Poco antes de que fuera derrocado Muammar Gadafi el año pasado, la palestina Huda y su familia fueron expulsados de su vivienda en la capital de Libia. «Fue a fines de agosto, y había mucha violencia. No había gobierno. Mi esposo sufrió un ataque cardiaco y nos asustamos», contó entre lágrimas esta mujer de mediana […]
Poco antes de que fuera derrocado Muammar Gadafi el año pasado, la palestina Huda y su familia fueron expulsados de su vivienda en la capital de Libia.
«Fue a fines de agosto, y había mucha violencia. No había gobierno. Mi esposo sufrió un ataque cardiaco y nos asustamos», contó entre lágrimas esta mujer de mediana edad, vestida totalmente de negro.
«Rogamos que nos dieran más tiempo para encontrar otro lugar, pero los hijos del propietario vinieron y nos insultaron. Dejamos nuestra casa con todos los muebles. Fuimos expulsados violentamente», contó.
El gobierno de Gadafi (1969-2911) había confiscado la casa a su propietario original bajo la Ley de Vivienda 4, de 1978, según la cual cada familia podía poseer solamente una residencia.
Cuando estalló el levantamiento contra Gadafi el año pasado, el propietario de la casa de Huda exigió que esta le fuera devuelta.
Originarios de Acca, en Palestina, los padres de Huda huyeron de la violencia en el sur de Líbano en 1948. Tres décadas después, ella y su esposo escaparon de otra guerra brutal. Se mudaron a Libia con documentos de viaje libaneses, y encontraron trabajo y una vivienda.
Luego de haberle pagado la renta al gobierno por más de tres décadas, Huda tuvo que comenzar a pagarle al propietario original un alquiler cinco veces más caro. Pero cuando este falleció, sus hijos vinieron a reclamar la herencia.
Desde el conflicto armado, las disputas de propiedad parecen haberse convertido en la principal amenaza a la seguridad nacional, y han afectado mucho a la comunidad de palestinos refugiados.
El problema se agrava con la continua llegada de palestinos desde Siria.
Se estima que ya hay entre 45.000 y 70.000 palestinos en Libia. Es difícil precisar las cifras sobre todo luego de la revolución del año pasado, durante la cual muchos huyeron del país o fueron desplazados.
Como país signatario del Protocolo de Casablanca, de 1965, que protege los derechos de los palestinos en los estados árabes, Libia ha recibido a gran cantidad de estos procedentes de toda la región, sobre todo de Gaza y Líbano.
Muchos ocuparon puestos calificados en la industria del petróleo y del gas, y recibieron subsidios para viviendas, educación y salud.
Aunque Gadafi defendió la causa palestina e incluso reclutó combatientes de ese origen para su guerra con Chad, esa comunidad también sufrió expulsiones masivas bajo su régimen en los años 90.
El régimen de Gadafi consideró a los Acuerdos de Oslo, de 1993, una vergüenza y algo desastroso para la nación árabe.
«Ya que los líderes palestinos aseguran tener una patria y un pasaporte», dijo entonces Gadafi, «que los 30.000 palestinos en Libia regresen a su patria y veamos si los israelíes se lo permitirán. Así el mundo sabrá que la paz que se predica no es más que traición y conspiración».
Muchos palestinos que lograron regresar a Libia luego de esta expulsión descubrieron que habían perdido su relativa seguridad de hogares subsidiados y empleos estables, lo que exacerbó su vulnerabilidad.
Elena Fiddian-Qasmiyeh, investigadora en el Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford, dijo que, cuando la revolución estalló en 2011, muchos palestinos se asustaron y optaron por permanecer neutrales.
«Algunos con los que hablé estaban siendo atacados por fuerzas partidarias del régimen por no participar de actividades armadas, o eran atacados por el movimiento rebelde porque los asociaban con el gobierno», indicó.
La comunidad palestina en Libia aun tiene el duro recuerdo de las expulsiones de Gadafi.
Fiddian-Qasmiyeh señaló que «muchos querían quedarse y no perder sus casas ni las oportunidades económicas, que esperaban mantener una vez que la situación se calmara».
El nuevo embajador palestino en Libia, Al Mutawakel Taha, señaló que la mitad de los palestinos en Libia tenían documentos vencidos porque temían reportarse a las autoridades.
«El gobierno libio pronto le solicitará permisos de residencia a los palestinos», alertó. «Con nuevas leyes, las cosas van a cambiar, socialmente, económicamente y legalmente».
Taha predijo que las nuevas políticas de libre mercado del gobierno echarán por tierra los subsidios alimenticios para los palestinos y restringirán los beneficios educativos, de salud y de vivienda.
Una probable víctima será Anwar, de 67 años, un palestino que llegó a Libia desde el sur de Líbano en 1972. Acaba de ser expulsado de su hogar por el propietario original de la vivienda.
«No hay ley que me proteja», dijo. «Yo sabía que si me resistía habría problemas, porque mis vecinos fueron evacuados a la fuerza».
Anwar ahora trata de mantener a su esposa y a sus hijos, con quienes vive en un apartamento de alquiler alto. Cuatro de sus hijos sufren discapacidades genéticas y son completamente dependientes del sistema de salud público y de sus padres.
«Probablemente esas expulsiones fueron ilegales», dijo el abogado de derechos humanos Salah Marghani. «Pero el sistema judicial ha casi colapsado en los últimos meses. Si alguien te expulsa a la fuerza y vas a la justicia, es poco probable que encuentres un juez».
Shakr Mohamed Dakhil preside la Asociación Libia Defensora de Propietarios. El grupo está integrado por los dueños de las viviendas confiscadas por el régimen de Gadafi.
Dakhil admitió que era difícil evitar que algunos propietarios recurrieran a la violencia para recuperar sus casas.
«El embajador palestino estaba muy preocupado. Realizamos una pequeña protesta fuera de la embajada hace unos cuatro meses por todas las propiedades ocupadas por palestinos. La protesta fue una advertencia», afirmó.