El surgimiento de otro «caso» en Estados Unidos destinado a presionar sobre inversionistas de terceros países -en este caso de Francia- que han colocado capitales en el sector turístico de Cuba hace pensar a analistas que el gobierno norteamericano podría estarse moviendo hacia un enfrentamiento con sus aliados a partir de la fortalecida obsesión anticubana […]
El surgimiento de otro «caso» en Estados Unidos destinado a presionar sobre inversionistas de terceros países -en este caso de Francia- que han colocado capitales en el sector turístico de Cuba hace pensar a analistas que el gobierno norteamericano podría estarse moviendo hacia un enfrentamiento con sus aliados a partir de la fortalecida obsesión anticubana de la Casa Blanca.
De acuerdo con un despacho distribuido por la entidad South Florida Business Journals Inc. el fin de semana último, se trata de una mujer de 95 años de edad residente en Miami cuya familia fue propietaria antes de 1960 de un segmento costero de la playa de Varadero, emporio turístico actual cubano situado a unos 130 kilómetros de Ciudad de La Habana.
Esa persona habría decidido repentinamente situar el próximo día 8 una querella judicial en Miami contra una firma con base en París -Club Med Varadero Resort- la cual, de acuerdo con la nota informativa, construyó y operó un hotel en la localidad cubana mencionada por varios años.
De acuerdo con la versión miamense, Club Med operó el inmueble desde 1997 hasta 2003 y después lo vendió a una empresa española, a la que se identifica como Grupo Pinero.
Los querellantes están esgrimiendo el Acta de Comercio con el Enemigo, que Estados Unidos aplica contra un grupo de países entre ellos Cuba, y otras «regulaciones» que está usando con particular celo actualmente el Departamento norteamericano del Tesoro contra la Isla.
La intempestiva acción jurídica se hace pública en un momento en el que la administración del presidente republicano George W. Bush está fortaleciendo la conducta anticubana de su gobierno a partir de una serie de nuevas medidas contenidas en un informe de cerca de 500 páginas el cual tiene el propósito declarado de derrocar al gobierno cubano y destruir el sistema político, social y económico vigente en la Isla.
Uno de los objetivos de esas acciones -que ya están vigentes desde el día 30 pasado- es precisamente asfixiar económicamente a Cuba atacando sus mayores fuentes de ingresos de divisas, la principal su industria turística.
El mes pasado una firma hotelera de Jamaica fue conminada por el gobierno estadounidense a abandonar sus negocios en Cuba. La amenaza estadounidense -de no ocurrir esa retirada- fue que impediría la entrada a Estados Unidos de los más altos funcionarios de esa empresa privada y sus familiares. La entidad decidió terminar con la operación de uno de sus hoteles en Cuba a causa de ello. El pretexto para las presiones contra la firma jamaicana fue precisamente una querella de una persona nacida en Cuba y residente en Estados Unidos quien alegó que fue propietaria antes de 1959 -año del triunfo de la revolución en la Isla- del área en la cual la empresa de jamaica operaba un hotel.
El recrudecimiento de la conducta anticubana por parte de Bush podría incluir entonces la total aplicación de todos los capítulos de la ley Helms-Burton, una legislación estadounidense que fortaleció el bloqueo a Cuba en 1996 y que sólo ha sido utilizada parcialmente en todo su alcance extraterritorial debido a la promulgación de decretos presidenciales limitantes prorrogados cada seis meses desde el mandato de Bill Clinton.
La posposición de ese segmento de la ley ha sido explicado, de manera fundamental, porque su vigencia causaría tensiones de Estados Unidos con sus aliados, especialmente con Canadá y Europa, con amplios negocios en Cuba.
Una reacción en torno a la retirada de la firma privada de Jamaica fue reflejada en La Habana la semana pasada por el canciller jamaicano, Keith Desmond Knight, quien dijo públicamente que su país es contrario «a las legislaciones que tienen efectos extraterritoriales y dañan el avance y el desarrollo de los países», en una referencia evidente a la ley norteamericana Helms-Burton.
Knight no mencionó en sus declaraciones ni a esa legislación ni a Estados Unidos, pero la retirada de la empresa de Jamaica SuperClubs Super-Inclusive Resorts de sus operaciones sobre el Hotel Breezes Costa Verde, situado en la provincia cubana de Holguín, a más de 700 kilómetros de Ciudad de la Habana, pareció ser el telón de fondo de esa reafirmación, opinaron analistas.
De prosperar en los tribunales de Miami la nueva querella -esta vez contra una firma francesa- ello podría proyectar una voluntad de la Casa Blanca de aplicar en toda su magnitud la Helms-Burton.
Pocos especialistas consideran que ante una situación de ese tipo el gobierno europeo afectado quede en silencio. Una muestra es que Europa en pleno votó ante la Asamblea General de Naciones Unidas este año en favor de una moción en contra del bloqueo norteamericano a Cuba, la cual deja aislada cada año a Washington en ese órgano internacional.