En las últimas semanas, a raíz del nombramiento del nuevo gobierno español, se han publicado sorprendentes datos en torno al nuevo ministro de Defensa, el «ministro vasco» del ejecutivo. Curiosamente ha sido omitida mucha información, así como algunas de sus «grandes hazañas», que aún pagamos todas, y que seguiremos pagando durante décadas. Vayamos a ello. […]
En las últimas semanas, a raíz del nombramiento del nuevo gobierno español, se han publicado sorprendentes datos en torno al nuevo ministro de Defensa, el «ministro vasco» del ejecutivo. Curiosamente ha sido omitida mucha información, así como algunas de sus «grandes hazañas», que aún pagamos todas, y que seguiremos pagando durante décadas. Vayamos a ello.
Un currículo de «armas vender»
Este vizcaíno, de Getxo, procede de una de las grandes familias burguesas de Las Arenas (segundo hijo del Vizconde de Alerón y nieto de los condes del Asalto, grandes de España), es poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y, hasta hace poco, ha sido Presidente del elitista «Club Puerta de Hierro» madrileño y Secretario General del Círculo de Empresarios.
Por lo que respecta a su trayectoria en la Administración, de la mano de los gobiernos de Aznar, fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000 (siendo ministro Eduardo Serra), Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002 (siendo ministros Jaime Mayor y Mariano Rajoy) y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004 (siendo ministro Josep Piqué). A parte de todo ello (o gracias a ello) ahora llega a la titularidad del Ministerio de Defensa, eso sí, tras acumular en los años posteriores a sus cargos administrativos un extenso currículo por buena parte de las empresas que componen el mercadeo de la muerte que constituye la industria de armamento.
Así, desde mediados de 2005 y hasta hace pocos meses, ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente deleznables como, por ejemplo, las llamadas «bombas racimo», sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por 107 países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. Esto no debió gustarle a la empresa representada por Morenés, pues recientemente ha reclamado al gobierno español una «compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante» (Cinco Días, 09-05-2011) por dejar de producirlas. No podemos hacernos una idea, aunque nos lo podemos imaginar, de qué pensará, por ejemplo, la población civil libia que ha sido uno de los «objetivos» contra los que (según denunciaba el New York Times el pasado 15 de abril) se han utilizado las «bombas racimo» MAT-120 fabricadas por la empresa aragonesa defendida por el actual ministro de Defensa, y que exporta sus criminales producciones a más de 90 ejércitos.
No obstante, al actual ministro, sin duda un «hombre de armas tomar» (para luego venderlas, se supone), no le debía parecer suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se decidió a compatibilizar su cargo en Instalaza con el de Presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles al gobierno español del que ahora forma parte Morenés; el primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque «Tigre»; el segundo se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los «Eurofighter» españoles. Este programa sigue actualmente en vigor, por lo que Morenés tendrá que abonar la cuenta a sus, hasta ahora, compañeros de empresa (o no; ahora entraremos en ello). De paso también se ven favorecidos unos antiguos vecinos de Morenés, ya que la vizcaína empresa SENER (ubicada en Las Arenas, qué casualidades) es responsable del diseño y producción del sistema de actuación y control del misil contratado por Defensa.
Pero no pensemos que esta casualidad es el único contacto de Morenés con los mercaderes de la muerte made in Euskadi, qué va. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de artillería, en cuyo consejo coincidía con otro de sus amigos del «Club Puerta de Hierro», Enrique Falcó y Carrión, también miembro de la «nobleza» por ser Conde de Elda.
No acaban aquí las relaciones de Morenés con la industria de la muerte. Este ínclito personaje ha sido, hasta ahora, presidente de la empresa KuitVer Estudios SL, especializada en I+D+i, y que se define como «asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las personas que lo gestionan»; y si algo conoce Morenés a fondo y por dentro es el sistema y las personas que gestionan los recursos del Ministerio de Defensa y los de Interior. Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de KuitVer, en concreto, los ligados al sector de «Seguridad y Defensa», como INDRA, Instalaza, INTA, Amper, Ariex Complex… o las vascas SENER, SAPA-Placencia, ITP o Aernnova, es decir, «lo más granado» de la vergonzante industria militar vasca, estarán encantados de su nombramiento.
Por si fuera poco, en el caso de Morenés se demuestra que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los entresijos de los Ministerios de Interior y Defensa, por los que ha pasado. Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada, Segur Ibérica, la que, por cierto, ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años (algunos aún en vigor) por valor de más de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias… del Ministerio de Defensa. También es la empresa de seguridad privada contratada para custodiar los atuneros vascos en el océano Índico.
El impulsor del tremendo derroche militar: una deuda de más de 30.000 millones de euros
El pasado 13 de agosto, El País publicaba que «Defensa renegocia 26.000 millones en armamento que no puede pagar«. La noticia hacía referencia a un mecanismo de financiación puesto en marcha a finales de los 90, que buscaba no contabilizar como gasto militar lo derrochado en los grandes programas de armamento. Consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses, con la finalidad de que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción; cuando Defensa recibiera el armamento debía realizar el pago a las empresas para que, entonces, estas devolvieran los anticipos a Industria.
Con ese mecanismo, como señala Constantino Méndez -hasta hace unos días Secretario de Estado de Defensa-, en un reciente informe sobre la situación financiera presupuestaria de los programas especiales de armamento que han generado esa deuda, «el proceso seguido se ha desarrollado de forma incoherente y poco planificada, sobre la base de un modelo obsesionado en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a su sostenimiento posterior. Un modelo que creó una ilusión financiera totalmente alejada de la senda de gasto que los presupuestos de Defensa podían y pueden soportar, un modelo alejado de la disciplina propia del gasto público. Esa falta de disciplina es la causa central de los problemas analizados y está referida a un tiempo concreto: el periodo que va desde el año 1997 al año 2004 en el que se generan más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y futuro».
Pues bien, cabría preguntarse quién ha sido el responsable directo de lo que el Secretario de Estado de Defensa cesante califica tan duramente, y parecería lógico responderse que no es otro que el Secretario de Estado de Defensa que lo puso en marcha, en 1997, esto es, Pedro Morenés Eulate, el actual Ministro de Defensa. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter; Carro de Combate Leopard y las Fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y para completar el rizo, de 2002 a 2004 siguió aprobando nuevas partidas para las empresas de armamento a través del sistema por él impulsado, solo que en esta ocasión desde su cargo de Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, que sustituía al Ministerio de Industria.
Pero, claro, cuando Morenés presentaba en el Congreso ese «mecanismo de financiación» para ponerse en marcha en los presupuestos de 1997, lo hacía como si fuera a ser la panacea: «(…) ha arbitrado mecanismos para la financiación, por vía del Ministerio de Industria, de proyectos de armamento y material, que sin duda redundarán en beneficio de la condición industrial de España en este área y en otras afines. En el ejercicio de 1997 este mecanismo financiero del Ministerio de Industria incluirá créditos por valor de 35.000 millones de pesetas (…) Este acuerdo entre Defensa y Industria permitirá a la primera iniciar inmediatamente programas que, de otra manera, deberían posponerse con incidencias desde el punto de vista de la operativa militar (…) En las actuales circunstancias de austeridad presupuestaria, el Ministerio de Defensa debe ser capaz de arbitrar soluciones a los problemas de modernización de las Fuerzas Armadas en paralelo y como parte fundamental del proceso de profesionalización. En ese entorno es a lo que se debe la participación del Ministerio de Industria (…)».
Estas apreciaciones de Morenés chocan de frente con lo declarado por el citado Constantino Méndez en una comisión parlamentaria el 6 de octubre de 2010, cuando afirmó que «No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».
Y sin embargo, la auténtica carrera armamentística impulsada por Morenés no terminó ahí. También fue él quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber revertido). Así, en la presentación de los presupuestos para 1997 afirmaba que «En cuanto a la Gerencia de Infraestructura, deseo manifestarles que es firme voluntad del Ministerio y del Gobierno darle una agilización a sus procedimientos que permita una mejor gestión del patrimonio inmobiliario de la Defensa. En ese sentido se ha introducido en la ley de acompañamiento al presupuesto una disposición mediante la cual se permitirá destinar fondos provenientes de la gestión inmobiliaria de la Gerencia de Infraestructura no solamente a infraestructura, sino también a modernización del armamento y material de los Ejércitos». Esta nueva operación de financiación de la carrera armamentística se calcula que ha supuesto, en estos años, más de 3.000 millones de euros adicionales para nuevas compras de armamento.
Con todo el dineral que, gracias a las gestiones de Morenés, hemos visto derrochado en gasto militar para la adquisición de nuevo armamento, aun a costa de vaciar las arcas públicas, ¡cómo no iba a encontrar a numerosas empresas de armamento dispuestas a incluirle en sus Consejos de Administración al terminar sus cargos públicos!
Concluyendo
El nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro de Defensa español deja claras una serie de graves cuestiones. En primer lugar, la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado, responsable, en buena medida, de una serie de tropelías que han supuesto esquilmar las arcas del Estado impulsando una absurda y obscena carrera armamentística con partidas multimillonarias entregadas a empresas de armamento, pase a formar parte de los Consejos de Administración de empresas de este sector una vez finalizan sus competencias como cargo público. Y no solo eso: que sea posible un «camino de vuelta» para que, ahora como máximo responsable del Ministerio de Defensa pueda conceder nuevas partidas millonarias a esas empresas del sector entre las que se encuentran aquellas que le han tenido en sus Consejos de Administración.
Y mucho más grave aún: ¿cómo se puede entender -más allá de la demostración evidente de que se ríen de la población, en nuestra cara- que se pueda «premiar» con el nombramiento como ministro del ramo a uno de los principales responsables de un colosal despilfarro en gasto militar que ha generado una deuda de más de 30.000 millones de euros, el doble de lo que, según el gobierno español, se ha de recortar en gastos -principalmente sociales- para «hacer frente al déficit público»? No tenemos respuesta para esto, pero lo que sí sabemos es que una de las principales causas de la «crisis económica» con la que intentan someter y rebajar todos nuestros derechos sociales y laborales es el obsceno gasto militar y la criminal carrera de armamentos que este financia. Sin duda, si acaban de nombrar ministro a uno de sus impulsores, podemos temernos lo peor para los próximos cuatro años.
Mientras cientos de miles de personas en el Estado español (y miles de millones en el mundo) sufren diariamente las consecuencias de haber sido empobrecidas y esquilmadas por el sistema, el poder político muestra el verdadero rostro de sus entrañas. En casos como el analizado con Pedro Morenés, premiando con el Ministerio de Defensa a un distinguido impulsor y colega de los mercaderes de la muerte, corresponsable del gasto militar que ha esquilmado las arcas públicas en los últimos años. Será porque ese sistema necesita del monopolio de la violencia para mantenerse que le ofrecen las fuerzas militares y policiales, tanto como estas deben su existencia a los mercaderes de la muerte que les suministran las armas.
Quizá llegue el día en que las poblaciones seamos conscientes de ello y actuemos en consecuencia. Solo así se les acabará el chollo a personajes como Pedro Morenés y a quienes le nombran. Por el bien de todas, hagamos que sea pronto.
Estitxu Martínez de Guevara, en nombre del Colectivo Gasteizkoak
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