como Estados Unidos o China». Una encuesta realizada por el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a África unos 148.000 millones de dólares al año, e incrementa el coste de todos los bienes al menos en un 20 por ciento. «La corrupción es un impedimento directo para el desarrollo de África. La corrupción perjudica a la mayoría y beneficia a unos pocos», afirmó la Ministra de Servicios Públicos de Suráfrica, Geraldine Fraser, en la conferencia sobre corrupción. Resta recursos a las áreas prioritarias como la salud, desarrollo social y educación. También obstaculiza los esfuerzos del continente por instalar un firme gobierno político, socioeconómico y corporativo. Los intentos de Repsol de convertirse en un inversor relevante en el mercado guineano «nunca reportará espectaculares concesiones, pues Obiang Nguema no olvida ni el fracaso de las prospecciones españolas de los años ochenta, ni las simpatías de las que goza la oposición ecuatoguineana entre gran parte de la opinión pública española. Esto hace de España un aliado poco fiable e incómodo para el régimen de Obiang, frente a inversores alternativos como China o Estados Unidos más dispuestos por el momento a no plantear condiciones a la dictadura ecuatoguineana. Resulta, por consiguiente, demasiado tarde para que la apuesta española por el petróleo pueda dar los frutos apetecibles». Además, «el gobierno español ha ido dilapidando durante las dos últimas legislaturas, muchos de los instrumentos a su disposición» sin que haya habido avances notables en la democratización de la antigua colonia: la clausura del programa de Radio Exterior de España dedicado a Guinea Ecuatorial a petición del propio Obiang, la condonación de deuda (en 2003 y 2004), el asesoramiento jurídico con respecto a los conflictos de frontera entre Guinea Ecuatorial, o la invitación oficial de Obiang a Madrid en 2006.
Alicia Campos insiste en que «es imposible hacer negocio en Guinea al margen de la familia Obiang y su clan. Él sabe que no puede favorecer a la población porque sería el principio del fin de su régimen. La familia Nguema ocupa el gobierno guineano desde la independencia de España, en 1968, «y ninguno de los cambios sucedidos desde entonces, ni el golpe palaciego del actual presidente Teodoro Obiang Nguema contra el primer autócrata en 1979, ni las reformas constitucionales de inicios de los noventa, han significado una apertura y democratización del régimen», dice Alicia Campos en su artículo «Política exterior española hacia Guinea Ecuatorial. Propuestas para una reevaluación», en el que subraya que «las capacidades represivas, de cooptación y de empobrecimiento» (…) «se han reforzado con la llegada de las compañías petrolíferas al país. Las características específicas de la industria petrolífera, junto con el régimen jurídico internacional de la soberanía, hacen de Obiang Nguema el único interlocutor posible para negociar sobre la explotación de los recursos minerales que teóricamente pertenecen a toda la población. Y el carácter autoritario y no distributivo del estado ecuatoguineano impide que los nuevos recursos lleguen a la población en forma de servicios sociales o fomento del tejido económico, y en su mayor parte van a parar a cuentas personales de los gobernantes fuera del país». Campos cree que «la venta de armas al gobierno guineano, como la realizada en 2000 de 11.500 proyectiles» debería quedar totalmente excluida «de las relaciones entre ambos países».
