En Noviembre de 1975, hace treinta años, se firmaba en Madrid el Acuerdo Tripartito entre España, Marruecos y Mauritania. Unas cuantas plumas, unos cuantos personajes sellaron en un instante el destino de todo un pueblo: el saharaui. Lo condenaron al exilio, a la muerte, a la desolación. Para España significó una de las páginas más […]
En Noviembre de 1975, hace treinta años, se firmaba en Madrid el Acuerdo Tripartito entre España, Marruecos y Mauritania. Unas cuantas plumas, unos cuantos personajes sellaron en un instante el destino de todo un pueblo: el saharaui. Lo condenaron al exilio, a la muerte, a la desolación. Para España significó una de las páginas más vergonzosas y humillantes de nuestra historia contemporánea.
El gobierno de Arias Navarro repartió la ex colonia española entre Marruecos y Mauritania. Incumplió en nombre de España, las promesas mil veces contraídas ante el Pueblo Saharaui y ante la Comunidad Internacional como potencia administradora.
Apenas seis meses antes del pacto, en mayo 1975, una comisión investigadora de la ONU llegó al Sahara Occidental. El Gobierno español y las autoridades del territorio facilitaron la misión. En su informe, los expertos internacionales le recordaron a la potencia colonial sus obligaciones para con el pueblo saharaui, quien, según el informe «aspiraba a la independencia», estaba dispuesto a seguir luchando por ella y sobre todo «no aceptaba ser anexionado por ninguno de sus vecinos». En definitiva reclamaba su derecho a la autodeterminación, ya reconocido por la ONU y poco tiempo después ratificado por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Tras un análisis exhaustivo de los elementos políticos e históricos del dossier, la Corte recomendó la aplicación inmediata del principio de autodeterminación por medio de la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui. Naciones Unidas y la potencia administradora estaban emplazadas a organizar un referéndum. Sin embargo, España y Marruecos se burlaron del dictamen, y la ONU, por las indecentes razones que siempre le asisten cuando el perjudicado es débil, no hizo lo que debía.
Los saharauis, nuestros hermanos españoles de la provincia del Sahara, quienes confiaron en la palabra de honor de nuestros gobernantes, de facto o reales, los entregamos maniatados, los arrojamos al patio de los leones, a la merced de las tropas, tanques y aviones de guerra marroquíes. Ese fue el broche de oro con el que cerramos nuestra obra civilizadora en África, el triste epílogo de los cien años de convivencia con los saharauis.
Los que vivimos aquellos días en El Aaiun, Smara o Villa Cisneros, presenciamos indignados y avergonzados, cómo se plasmaba la letra del contrato: el ejército marroquí y mauritano invadían el territorio, miles de soldados ocupaban nuestros cuarteles aún sin dar tiempo a desalojarlos y tomaban posiciones, se encerraba con alambre de espino los barrios saharauis y se les impedía la huída ante esa cobarde invasión. Mientras la «marcha verde» se asomaba en medio de una gran polvareda propagandística para encubrir la invasión militar. Era la pieza teatral a la que nuestros gobernantes se prestaron también para disfrazar lo que sin duda fue y sigue siendo una de las mayores traiciones y vilezas políticas en la historia de la humanidad.
España, torpemente, sembró para largo tiempo la inestabilidad y la tensión en un área próxima de la que depende su propia seguridad. Hizo estallar una guerra devastadora, condenó al exilio, al dolor y al sufrimiento a decenas de miles de personas, dividió y enlutó a las familias. Hoy 30 años después tiene el descaro de proclamar que su posición en el problema es neutral.
A tres décadas de aquel hecho triste, el momento es idóneo para la reflexión. La guerra, contrariamente al cálculo inicial de los artesanos del pacto, ha durado más de una semana. Marruecos, pese a su empeño y las generosas alianzas con las que ha contado, no logró una victoria militar aplastante. Los saharauis no han capitulado, lejos de eso, acaban de iniciar un nuevo método de resistencia en las zonas ocupadas. Es la generación que ha nacido a la sombra de los Acuerdos de Madrid, disfrutando de las «bondades» de la nueva «madre patria», la que ha pasado a la acción y una acción hoy por hoy impredecible. La tregua decretada por la ONU puede saltar en cualquier momento, incluso de manera accidental, no provocada… En definitiva, a la vista están los ingredientes para una nueva conflagración en la zona. Una zona ya de por sí altamente explosiva en razón a los integrismos latentes, la ausencia de democracia y el cúmulo de problemas económicos y sociales, en particular en la casa de «nuestro amigo» el hijo del rey.
