El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desestimó el jueves una petición de la Fiscalía para que concluya el sumario sobre la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, después de negarse a aplicar la limitación de la justicia universal aprobada por el Parlamento. La Fiscalía hizo esta petición la semana pasada […]
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desestimó el jueves una petición de la Fiscalía para que concluya el sumario sobre la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, después de negarse a aplicar la limitación de la justicia universal aprobada por el Parlamento.
La Fiscalía hizo esta petición la semana pasada cuando Pedraz rechazó archivar el caso Couso al considerar que la reforma legislativa contraviene la Convención de Ginebra, cuyo fin es proteger a las víctimas de los conflictos armados.
Así, el ministerio fiscal reclamaba al juez que elevara el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que tendría que decidir después si archivar la causa o si plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
«El sumario no está terminado, y así resulta imposible concluirlo y elevarlo a la Sala», dijo Pedraz en un auto.
«En el presente sumario restan diligencias por practicar. Hay tres comisiones rogatorias libradas a las autoridades estadounidenses, de las que aún no se ha obtenido respuesta; entre ellas la declaración indagatoria de los procesados que sin ella, como es sabido, sería imposible concluir el sumario», agregó.
Couso, cámara de Telecinco, murió por el disparo de un tanque estadounidense cuando cubría desde un hotel de Bagdad los últimos días de la guerra de Irak en 2003.
El Parlamento aprobó este mes una modificación legislativa que limita el poder de los jueces para perseguir casos internacionales de abusos de derechos humanos, semanas después de que un magistrado ordenara la detención de exdirigentes chinos acusados de genocidio en Tíbet.
La reforma, que según el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se ha hecho por las presiones de China, restringe la actuación judicial a menos que los supuestos agresores sean españoles o residentes en España, una medida criticada por partidos de la oposición, juristas y agrupaciones de derechos humanos.
Pedraz, no obstante, alega que el tratado internacional está por encima de la norma interna, y por tanto obliga a perseguir el delito sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén.
«El legislador en la nueva norma no ha previsto esta situación: el juez, porque le está vedado (al tratarse de un sumario), no puede pronunciarse sobre el sobreseimiento, y tampoco se establece un trámite para que el juez pueda remitir a la Sala las actuaciones para que resuelva sobre el sobreseimiento», dijo Pedraz en el auto.
«La laguna legal es evidente», agregó.
Desde octubre de 2011, dos mandos del Ejército de EEUU -Buford Blount, entonces comandante de división, y el general David Perkins – están imputados en el caso Couso. Los tres militares a los que se considera responsables del disparo – el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp – están procesados a la espera de la apertura de juicio oral.
Puesto que en España no se puede juzgar en ausencia, el caso sigue abierto ante la negativa estadounidense a entregar o juzgar a sus militares, que sólo podrían ser detenidos en caso de viajar a un país del área Schengen que los pudiera extraditar a España, según fuentes judiciales.
Antes de la limitación, la ley española reconocía el principio de justicia universal, que establece que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos internacionalmente, lo cual ha provocado fricciones diplomáticas al intentar interrogar o detener jueces españoles a dirigentes de Chile, Estados Unidos, China e Israel por supuesto genocidio, tortura o abusos contra los derechos humanos.