Un informe del Fondo Monetario Internacional de junio del año pasado «La economía ecuatoguineana es ahora veinte veces más grande de lo que era a mediados de los noventa. El crecimiento económico general ha conducido a un rápido aumento medido por la renta per capita de los países de ingresos medios, pero los índices de vida de la población no han mejorado de forma mensurable. Guinea Ecuatorial cuenta ahora con recursos adecuados para progresar rápidamente para reducir la pobreza y cumplir con los objetivos del milenio». En enero de 2001, un informe del grupo de presión israelo-estadounidense African Oil Initiative Group (AOPIG), hacía hincapié en la necesidad de reorientar la política de seguridad de Estados Unidos hacia África subsahariana, y que esa iniciativa debería estar basada en la potencia energética de las reservas petrolíferas de África Occidental, sobre todo de países como Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo-Brazaville. El informe era más receptivo que el FMI hacia los efectos perversos del petróleo respecto al medio ambiente, el afianzamiento de regímenes dictatoriales y la obstrucción a la transparencia en los intercambios comerciales. Otro estudio, esta vez de la Comisión Alternativa para África, recalcaba en julio de 2005 que el control de los recursos extractivos, sobre todo hidrocarburos y minerales estratégicos, yacen en el corazón de la nueva «rebatiña de África encabezada por Estados Unidos, que espera importar el 25 por ciento de su petróleo del Golfo de Guinea en los próximos diez años. Su socio en Guinea Ecuatorial, el odioso dictador Teodoro Obiang, ha establecido un marco en el que la abrumadora presencia de compañías petrolíferas estadounidenses se asemeja a los buenos viejos tiempos del colonialismo cuando tenías que pagar al «ingenuo jefe nativo» una miseria. Las tres grandes petroleras estadounidenses, ExxonMobil, Marathon Oil y Amerada Hess, señala la analista Alicia Campos, «mantienen una relación clientelar con el dictador y su familia, gracias a que la mayoría de los beneficios del petróleo (hasta un 85 por ciento) quedan en manos de las empresas, y el resto acaba en las cuentas personales de las autoridades locales en el extranjero». De ahí que la actual política gubernamental estadounidense del presidente George W. Bush, que procede además de la industria petrolífera, sea mas «complaciente/benevolente» hacia los abusos de los derechos humanos del régimen de Obiang. La nueva situación llevó en 2005 a la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Malabo, que había sido cerrada en 1996 tras las repetidas denuncias por las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Obiang hecha por el entonces embajador estadounidense, John Bennet. La naturaleza secreta de la alianza entre los intereses de la familia Nguema y los magnates del petróleo, señala Campos, explica que sus depósitos y transacciones bancarias no sean incluidos en el presupuesto o llevados al Parlamento. «En cualquier caso, el Parlamento está dominado por el PDGE de Obiang y partidos políticos asociados, de tal forma que sólo dos de los cien diputados son miembros del único partido opositor dentro del país, Convergencia para la Democracia Social, desde que aceptaran tomar parte en las elecciones legislativas de 2004. Las relaciones entre la industria petrolífera y los Nguema les han proporcionado nuevos mecanismos para incrementar su riqueza personal y su control social, en ámbitos como el trabajo, la construcción o la seguridad. Miembros relevantes del gobierno controlan las agencias de empleo a través de las cuales la industria petrolífera recluta a los pocos trabajadores guineanos que el negocio requiere, y estos miembros del gobierno se quedan con el 50 por ciento de los salarios de los obreros, a veces incluso hasta el 70 por ciento. El gobierno impone la participación de estas agencias, que exigen el carné del partido gobernante para obtener un empleo, lo que excluye de forma rotunda a disidentes u opositores conocidos de este sector». Algunas de las compañías de empleo que subcontratan son AMLOCASER (propiedad de Armengol Ondo Nguema, hermano del presidente, general del Ejército y delegado nacional de seguridad), NOMEX (propiedad de Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente, ministro de Energía y secretario de Estado), MSS (propiedad de Antonio Mba Nguema, hermano del presidente, general del Ejército y ministro de Defensa), ATSIGE (propiedad de Manuel Nguema Mba, tío del presidente, general del Ejército y ministro de Seguridad), APEGESA (propiedad de Juan Oló Mba Nseng, suegro del presidente, ex ministro de Minas e Hidrocarburos, diputado, decano del colegio de abogados y superintendente de la seguridad presidencial, y Atanasio Elá Ntugu Nsa, actual ministro de Minas y Energía) y BOMDEN (propiedad de Julián Ondó Nkumu, coronel del Ejército y director general de la seguridad presidencial)», como se explicita en un documento elaborado por el CPDS en 2005, de ahí que algunas titularidades puedan haber variado. Hay que reseñar también que el servicio de seguridad que vigila los complejos residenciales donde vive el personal estadounidense que atiende los yacimientos está monopolizado por una compañía, SONAVI (Sociedad Nacional de Vigilancia), propiedad de Armengol Ondó Nguema, hermano del dictador). Todo queda en familia en el belén ecuatoguineano.