El Sahara Occidental es la asignatura pendiente de la democracia española. De mil maneras, la sociedad española lo ha proclamado bien alto: ¡ya basta! A Marruecos se le ha otorgado una licencia por 30 años para aplastar y masacrar al pequeño pueblo saharaui. España y otros países le han proporcionado, desde la complicidad, incalculables ayudas, económicas, militares, financieras. Todo bajo el pretexto de ayudar a la estabilidad de la monarquía marroquí, pero en el fondo nunca ignoraron que son recursos para la guerra contra los saharauis. Mientras, a Irak, Cuba, Libia les aplicaban sanciones severas y guerras devastadoras en nombre de la legalidad y de las libertades democráticas.
La inmensa mayoría de los españoles creemos que ha llegado la hora de enmendar esta terrible injusticia. El Estado Español, por su implicación en los orígenes de esta tragedia, debe asumir, de una vez por todas, su responsabilidad histórica, política y moral, desde la honestidad, lejos del doble lenguaje, hipócrita e inmoral. Corresponde elaborar y consensuar una nueva política coherente y firme que persuada a Marruecos a avanzar en el camino de la legalidad internacional y no, como hasta ahora, para conspirar contra ella, disculpándolo o haciendo la vista gorda ante sus continuas burlas a las resoluciones de la ONU y sus fechorías en las zonas ocupadas.
Una nueva política, un nuevo enfoque son posibles incluso sin descuidar la «sacrosanta» estabilidad de la monarquía alauita. Se trata de sacar las debidas conclusiones de una aventura colonial de treinta años en la que Marruecos ha despilfarrado tantos y tantos recursos para alimentar guerras y tensiones con sus vecinos en una política de permanente huida hacia delante. Hoy, la paz interna en el país vecino está mucho mas frágil y cien veces mas amenazada que en el año 1975. El viejo recurso de crear focos de tensión en el exterior para solventar problemas internos se ha vuelto obsoleto e inútil. La profunda crisis económica y social que nos proyectan a diario las pateras con sus dantescas escenas de muerte y desesperanza, el creciente fenómeno del integrismo cuyo zarpazo del 11 M nos recordó cuán vulnerables somos y cuán cerca está de nosotros, la parálisis de las instituciones políticas, y la intifada saharaui en las zonas ocupadas no auguran para Marruecos un futuro en calma, sin sobresaltos. Revisar los viejos esquemas de nuestra política marroquí y norteafricana es una necesidad imperiosa incluso para proteger al vecino del sur y evitar que caiga en un ciclo de turbulencias sin precedente…
El conflicto del Sahara influye, efectivamente, en la estabilidad de Marruecos. Por eso nadie duda de que su solución conforme a la legalidad internacional abrirá una nueva era de tranquilidad en el noroeste africano. En tales circunstancias, Marruecos podrá, con la ayuda más eficaz y efectiva de sus vecinos, incluidos los saharauis, concentrarse en sus problemas verdaderos y armar recetas para su endémica crisis social y económica.
Hoy cuando se cumplen tres décadas de aquel fatídico hecho, es la ocasión para recordar otra vez a nuestros gobernantes sus deberes en el asunto del Sahara. Un problema frente al cual los españoles, todos, con independencia de ideologías y credos queremos un mayor compromiso político, serio y honesto en favor de los derechos del pueblo saharaui, de la solución justa y democrática. No podemos admitir que los saharauis sigan siendo la moneda de cambio para llevarnos bien con el vecino del sur.
Si bien, la solidaridad con cualquier pueblo objeto de injusticia, privado de sus derechos legítimos es un deber para todo defensor de la justicia y la libertad, en el Estado español existen, todavía muchas más razones para el apoyo y el compromiso moral con los saharauis: son nuestros vecinos, convivimos con ellos, compartimos la misma cultura y al final los traicionamos, los vendimos y abandonamos. El daño que les hicimos es inimaginable. ¿Cuántos han muerto, cuántos han sido asesinados bajo tortura o bajo las bombas. cuánto han sufrido y siguen sufriendo? Miles y miles de españoles, mujeres y hombres estamos convencidos de que otro mundo es también posible para los saharauis. Por eso es que nuestra deuda moral con ellos, ciertamente impagable, la asumimos como aliciente para seguir luchando, en cualquier lugar y a cualquier hora a fin de devolverles a su patria libres y a la nuestra la dignidad que nunca debió perder.
* José Taboada Valdés es Presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara)