Dos decisiones de hondo calado
Mientras Arnaldo Otegi aseguró ayer que con el nuevo partido registrado ayer en el Ministerio del Interior, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), «cumplen escrupulosamente» las exigencias de la Ley de Partidos, la Fiscalía General presentará posiblemente la próxima semana una demanda de ilegalización.
Afirman que han aceptado cumplir los requisitos de la Ley de Partidos, a pesar de considerarla antidemocrática para «alcanzar una situación democrática en la que todas las formaciones estemos en igualdad de condiciones y el proceso se ponga en marcha». Ha indicado que estaban «dispuestos a recorrer el camino» partiendo de «una situación antidemocrática».
Otegi hizo un llamamiento a los partidos políticos para «juzgar con responsabilidad» y les ha exigido «rigor en el análisis». Además, ha asegurado que «están sobre la mesa todos los ingredientes para alcanzar la paz» y que ha concretado en el método, establecido en el discurso del velódromo de Anoeta, en noviembre de 2004, la propuesta de autonomía incluyendo a Navarra y «la oportunidad de estar en igualdad de condiciones».
En los estatutos de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), el nuevo partido registrado en el Ministerio del Interior, no se deduce ningún tipo de ilicitud o separación de la Ley de Partidos. Hasta han acepatado, en los Estatutos, de forma expresa la Constitución y la Ley de Partidos.
La Fiscalía y el Gobierno aducen que de los tres promotores del partido dos, Marije Fullaondo y Juana Regueiro pertenecieron a la Mesa Nacional de Batasuna. El artículo 12. de la Ley de Partidos considera «fraudulenta» la creación de un nuevo partido «que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». Fullaondo se presentó como cabeza de lista de Euskal Herritarok.
Además indican que la estructura del nuevo partido reproduce miméticamente la de Batasuna. Informan que la denominación «Mesa Nacional» para referirse al órgano gestor de la nueva formación hacer ver a la Fiscalía que la organización y estructura de Batasuna se transfieren directamente a ASB.
Por último, Marije Fullaondo (promotora del partido), está imputada en un delito de integración en banda armada en un auto dictado por el juez Baltasar Garzón el 31 de octubre de 2006. Se trata de una imputación y no de una condena.
Se vuelve de esta forma a la situación de las pasadas elecciones en las que, a pesar de que miles de ciudadanos no tiene condena en firme contra ellos (en la que se diga que han perdido sus derechos constitucionales a presentarse a las elecciones) el hecho de haber sido militantes de HB les impide de facto presentarse a las elecciones si no es con la anuencia del Gobierno. La Ley de partidos ilegalizó HB, pero ningún tribunal abrió una causa frente a la militancia de este partido.
Dos decisiones de hondo calado
Editorial de Gara
El pasado martes la izquierda abertzale materializó una decisión que indudablemente ha debido conllevar muchas horas de intenso debate en su seno: la inscripción en el registro del Ministerio de Interior español de un nuevo partido cuyos estatutos se ajustan a una ley de partidos redactada expresamente para sacarla del juego político y que, no cabe olvidarlo, es rechazada por la mayoría de la sociedad vasca. Ahora corresponde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomar otra decisión que habrá de meditar con sumo cuidado: cómo responder finalmente al paso que ha dado la izquierda abertzale.
El intentar legalizar un nuevo partido no tiene un contenido meramente electoral -no es un juego de listas, hoy te prohíbo ésta y mañana puede que deje pasar otra- sino que se inscribe como un movimiento de fondo que debe analizarse conjuntamente con otros que también ha dado la izquierda abertzale para intentar que el proceso avance hacia la resolución del conflicto y la consecución de la paz definitiva. Y los primeros mensajes que ha transmitido el Gobierno español son poco esperanzadores. Como si se hubiese visto sorprendido y cogido a contrapié, a las cinco horas de que los estatutos de ASB se hubieran depositado en el registro, el Ministerio de Interior se apresuró a hacer público que veía indicios de ilegalidad y a poner el caso en manos de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. La reacción de Alfredo Pérez Rubalcaba -lejos del sosiego exigible en casos de semejante trascendencia- evidencia un afán propagandístico y una evaluación incorrecta de los hechos.
Cabe también dejar constancia de que en esta materia el discurso del PNV y el que mantiene el Ejecutivo español vuelven a asemejarse como dos gotas de agua. Los jeltzales -diciendo estar en contra- se han convertido en Euskal Herria en los mayores valedores de la antidemocrática Ley de Partidos. Y, lo peor de todo, carecen de un esquema autónomo de cómo desarrollar el proceso, limitándose a hacer suya la estrategia de Madrid.