Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez llamó desde el IX Foro Social Mundial celebrado en la ciudad brasileña de Belém a que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgara al ex presidente de Estados Unidos George W. Bush por los crímenes de guerra cometidos por su país durante su mandato, enunciaba un clamor de la Humanidad. […]
Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez llamó desde el IX Foro Social Mundial celebrado en la ciudad brasileña de Belém a que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgara al ex presidente de Estados Unidos George W. Bush por los crímenes de guerra cometidos por su país durante su mandato, enunciaba un clamor de la Humanidad.
Por esos mismos días, Manfred Novak, el funcionario de las Naciones Unidas designado por la Comisión de Derechos Humanos para examinar casos de tortura, expresó públicamente que el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está legalmente obligado a procesar al ex presidente George W. Bush y a su ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld.
También el conocido economista y muy publicado periodista Paul Craig Roberts, quien fuera Secretario Asistente del Tesoro durante la Administración de Ronald Reagan y llegó a ser conocido como en «padre de la reaganomics», se incorporó al reclamo en una columna aparecida en varias publicaciones estadounidenses en los días finales de enero con el título de «In America, Speaking the Truth Is a Career-ending Event» (En EEUU decir la verdad significa el final de una carrera).
Pero, al hacerlo, P. C. Roberts abordó también los factores que podrían impedir que Obama actúe conforme a la ley, señalando como el principal motivo las violaciones a que él mismo está siendo inducido por sus propios colaboradores.
Según el articulista, una investigación sobre los crímenes de guerra de Bush se hace difícil para el presidente Obama después que, apenas en el tercer día de ejercicio de su mandato, su gobierno cometió un primer crimen de guerra al autorizar el bombardeo sobre una aldea de Paquistán, cercana a la frontera con Afganistán, donde murieron veinte personas, incluyendo tres niños.
Los bombardeos y ametrallamientos de viviendas y aldeas de Afganistán por fuerzas estadounidenses y de sus aliados más fieles de la OTAN constituyen también crímenes de guerra y es obvio, como señala el articulista, que Obama no puede hacer cumplir la ley, cuando ya él mismo ha comenzado a violarla.
Durante décadas, Estados Unidos ha asumido, en su política exterior, una posición respecto a la expansión territorial de Israel según la cual esa nación no está sujeta a derecho internacional alguno. Eso hace al gobierno de Washington cómplice de los crímenes de guerra de Israel en Líbano, Gaza y la Ribera Oeste. El mundo entero conoce que Israel es culpable de crímenes de guerra y que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho posible esos crímenes el proveer las armas y el apoyo diplomático para ellos. No hay diferencia entre lo que Israel y los Estados Unidos han hecho en Líbano y en Gaza, y los crímenes por los que los nazis fueron juzgados en Núremberg, afirma P.C.Roberts.
El funcionario de Naciones Unidas a cargo de crímenes de guerra, Richard Falk, ha comparado las masacres en Gaza con las masacres de judíos en el ghetto de Varsovia. Israel está consciente de esto y ya el gobierno israelí prepara su defensa, que será conducida por el Ministro de Justicia de ese país, Daniel Friedman. Amnistía Internacional y la Cruz Roja han demandado que Israel sea acusado por sus crímenes de guerra. Incluso hay ocho distintos grupos defensores de los derechos humanos israelitas que han pedido que sean investigados los crímenes de guerra de Israel.
Paul Craig Roberts también considera que la orden de Obama para cerrar la prisión de Guantánamo carece prácticamente de significación y es en esencia solo «un acto de relaciones públicas». Recuerda que «los procesos habían sido ya cerrados por las cortes estadounidenses o abandonados por los abogados militares que se negaron a procesar las inventadas acusaciones».
«Esa gente que el régimen de Bush nos presentara como las más peligrosas personas vivientes eran, la gran mayoría de ellos, infelices individuos capturados por cazadores de fortunas para venderlos a estúpidos americanos como terroristas». La mayoría de esa gente ha sido ya excarcelada.
«La orden de Obama no habla de cerrar las prisiones secretas de la CIA, o de detener la práctica ilegal de la CIA de secuestrar personas y enviarlas a terceros países, como Egipto, para ser torturados», recuerda Paul Craig Roberts.
Obama tendría que asumir riesgos que habitualmente no son asumidos por políticos oportunistas para que Estados Unidos se transforme en una nación de derecho cuyas agendas de intereses especiales no pasen por encima de la ley.
Según Paul Craig Roberts «en Estados Unidos la verdad no puede ser dicha. No se puede pronunciar en las universidades. No puede decirse en las cortes, razón por la cual los acusados y sus defensores han abandonado esperanzas en los juicios y aceptan sanciones delitos menores que no han tenido lugar».
«Washington es el lugar a donde acuden los principios a morir», concluye el articulista, citando al destacado profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley.